Juegos jurídicos
Que de vez en cuando el Poder Judicial se las arregle para frustrar una iniciativa del Poder Ejecutivo puede considerarse normal e incluso saludable. Que lo haga todos los días para que el gobierno sea virtualmente incapaz de funcionar, en cambio, es absurdo. Sin embargo, desde hace meses el país sirve de escenario para una suerte de partido de ajedrez político-jurídico, cuando no de gato y ratón, protagonizado por el presidente Eduardo Duhalde y distintos jueces que con regularidad desconcertante le han negado el derecho a tomar las medidas económicas que considera fundamentales, algunas de las que ya han tenido consecuencias profundas en la vida del país, o a introducir modificaciones en un sistema electoral que de acuerdo común no ha resultado nada satisfactorio debido al virtual monopolio del poder de un puñado de caciques intrigantes. Aunque en ocasiones el propio Duhalde ha tenido sus motivos para celebrar el fracaso de sus propias innovaciones, la incertidumbre que ha provocado tanto activismo judicial no ha beneficiado al país en lo más mínimo. Al fin y al cabo, por encontrarse en medio de «la peor crisis de la historia» los más concordarían en que le convendría tener por lo menos la sensación de contar con un gobierno fuerte que sea plenamente capaz de impulsar las medidas drásticas que presuntamente sean necesarias para ahorrarle males aún mayores, no con uno que ya se ha visto jaqueado en tantas oportunidades por jueces de ideas heterodoxas que parece comatoso.
Además de hundir el intento de Duhalde de obligar a los distintos partidos a organizar elecciones internas abiertas y simultáneas con el propósito de democratizar un sistema propenso a asemejarse a un club privado, la Justicia podría informarle dentro de poco que hasta las elecciones presidenciales fijadas para el 30 de marzo del año que viene tendrán que ser canceladas porque conforme a la Constitución correspondería celebrarlas seis o siete meses más tarde debido a que el mandato que el bonaerense recibió de la Asamblea Legislativa termina en diciembre del 2003. Con todo, puesto que Duhalde es reacio a dar la impresión de querer aferrarse al poder, ha subrayado que pase lo que pasare nada lo haría quedar en la Casa Rosada un día después del próximo 25 de mayo, de modo que si se postergaran las elecciones prometidas, los legisladores tendrían que nombrar a otro para que lo reemplace. Aunque es posible que Duhalde realmente crea en su propia sinceridad, en el caso de que un juez fallara que sería ilegal celebrar elecciones el 30 de marzo sin desatar más protestas que las formuladas por los candidatos mismos, sus amigos y aliados tratarían de convencerlo de que debería brindar otro servicio al país aceptando gobernarlo medio año más.
El panorama preelectoral se ha hecho tan oscuro y tan deprimente que para muchos seis meses más de Duhalde, un político que claramente no ha estado a la altura de las circunstancias, podría considerarse un mal menor, pero aun así es preocupante que tanto haga suponer que «la clase política», categoría que incluye a los jueces, ni siquiera está en condiciones de organizar una salida electoral del embrollo en el que nos ha metido. Luego de que durante varios meses el país se acostumbraba a la idea de que los partidos tendrían que celebrar internas abiertas y que a fines de marzo elegiría a un nuevo presidente, la Justicia se ha encargado de eliminar la primera alternativa y de hacer dudosa la segunda. Pocos creerían que su intervención se haya debido a factores meramente legales: después de todo, a los juristas les habrá sido suficiente un par de minutos para decidir que la convocatoria a elecciones formulada por Duhalde no era compatible con la Constitución. Por lo tanto, parece razonable imputar su actitud a que los meses últimos no hayan visto consolidarse ninguna fuerza política que podría tomar el relevo al duhaldismo y que por lo tanto los comprometidos de algún modo con el régimen actual, estimulados por la probabilidad de que la economía ya ha tocado fondo y que un acuerdo con el FMI podría presagiar una mejora notable, han llegado a la conclusión de que el presidente interino actuó con premura excesiva cuando adelantó las elecciones, motivo por el cual no le molestaría demasiado que los jueces cambiaran una vez más las fechas previstas
Que de vez en cuando el Poder Judicial se las arregle para frustrar una iniciativa del Poder Ejecutivo puede considerarse normal e incluso saludable. Que lo haga todos los días para que el gobierno sea virtualmente incapaz de funcionar, en cambio, es absurdo. Sin embargo, desde hace meses el país sirve de escenario para una suerte de partido de ajedrez político-jurídico, cuando no de gato y ratón, protagonizado por el presidente Eduardo Duhalde y distintos jueces que con regularidad desconcertante le han negado el derecho a tomar las medidas económicas que considera fundamentales, algunas de las que ya han tenido consecuencias profundas en la vida del país, o a introducir modificaciones en un sistema electoral que de acuerdo común no ha resultado nada satisfactorio debido al virtual monopolio del poder de un puñado de caciques intrigantes. Aunque en ocasiones el propio Duhalde ha tenido sus motivos para celebrar el fracaso de sus propias innovaciones, la incertidumbre que ha provocado tanto activismo judicial no ha beneficiado al país en lo más mínimo. Al fin y al cabo, por encontrarse en medio de "la peor crisis de la historia" los más concordarían en que le convendría tener por lo menos la sensación de contar con un gobierno fuerte que sea plenamente capaz de impulsar las medidas drásticas que presuntamente sean necesarias para ahorrarle males aún mayores, no con uno que ya se ha visto jaqueado en tantas oportunidades por jueces de ideas heterodoxas que parece comatoso.
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