Justicia no tan universal

Desde hace varios lustros el juez –y ex diputado del Partido Socialista Obrero Español– Baltasar Garzón ha disfrutado del rol de paladín de la justicia universal que le ha permitido erigirse en una celebridad internacional, encargándose de perseguir a violadores de los derechos humanos en la Argentina, Chile y otros países en que a su entender el sistema jurídico no estaba a la altura de sus responsabilidades. Si bien pocos sentían simpatía por los blancos de sus pesquisas, llamó la atención que mientras indagaba en los crímenes perpetrados por los subordinados de los dictadores Augusto Pinochet y Jorge Rafael Videla no parecía preocuparse por las atrocidades cometidas, en escala mucho mayor, en su propio país hasta que se le ocurrió declararse competente para investigar las desapariciones que se dieron durante la Guerra Civil Española y la larga dictadura del ganador, el generalísimo Francisco Franco. Para los muchos que preferían dejar el asunto en manos de los historiadores, se trata de una pretensión inaceptable que contradice de manera flagrante la Ley de Amnistía que se aprobó en 1977, razón por la que Garzón se ha visto acusado de prevaricato, lo que podría significar su inhabilitación para cargos públicos por entre 10 y 20 años. De ser así, los decididos a saldar cuentas con los esbirros de Franco podrían trasladar sus operaciones a la Argentina, lo que sería irónico puesto que Garzón intentó ampliar su autoridad para que incluyera toda América Latina. Como fue de prever, el caso Garzón ha motivado protestas airadas por parte de organizaciones que se sienten afines a las víctimas del franquismo y de regímenes latinoamericanos de ideología en cierto modo similar. La indignación que dicen sentir por el intento de “la ultraderecha” de marginarlo sería más convincente si se proclamaran resueltos a aclarar todos los crímenes igualmente terribles que fueron cometidos por los republicanos antes de ser derrotados. En España la amnistía resultó necesaria no sólo porque había temores legítimos de una eventual reacción de los franquistas ante una ofensiva judicial de sus enemigos sino también porque nadie ignoraba que en los años treinta del siglo pasado los republicanos y los nacionalistas compartían el mismo desprecio por las normas civilizadas. Por lo demás, a diferencia de lo que ha sucedido en nuestro país, los decididos a castigar a los supuestamente ubicados en el lado derecho del espectro ideológico y amnistiar a los de lo que toman por la izquierda no podían argüir que los primeros actuaban en nombre del Estado mientras que sus enemigos “progresistas” eran meros ciudadanos privados, porque antes de triunfar Franco el gobierno era republicano. Para que la Justicia se universalizara tendría que independizarse por completo de la política y la ideología. Por desgracia, la posibilidad de que ello ocurra es nula debido en buena medida a los prejuicios patentes de la mayoría de los jueces y grupos de lobbistas que se aseveran comprometidos con el ideal. Con escasas excepciones, están mucho más interesados en la búsqueda de criminales nazis –los pocos que aún andan sueltos son ancianos que pronto morirán– que en capturar y procesar a sus equivalentes comunistas que son mucho más jóvenes y más numerosos, omisión que puede atribuirse a la militancia izquierdista de una proporción notable de los justicieros. Asimismo, si bien personajes mediáticos como Garzón se suponen calificados para ordenar la captura de presuntos represores ilegales latinoamericanos que hoy en día no plantean ningún peligro a nadie, son por lo común reacios a tratar del mismo modo a los tiranos, asesinos y torturadores que abundan en el mundo islámico, ya que de procurar hacerlo pondrían en riesgo su propia vida, o a tratar de intervenir en China, país cuyos gobernantes nominalmente comunistas no tienen ninguna intención de adoptar pautas compatibles con la democracia occidental y que es lo bastante poderoso como para defender los intereses de sus dirigentes actuales. Aunque nuestro compatriota, el juez Luis Moreno Ocampo, el fiscal de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, sí ordenó el arresto del presidente de Sudán, sólo logró que los demás mandatarios islámicos se solidarizaran con el acusado de responsabilidad por el genocidio que sigue su marcha en la región de Darfur.