Acusada de falsa médica en Roca: por qué la investigación podría terminar en la Justicia Federal
La fiscalía solicitó el traslado del expediente de Mariela Marzano al fuero federal tras reunir evidencia respecto a la falsedad de títulos nacionales y extranjeros. La defensa no se opuso al cambio de competencia, pero cuestionó las medidas cautelares vigentes.
La investigación judicial contra Mariela Fernanda Marzano, acusada de ejercer ilegalmente la medicina en Roca durante más de cinco años, atraviesa una instancia de definiciones jurisdiccionales. Durante la última audiencia, las fiscales Celeste Benatti y Teresa Giuffrida solicitaron formalmente la declaración de incompetencia de la justicia provincial, argumentando que la complejidad de los delitos y la naturaleza de los documentos falsificados exigen la intervención del fuero Federal.
El Ministerio Público Fiscal sostiene que el caso no se limita únicamente al ejercicio ilegal de la medicina, sino que involucra una red de falsificaciones de documentos públicos nacionales e internacionales que afectan directamente la órbita del Estado Nacional. Según la acusación, Marzano se desempeñó como médica clínica y terapista en centros de salud públicos y privados de Roca entre agosto de 2020 y marzo de 2026, utilizando para ello una estructura documental «íntegramente apócrifa».
Un entramado de documentos fabricados, según la fiscalía
Hay evidencia reunida respecto a la falsedad de los títulos presentados por la imputada. La fiscalía detalló que Marzano utilizó un diploma de médica cirujana supuestamente expedido por la Universidad de los Andes (ULA) de Venezuela en 2018. Sin embargo, tras una consulta formal, un secretario de dicha institución confirmó que la mujer nunca cursó estudios allí y que el documento exhibido presenta «muchísimos detalles» que no corresponden al formato oficial.
A este presunto engaño se sumó la presentación de resoluciones falsas del Ministerio de Educación de la Nación, mediante las cuales se simulaba la convalidación del título extranjero para obtener la matrícula provincial. «Se observa que el mismo no se ajusta a las formalidades ni al estilo propio del acto administrativo mediante el cual se otorga el reconocimiento a un título universitario extranjero», respondieron desde el organismo nacional ante la consulta fiscal, aclarando además que Marzano no figura en el Registro Público de Graduados Universitarios.
Incluso la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) fue víctima de esta maniobra. Se detectó una resolución apócrifa de 2022 donde la rectora de la UNCo supuestamente reconocía el título extranjero. Desde la casa de estudios respondieron: Marzano es una estudiante con trayectoria incompleta y la universidad no posee convenios para el trámite unificado de convalidación, lo que hace «jurídicamente imposible» la existencia de tal documento.
Una supuesta farsa de seis años y «cero» estadía en Venezuela
El impacto de la actuación de Marzano alcanzó a las principales instituciones de salud de la región. La fiscalía enumeró que la mujer prestó funciones en el área de terapia intensiva de una clínica privada, en un consultorio privado, en el hospital Francisco López Lima y en otro sanatorio de la ciudad. En estos espacios, la imputada firmó libros internos, historias clínicas, prescribió medicamentos e incluso extendió certificados de defunción.
Uno de los datos más reveladores de la pesquisa surgió del informe de Migraciones. Mientras el título de la ULA exigía una residencia presencial de dos años en hospitales venezolanos, los registros oficiales demuestran que Marzano «nunca estuvo en el país de Venezuela». Sus únicos movimientos internacionales consisten en breves viajes a España, República Dominicana y Brasil entre 2019 y 2025.
El reclamo de la defensa y las garantías en juego
La postura de los abogados defensores, Oscar Pineda y Pablo Iribarren, se centró en denunciar una supuesta afectación a las garantías constitucionales. Pineda criticó que se mantengan medidas restrictivas, como el uso de la tobillera electrónica y la inhibición de bienes, sin que se haya realizado aún la formulación de cargos formal. «Esta defensa formalmente no sabe circunstancias de tiempo, modo y lugar de cómo se producen los hechos», reclamó el letrado, calificando la situación como una «afectación severa».
Por su parte, Iribarren coincidió de manera subsidiaria en que la competencia debe ser federal debido a la intervención de organismos nacionales, citando jurisprudencia de la Corte Suprema como la «causa Lobos». No obstante, la defensa solicitó suspender cualquier resolución sobre la competencia hasta que el Tribunal de Impugnación se expida sobre un recurso de queja presentado contra las medidas cautelares.
«Si son títulos nacionales, la competencia corresponde a la justicia federal. En esto no hay discusión», admitió Pineda, aunque insistió en que la falta de un acto procesal idóneo como la formulación de cargos vulnera el derecho de defensa de su asistida.
Definición inminente en los tribunales
Tras escuchar los argumentos de ambas partes, la jueza de Garantías, Natalia González, decidió postergar su veredicto. La magistrada informó que, tras consultar a la Oficina Judicial, no existen novedades sobre el recurso interpuesto por la defensa en instancias superiores. En consecuencia, la resolución sobre si el caso continúa en la provincia o pasa a los tribunales federales se dará a conocer el próximo 26 de mayo a las 12:30 horas.
La investigación judicial contra Mariela Fernanda Marzano, acusada de ejercer ilegalmente la medicina en Roca durante más de cinco años, atraviesa una instancia de definiciones jurisdiccionales. Durante la última audiencia, las fiscales Celeste Benatti y Teresa Giuffrida solicitaron formalmente la declaración de incompetencia de la justicia provincial, argumentando que la complejidad de los delitos y la naturaleza de los documentos falsificados exigen la intervención del fuero Federal.
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