Intervenido

DOMINGO A DOMINGO

La intervención que dispuso el Frente Grande nacional a ese partido en Río Negro deja al gobernador Alberto Weretilneck con un pie en el aire y sin nave a la cual volver.

La decisión fue tomada por unanimidad y será interventor Marcelo Mango, exministro de Educación y, hasta su renuncia, cuadro de inspiración política e intelectual del mandatario.

Mientras, la dirigencia del justicialismo ya juega abiertamente en campaña, en la vereda de enfrente.

El senador Miguel Pichetto se muestra más enfocado en la provincia. Influyó su reunión con la presidenta para confirmarle que va a jugar a favor de la candidatura presidencial de Daniel Scioli.

No era un secreto, pero blanquear esa situación lo alivió. Scioli estará a principios de noviembre en Bariloche, aunque el compromiso de Pichetto sería recibir en la provincia a los demás candidatos del Frente para la Victoria.

Aun así, ya sorprendió con un discurso contundente. Apuntó a dos sindicalistas referentes del gobernador: el secretario de Trabajo y dirigente del Hielo Orlando Troncoso y el vicepresidente del bloque albertista y titular del gremio de la Fruta, Rubén López.

«Tienen que estar todos presos. Si yo llego a gobernar esta provincia, se termina la joda, muchachos», dijo. Objetó sus métodos -también de gastronómicos- y el «nivel de vida extraordinario que no tiene nada que ver con los trabajadores».

Su fuerte tono hizo recordar al fallecido Carlos Soria y lo que dijo lo acerca a la Liga de Intendentes que, presidida por el jefe comunal roquense, le pedía definiciones.

Tras el acto del Día de la Lealtad que los vio juntos en Empleados de Comercio de Roca, el viernes desde Jacobacci los jefes comunales volvieron con planteos al gobernador. Cuestionaron la marcha de las obras del Más Cerca, del mantenimiento de escuelas, le exigieron que los consulte antes de una renegociación petrolera y compararon los ticket, becas y subsidios de Desarrollo Social con las «viejas prácticas de los radicales».

La relación con el gobierno nacional es todavía casi el único argumento de muchos políticos. No asombra, en un país que perdió lo que tuvo de federal y hoy se muestra raquitizado y centralista.

Esta semana, el titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, cuestionó la asignación de recursos en el Presupuesto nacional. Dijo que, a pesar de que el Ejecutivo ya no publica la ejecución del gasto por provincias, constató que «las transferencias discrecionales superan a las regladas» y del 2003 al 2012 pasaron «del 34 al 62%». Formosa y La Rioja recibieron más recursos por habitante que Santa Fe y Córdoba, y Santa Cruz recibió 3.094 pesos por persona contra los 612 pesos por habitante que obtuvo Río Negro.

Así, por influencia nacional y falta de ideas propias, la política provincial se reduce. No se elaboran proyectos importantes, en gran medida, porque no estarán los recursos para realizarlos. Todo depende de la voluntad de Nación.

Al ritmo de esa música, en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura se debate el Código Procesal Penal. Tania Lastra apura a los justicialistas diciendo que el proyecto «es como el de Cristina».

En parte es cierto. En Río Negro se busca introducir el juicio por jurados y, entre otras, cláusulas que reduzcan la posibilidad de que funcionarios sean juzgados por hechos de corrupción.

En lugar de buscar consensos, el oficialismo eligió el camino inverso.

El 10 de diciembre pasado, cuando todavía presidía la Legislatura Carlos Peralta, se aprobó en general un texto que -advirtieron los críticos y especialmente Ana Piccinini- nadie sabía muy bien qué decía. La redacción final, se dijo, llegaría con la votación en particular.

Ahora, Lastra quiere que se vote esta semana en general en segunda vuelta y, el mismo día, dar media sanción a los artículos, en particular.

Es discutible. El texto ha cambiado mucho. ¿Es válida aquella votación? Si ésta será la primera vuelta de este proyecto, debería darse a difusión y esperar quince días para tratarlo en segunda vuelta. Así lo prevé la Constitución provincial para permitir recoger opiniones.

¿Cuál es el apuro?

En realidad, ninguno. Para el oficialismo, sólo se trata de exhibir un logro.

Se soslaya, por ejemplo, que el Superior Tribunal de Justicia no ha sido consultado ni ha expresado su opinión institucional.

Los ejes de la controversia son:

• El juicio por jurados. Hay matices, desde quienes se oponen por considerar inconstitucional el mecanismo a quienes señalan que debería aplicarse en forma gradual y no al mismo tiempo que el sistema acusatorio. No se podrá evaluar el efecto de un cambio si se aplican los dos juntos, advierten Pichetto y el bloque Eva Perón. Otros basan la disidencia en los elevados costos que ocasionará. Y hay quienes ven con preocupación las controversias que ya han surgido desde que rige en Neuquén.

• La creación de un Tribunal de Impugnación único para resolver las impugnaciones ordinarias contra las sentencias definitivas y la revisión ordinaria de sentencias en casos que tramitan bajo el sistema actual y aún no llegaron al STJ. La mala técnica parlamentaria deja sin precisar cómo se integra. Parte del texto alude que será por sorteo entre el Colegio de Jueces, y en otro segmento se lo escinde de las funciones de la Oficina Judicial, dando a entender una integración fija.

• La extinción de la acción penal tras tres años de proceso. Todavía es dudoso si incluirá delitos cometidos en la función pública. El artículo 77 prevé que «todo procedimiento tendrá una duración máxima de tres años improrrogables a contar desde la formalización de cargos y hasta el dictado de una sentencia condenatoria o absolutoria no firme». Si bien excluye del cómputo el trámite del recurso extraordinario federal y si un «acto o decisión» impide la dinámica del proceso, no es tan claro cuando se refiere a los funcionarios. El agregado que busca aventar las dudas no resulta feliz. Dice que «este plazo no surtirá ningún efecto legal para las investigaciones seguidas por delitos cometidos por funcionarios públicos en actividad». Visto así, bastaría que un funcionario renunciara para hacer caer una causa en su contra.

Mientras el STJ calla, quien sí participó del debate del Código es la procuradora general del Poder Judicial, Silvia Baquero Lazcano, quien avaló los artículos referidos a que los fiscales conduzcan la investigación y el proceso penal.

Esta divergencia de posturas no pasa inadvertida. Al contrario, es tomada como otra batalla de una guerra no tan soterrada. Esta semana, Baquero Lazcano declaró a doce defensorías en emergencia por falta de personal y responsabilizó del tema a que el STJ no ha autorizado el traslado de empleados que ya ganaron concursos.

En el fondo está su pretensión de conseguir la autonomía presupuestaria que, como paradoja, prevé la norma que impulsó Liliana Piccinini cuando ocupaba su lugar.

ALICIA MILLER

amiller@rionegro.com.ar