Jueces no adictos
Aunque la decisión del presidente Néstor Kirchner de «autolimitarse» con el propósito declarado de «terminar con la práctica extendida de los gobiernos, que para tener gobernabilidad necesitan tribunales adictos», fue cuestionada por algunos juristas, entre ellos el ex juez y ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, que la han tomado por un «gesto político» cuyos resultados prácticos no serán tan significantes como muchos prevén, si sirve para que en adelante los miembros de la Corte Suprema sean elegidos en base a factores un tanto más dignos que los supuestos por su amistad con el jefe de Estado de turno o su presunta voluntad de ayudarlo, sus consecuencias serán con toda seguridad positivas. Si bien siempre fue imposible impedir que las distintas fracciones políticas traten de ubicar a sus simpatizantes en puestos clave de la Justicia y de frustrar las aspiraciones de quienes no compartan sus propios prejuicios ideológicos, el que los futuros integrantes de la Corte se hayan visto obligados a superar una serie de obstáculos equiparables con los que se han erigido en Estados Unidos, país en el que los debates públicos en torno de las cualidades morales, intelectuales y profesionales de los candidatos propuestos por el presidente suelen ser largos e intensos, significaría que sería poco probable que se reeditara una situación tan vergonzosa como la actual.
Puesto que como gobernador de Santa Cruz Kirchner no titubeó en llenar la Corte provincial con «adictos», es natural que su iniciativa haya sido analizada desde un punto de vista político. Sin embargo, aunque sería de suponer que la reforma del sistema para seleccionar los jueces de la Corte que acaba de anunciar se debió algo a su conciencia de que le resultaría políticamente provechosa, su convicción aparente de que le sería contraproducente procurar sustituir a los ministros «menemistas» por otros «kirchneristas» es de por sí un dato muy alentador porque significa que tanto él como sus colaboradores principales entienden muy bien que la ciudadanía ya no está dispuesta a seguir tolerando la modalidad tradicional según la cual la «lealtad» hacia el presidente pesa más que la idoneidad. Kirchner tiene derecho a hablar de su propia voluntad de «autolimitarse», pero en última instancia ha sido la sociedad misma la que fijó los límites que es de su interés respetar. Sucede que a Kirchner no le convendría en absoluto verse acusado de intentar emular a Carlos Menem, quien en un lapso relativamente breve consiguió colocar a sus partidarios tanto en una Corte Suprema burdamente ampliada como en muchos otros tribunales.
Una razón por la que se ha desprestigiado no sólo la Corte Suprema sino también la Justicia en su conjunto consiste en la impresión difundida de que para demasiados políticos la «gobernabilidad» a la que aludió Kirchner cuando anunciaba el decreto de reforma es en el fondo nada más que un sinónimo de «impunidad» para los corruptos, pero en realidad el tema es bastante más complicado. Como la Corte Suprema actual nos ha recordado en varias ocasiones, muchos fallos de gran importancia no tienen nada que ver con los delitos supuestamente cometidos por sus amigos en el gobierno o por sus patrocinadores políticos, sino que están relacionados con la interpretación de leyes determinadas y de los artículos de la Constitución Nacional. Así las cosas, a menos que un gobierno resuelto a producir cambios «estructurales» -y dadas las circunstancias cualquier gobierno tendría que procurar llevar a cabo algunos- cuente con una Corte cuyos integrantes simpaticen en términos generales con su «proyecto, no tardará en chocar contra una barrera jurídica inamovible. Es que tanto aquí como en los demás países, en especial los de cultura hispana, la ley es esencialmente conservadora, lo que es lógico porque virtualmente todos los grupos, sectores, lobbies y corporaciones que han logrado conformarse habrán tomado la precaución de dar a sus «conquistas» un blindaje legal casi impenetrable a fin de permitirles hacer fracasar todos los eventuales intentos de eliminarlas. Exageraba el candidato presidencial Adolfo Rodríguez Saá cuando se comprometió a suspender todas las leyes para entonces ponerse a «modernizarlas», pero el problema que le preocupaba es auténtico y atenuarlo requerirá mucho más que una mejora de la calidad personal de los ministros de la Corte Suprema.
