Justicia podrida
El gobierno no tendrá posibilidad de poner fin a la recesión si no se anima a enfrentar la corrupción tanto política como judicial.
En nuestro país es habitual que toda nueva crisis sirva para tapar la anterior, de suerte que las vicisitudes recientes de la economía han relegado a un segundo plano el escándalo de los senadores que llevó a la renuncia del vicepresidente Carlos «Chacho» Alvarez, episodio dramático que a su vez se había impuesto a la preocupación causada por el desmoronamiento de la Justicia. Sin embargo, el gobierno no tendrá posibilidad alguna de poner fin a la recesión si no se anima a enfrentar la corrupción tanto política como judicial. En este último ámbito, la tarea ante los resueltos a restaurar un mínimo de decencia es ciclópea. Son tantos los jueces que están bajo sospecha de recibir sobornos que a veces parece que la actividad principal de quienes conforman el Poder Judicial consiste en investigar a sus propios colegas. Además de los tres camaristas del fuero Comercial que son acusados de aceptar coimas y de beneficiar al auditor general de la Nación, aquel menemista célebre Rodolfo Barra, están en la picota muchos otros, entre ellos el encargado de investigar la presunta compraventa de votos senatoriales, el juez Carlos Liporaci. A este magistrado le ha tocado últimamente desempeñar el papel de símbolo de la corrupción judicial, pero es de prever que su actuación en este rol resulte breve no porque el juez Gabriel Cavallo decida que a pesar de las apariencias es un dechado de honestidad, sino porque pronto surgirá otro escándalo aún más rocambolesco.
Hace poco, los peritos judiciales determinaron que la mansión que Liporaci había comprado en el barrio bonaerense de Vicente López vale un millón de pesos, no los «610.000» que figuran en su declaración jurada, y que sus ingresos formales no han sido lo bastante abultados como para explicar el hecho de que en un lapso reducido haya logrado dejar atrás el pasar relativamente modesto del cual había disfrutado antes para sumarse a las filas de los nuevos millonarios. Por supuesto, Liporaci dista de ser el único dependiente del Estado nacional que haya prosperado en un período signado por la desestatización y por «ajustes» sucesivos: igualmente afortunados han sido otros jueces y senadores como Augusto Alasino, pero por tratarse del encargado de investigar los presuntos sobornos en la cámara alta, su caso se ha hecho «emblemático».
En opinión de algunos, al gobierno delarruista no le convendría procurar combatir la corrupción, porque de ponerse en marcha una versión local del operativo «mani pulite» italiano, las tensiones provocadas perjudicarían una economía ya tambaleante. Sin embargo, ocurre que una de las causas básicas de la crisis económica consiste precisamente en la conciencia generalizada de que una parte sustancial de la «clase política», categoría que incluye al Poder Judicial, es sumamente corrupta. No sólo es cuestión de la costumbre muy difundida entre funcionarios de todos los niveles de exigir «comisiones» a cambio de su aprobación de un negocio proyectado. También lo es de la mentalidad corporativa de quienes se sirven de sus vínculos con el Estado: en lugar de gobernar, demasiados se dedican a aprovechar su poder para defender privilegios sectoriales, de los cuales algunos son francamente ultrajantes, y para enriquecerse.
Desde luego que ninguna sociedad puede funcionar si sus «dirigentes» colocan sus propios intereses por encima de aquéllos del conjunto, oponiéndose sistemáticamente a cualquier medida que podría ocasionarles dificultades. Por este motivo, no es una casualidad que la crisis política desatada por la renuncia del vicepresidente Carlos «Chacho» Alvarez haya coincidido con la económica causada por la pérdida de confianza en el liderazgo del presidente Fernando de la Rúa. Tanto la ciudadanía como el gran empresariado y la banca entienden que un gobierno que no sea capaz de reaccionar frente a evidencia contundente de corrupción en gran escala, tampoco tendrá la fortaleza necesaria para tomar las medidas necesarias para superar las dificultades económicas. Como es lógico, la convicción de que quienes detentan el poder siempre actuarán en función de sus propios intereses corporativos ha socavado la fe de los demás en el futuro del país, produciendo un clima de pesimismo tan intenso que a menos que el gobierno pronto comience a gobernar de verdad, las consecuencias serán trágicas.
En nuestro país es habitual que toda nueva crisis sirva para tapar la anterior, de suerte que las vicisitudes recientes de la economía han relegado a un segundo plano el escándalo de los senadores que llevó a la renuncia del vicepresidente Carlos "Chacho" Alvarez, episodio dramático que a su vez se había impuesto a la preocupación causada por el desmoronamiento de la Justicia. Sin embargo, el gobierno no tendrá posibilidad alguna de poner fin a la recesión si no se anima a enfrentar la corrupción tanto política como judicial. En este último ámbito, la tarea ante los resueltos a restaurar un mínimo de decencia es ciclópea. Son tantos los jueces que están bajo sospecha de recibir sobornos que a veces parece que la actividad principal de quienes conforman el Poder Judicial consiste en investigar a sus propios colegas. Además de los tres camaristas del fuero Comercial que son acusados de aceptar coimas y de beneficiar al auditor general de la Nación, aquel menemista célebre Rodolfo Barra, están en la picota muchos otros, entre ellos el encargado de investigar la presunta compraventa de votos senatoriales, el juez Carlos Liporaci. A este magistrado le ha tocado últimamente desempeñar el papel de símbolo de la corrupción judicial, pero es de prever que su actuación en este rol resulte breve no porque el juez Gabriel Cavallo decida que a pesar de las apariencias es un dechado de honestidad, sino porque pronto surgirá otro escándalo aún más rocambolesco.
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