Jardines maternales bajo la lupa en Bariloche

Una ordenanza busca regularizarlos y ajustar la fiscalización para funcionen en lugares adecuados. Se abrió un registro y hay 13 establecimientos inscriptos.



En Bariloche hay 8 centros de desarrollo infantil que dependen del municipio. Archivo

En Bariloche hay 8 centros de desarrollo infantil que dependen del municipio. Archivo

Una ordenanza municipal de 2017 establece la regulación de los jardines maternales por parte del municipio para que estos establecimientos que albergan a niños de 45 días hasta 4 años por fuera de la educación oficial, cumplan condiciones mínimas de funcionamiento.

Con esta ordenanza se creó un registro público municipal de jardines privados maternales que el gobierno local dio a conocer este mes y que cuenta con solo 13 establecimientos inscriptos y que cumplen las exigencias del municipio para funcionar. (Mirar el listado completo en este link).

Cabe recordar que cuando se debatió la reglamentación se contabilizaban una veintena de jardines maternales privados y 8 centros municipales.

Los jardines maternales estaban hasta hace unos años en un vacío legal debido a que no eran supervisados, más allá de tener habilitación de tipo comercial para atender la demanda de este segmento.

Ahora se exige que estén habilitados por el estado municipal y supervisados por la autoridad educativa provincial.

Con la ordenanza se buscó regular este servicio y exigir que estos establecimientos reúnan “condiciones mínimas”. Entre ellas se exige “estar a cargo de personal especializado, en espacios físicos y edilicios adecuados, con propuestas de calidad en tanto una educación integral, acorde y que potencie sus máximas posibilidades de aprendizaje, regulados y supervisados por el Estado”.

El municipio a través de la Dirección de Instituciones debe supervisar los jardines maternales respecto de sus “proyectos educativos y de desarrollo y protección integral”.

También se fiscaliza las condiciones “dignas y seguras de infraestructura y equipamiento, acordes con las necesidades pedagógicas” y “la calidad de quienes cumplen con dicha esencial función y su formación permanente” y “la calidad educativa y procesos de enseñanza”.

La ordenanza surgió a partir de una iniciativa del Consejo Municipal para la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y la Comisión de Primera Infancia. Además, colaboraron referentes de diversas organizaciones, como el Movimiento de Políticas Públicas de Primera Infancia, Unter, CTA, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, el Programa Nacional Primeros Años y Madres Cuidadoras, entre otras.


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