Juego de números
Mientras que ciertas empresas podrían duplicar los salarios de la mayoría de sus empleados sin experimentar dificultades, ya que, como señalan los sindicalistas, han ganado mucha plata últimamente, otras, incluyendo algunas del mismo sector, correrían el riesgo de fundirse si se vieran constreñidas a aumentarlos aun cuando fuera muy poco, motivo por el cual sería mejor dejar las negociaciones salariales en manos de los empresarios y los sindicalistas con tal que éstos sean realmente representativos. Sin embargo, por ser tan corporativista nuestra cultura política, es habitual que el gobierno nacional desempeñe un papel protagónico en las negociaciones salariales, fijando un tope que todos deberían respetar, y que la CGT actúe como si representara a todos los trabajadores. Para este año, el gobierno quisiera mantener los aumentos por debajo del 18%, lo que podría considerarse muy razonable si, como insiste el Indec, la tasa de inflación anual fuera inferior al 10% y se previera que el crecimiento macroeconómico apenas rozará el 5%, pero que a ojos de muchos sindicalistas no es razonable en absoluto, ya que confían más en el índice inflacionario confeccionado por las consultoras privadas. Para ellos, el piso –y ni hablar del techo– debería ubicarse en el 23%, lo que permitiría la recuperación del poder adquisitivo perdido en el transcurso del año pasado, planteo que, desde luego, alarma tanto al gobierno como a los lobbistas empresariales. Además de presionar a favor de aumentos muy superiores a los previstos por el gobierno, muchos sindicalistas se afirman indignados porque son cada vez más los asalariados que tienen que pagar el impuesto a las Ganancias. Aunque en principio sería bueno que todos abonaran algo, lo toman por una forma astuta de mantener bajos los salarios de bolsillo y por lo tanto quieren verlo eliminado. Por supuesto, es muy poco probable que el gobierno se resigne a perder los ingresos que le supone el impuesto a las Ganancias que en la actualidad pagan los empleados mejor remunerados, porque en tal caso tendría que reducir aún más el gasto público que maneja según criterios netamente políticos. Todo sería menos problemático si no fuera por la inflación que, entre otras cosas, brinda a los sindicalistas oportunidades para erigirse en los interlocutores más importantes del gobierno de turno. Si bien siguen celebrándose las paritarias a inicios del año, los sindicalistas se han acostumbrado a reclamar que se reabran las negociaciones luego de seis meses o menos para tomar en cuenta lo perdido a causa del aumento incesante de los precios. Como han podido subrayar, el “redireccionamiento” de los subsidios afecta no sólo a los acomodados que viven en barrios opulentos sino también a quienes ganan muy poco, de suerte que sería ridículo pedirles pasarlo por alto. Asimismo, las trabas a las importaciones han tenido un efecto negativo al hacer aumentar los precios de muchos bienes. Fiel a las tradiciones populistas en la materia, el gobierno quisiera manejar la economía nacional controlando todas las variables, como si se tratara de una gigantesca empresa particular, tesitura que le es muy provechosa en los buenos tiempos pero que no podrá sino ocasionarle dolores de cabeza en los malos. De haber descentralizado desde el vamos el gobierno las negociaciones salariales, limitándose a asegurar que tanto los empresarios como los sindicalistas acataran la ley, la situación en que se encuentra sería menos complicada puesto que los únicos salarios que fijaría serían los de los empleados del Estado nacional, pero por razones que podrían calificarse de ideológicas no se le ocurrió optar por dicha alternativa que, a su entender, es propia de sociedades “neoliberales” como la estadounidense en que motivaría asombro que el presidente intentara persuadir a todos de conformarse con un porcentaje determinado. Es que en última instancia el nivel salarial, y el poder de compra, de los trabajadores depende de una multitud de factores que ningún gobierno está en condiciones de controlar. Asumir la realidad así supuesta no equivale a entregarse a la anarquía, como dicen creer sindicalistas y políticos de mentalidad corporativista, sino reconocer que la economía nacional es tan compleja, y tan imprevisible, que es imposible manejarla como si en el fondo fuera algo muy sencillo.
