Juicio al ginecólogo: los fuertes cruces en los alegatos
El fiscal Márquez Gauna pidió que declaren responsable a Rodríguez Lastra por interrumpir el aborto en curso. Para la defensa es inocente y lo que hizo fue salvar la vida. Cómo afectaron a la joven algunos argumentos.
El fiscal Márquez Gauna pidió que declaren responsable al médico imputado de incumplimiento de los deberes de funcionario público. (Foto Florencia Salto)
“Leandro Rodríguez Lastra puso todas las trabas a su alcance. Le dio medicación contra su voluntad, le mintió. Bajo ningún concepto quería llevar adelante la interrupción del embarazo. Recurrió a la violencia obstétrica. La verdadera razón por la que actuó así es porque no comulga con los derechos reconocidos a las mujeres por la ley”.
Son afirmaciones del fiscal Santiago Márquez Gauna en su alegato de cierre, cuando pidió que declaren responsable al ginecólogo por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Por su parte el defensor particular Damián Torres matizó argumentos técnicos con una presión directa sobre el juez Álvaro Meynet, quien emitirá el fallo el martes 21: “le solicito que dentro de 15 años, cuando (el hijo de la víctima, dado en adopción) esté mirando este juicio, vea cómo usted declaró no culpable a Rodríguez Lastra”.
También afirmó que su veredicto “puede poner en inseguridad jurídica a médicos de todo el país”.
Márquez Gauna, que ya no tenía posibilidad de replicar, le contestó a través de la prensa: “no me preocupa lo que piensen las corporaciones, mi único deber es con la sociedad y con la ley. Soy hijo de un médico y una bioquímica de la salud pública, transité mi infancia dentro de un hospital de la línea sur, donde mi papá era la única persona que podía salvarle la vida a alguien. Jamás deshonraré su memoria”.
Para concluir, Rodríguez Lastra habló por tercera vez en el juicio (lo había hecho al comienzo y al finalizar la ronda de testimoniales) y dijo que fue «víctima de un daño inconmensurable»
Con ese nivel de intensidad concluyó el juicio. Fiscal y defensor desplegaron alegatos vibrantes, con rigor técnico y recursos discursivos destinados a impactar.
Después hablaron con la prensa en conjunto, para demostrar que “lo importante es la convivencia de dos personas que piensan distinto pero se respetan y pueden compartir espacios”.
Para el fiscal se probó su teoría del caso. La víctima R. P. fue violada, hecho que fue denunciado y tramita en una fiscalía de Roca, quedó embarazada y expresó su decisión de interrumpir la gestación, a lo que tenía derecho según la ley. En cuanto a Rodríguez Lastra, lo definió como un hombre que “no les cree a las mujeres” y “no comulga con los derechos reconocidos a las mujeres en esta ley”.
Señaló que la joven R.P. buscó interrumpir su embarazo por fuera del sistema público de salud porque “es lo que hacen las personas vulnerables cuando el Estado les niega acceso a sus derechos. Son los Rodríguez Lastra los que las obligan a eso”, agregó.
En el mismo sentido dijo que el Estado «la convirtió en una incubadora humana».
Sobre el trato que le dio el imputado cuando la recibió en la guardia del hospital de Cipolletti, el 2 de abril de 2017, dijo Márquez Gauna que “sabía que estaba embarazada producto de una violación y que quería interrumpir ese embarazo” pero “por el modelo hegemónico del médico, inaceptable, antepuso sus deseos personales a los de la paciente. Le mintió, le dio medicación contra su voluntad, la obligó a sostener su embarazo y a parir”.
“Si le informaba sobre los riesgos de cumplir con lo que ella quería y pasaban cosas más graves, jamás hubiera sido responsable. Eso lo sabía como lo saben todos los médicos”, remarcó.
El defensor Damián Torres negó que la joven R. P. haya estado cursando un aborto cuando ingresó a la guardia del hospital de Cipolletti. En cambio, dijo, tenía una grave infección y lo que hizo Rodríguez Lastra fue darle el tratamiento adecuado para revertir ese cuadro.
Llamó, en tono burlón, “testigos estrella de la fiscalía” a las profesionales de la salud que atendieron a la víctima en Fernández Oro y las criticó porque cometieron omisiones en la historia clínica y le recomendaron que consiga pastillas para provocarse un aborto por fuera del sistema de salud. Deslizó, en ese sentido, que pudieron haber cometido delitos.
“Van a decir que hago este análisis porque no tengo perspectiva con respecto a la mujer”, se atajó Torres, “pero ustedes vieron con qué respeto traté” a R. P., quien estaba presente en la sala.
Al respecto el psicólogo Claudio Marín, que la acompañó en las audiencias, señaló que algunos tramos del alegato de la defensa “arruinaron meses de terapia”.
“No tendría que haber mencionado al niño, ni mucho menos haber hecho esa proyección de los 15 años. R. P. terminó muy angustiada, llorando”, dijo a “Río Negro”.
El abogado defensor puso de resalto que si Rodríguez Lastra no actuaba como lo hizo, “se ponía en riesgo la capacidad reproductiva de la paciente y su vida”.
Agregó que R.P. tenía, el día del hecho, “el bien jurídico que se le respeta a toda mujer, que es parte de todo el sistema normativo”.
También dijo que la cuestión ideológica la había introducido la fiscalía al convocar como testigo a la diputada Marta Milesi, denunciante en el caso, soslayando que él citó a un directivo de la Universidad Austral y abierto militante de la causa en contra del aborto.
La jornada terminó con orden en la sala, como todos los días, con la aceitada organización del personal de la Oficina Judicial.
El veredicto del juez se conocerá el martes 21 a las 8.30.
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