Aguada San Roque: «investigamos a funcionarios corruptos y empresarios que corrompen»
El Tribunal de Impugnación ratificó que es un caso complejo y mantuvo los plazos de investigación. Una de las defensas se había opuesto. Revelan trabas para obtener documentación y falta de recurso humano para procesarla.
Una audiencia sobre la explosión de la escuela Aguada San Roque, en la que murieron tres personas, puso al descubierto la falta de colaboración del Poder Ejecutivo y la falta de asignación de recursos del Poder Judicial para que la investigación avance en los tiempos previstos. Además, ninguno de los funcionarios imputados fue sumariado y mucho menos suspendido en el cargo. El inspector de la obra de gas que estalló y causó las muertes, fue designado inspector de la obra de gas del sector pediatría del Hospital Castro Rendón, reveló uno de los querellantes que representa a las víctimas.
La fiscal jefa Sandra González Taboada afirmó que «no podemos cumplir los plazos ordinarios de la investigación porque nos encontramos con paredones, no paredes cuando intentamos obtener prueba», en alusión al comportamiento del Ejecutivo para cumplir con los pedidos de documentación.
También habló de que el técnico que debía producir un informe se demoró porque fue afectado a la investigación de la explosión en la refinería NAO, en Plaza Huincul, donde murieron tres trabajadores. Mientras que el encargado de la pericia informática pidió más plazo, porque aún le resta procesar «un tera y medio de información: 4.000 imágenes, 500 videos, 9.000 audios y 3.000 llamadas».
«La sola apertura de todos los dispositivos, celulares y computadoras, llevó meses. Lo que se abrió se está analizando desde noviembre», dijo González Taboada.
Sin asignación de recursos
Vistas a contraluz, las palabras de la fiscal adquieren su verdadero sentido: el Poder Judicial no está asignando recursos extra para investigar una causa con tres personas muertas y muchos funcionarios públicos involucrados.
No sorprende: tampoco puso entusiasmo en reforzar la dotación de la fiscalía de Delitos Económicos para investigar la millonaria estafa con planes sociales.
En la audiencia realizada el viernes, el abogado querellante Emanuel Roa Moreno dijo que «no estamos investigando una fuga de gas, sino una obra pública que se llevó adelante de manera corrupta, donde las personas que tenían que ejercer los controles no los ejercieron. Por eso hay funcionarios de Obras Públicas imputados: suscribieron documentos con falsedades. La obra se llevó adelante de manera ilícita e irregular, con personal que no estaba debidamente registrado y declarado. Y todo sucedió sin controles de Educación, que tenían que supervisar, velar y cuidar al personal y los alumnos».
«Estamos investigando -continuó- desde que se decretó la ampliación de esa escuela, quién planeó, quién relevó lo existente, cómo se designó a la constructora a la que se le abonaron pagos de tareas que no realizó. Estamos investigando a funcionarios públicos corruptos y empresarios que corrompen», agregó.
La explosión y las víctimas
El 29 de junio del 2021, en la escuela albergue 144 de Aguada San Roque, ubicada a 60 kilómetros de Añelo, hubo una explosión de gas que provocó la muerte de la maestra Mónica Jara y los operarios Nicolás Francés y Mariano Spinedi.
El 21 de diciembre del 2022 se lo declaró caso complejo y el plazo de investigación se extendió hasta el 26 de abril de 2023. El único que se opuso fue Diego Bulgheroni, representante técnico, acusado de estrago culposo agravado por su resultado muerte en concurso real con administración fraudulenta.
Este viernes hubo una audiencia en la cual su defensora, Melina Pozzer, impugnó la extensión de plazo. La fiscal jefa González Taboada y los querellantes Emanuel Roa Moreno, Darío Kosovsky y Marcos Pastorutti plantearon que es inadmisible el recurso, y así lo entendió por unanimidad el Tribunal de Impugnación integrado por Richard Trincheri, Federico Sommer y Florencia Trincheri. Además le aplicaron las costas al arquitecto imputado.
Sin sumarios ni suspensiones
Desde la querella expresaron su malestar porque «Obras Públicas no ha reflexionado sobre lo que sucedió. No abrió un sumario, no suspendió a nadie, y les sigue asignando tareas a las personas imputadas».
El respaldo con el que cuentan los funcionarios de parte del Ejecutivo provincial es explícito: el día de la formulación de cargos, se conectaron a la audiencia por Zoom desde sus despachos y un mozo, empleado del Estado, les sirvió café.
Quiénes son los imputados
Subsecretario de Obras Públicas Roberto Deza: administración fraudulenta en concurso real con falsedad ideológica de instrumento público.
Director de Obras Contratadas Carlos Córdoba: estrago culposo agravado por su resultado muerte en concurso real con administración fraudulenta.
Director de Obras Contratadas Raúl Capdevilla: estrago culposo agravado por su resultado muerte en concurso real con administración fraudulenta.
Inspector de la obra Sergio Percat: estrago culposo agravado por su resultado muerte en concurso real con administración fraudulenta.
Director General de Educación Rural Fabio Luna: incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real con homicidio culposo.
Directora Provincial de Nivel Primario Patricia Cresatti: incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real con homicidio culposo.
Héctor Villanueva, socio gerente de Arte Construcciones: estrago culposo agravado por su resultado muerte en concurso real con administración fraudulenta.
Diego Bulgheroni, representante técnico: estrago culposo agravado por su resultado muerte en concurso real con administración fraudulenta.
Eduardo Afione, constructor: estrago culposo agravado por su resultado muerte.
Gabriel Potas, coordinador interinstitucional de la unidad de planificación e infraestructura, del Ministerio de Educación, quedó afuera por una inédita decisión del Tribunal Superior de Justicia.
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