Camping en conflicto: mapuches recurren a la Corte Suprema para frenar un desalojo en La Angostura
El abogado de los Paicil Antriao presentó un recurso extraordinario federal para evitar que el expediente cambie de juzgado. La medida todavía debe pasar el filtro del Tribunal Superior de Justicia, que viene de fallar en contra de la comunidad.
Por medio de su representante legal, la comunidad mapuche Paicil Antriao presentó un recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación anule una decisión del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén (TSJ) en la causa iniciada por la propiedad del camping Correntoso de Villa La Angostura.
El litigio, que acumula más de una década, ya tiene una sentencia firme que ordena el desalojo del predio y su restitución al municipio de la localidad. El conflicto ahora tiene que ver con el juzgado encargado de ejecutar ese fallo.
La comunidad cuestiona la decisión del juez civil de Junín de los Andes, Santiago Montórfano, que se apartó de la causa en diciembre de 2024 y ordenó la remisión del expediente al juzgado de Villa La Angostura, para que la continuidad del trámite se defina allí.
De acuerdo al abogado de Virgilio Sánchez, quien representa a los Paicil Antriao en este caso, el apartamiento del magistrado se realizó por fuera de lo que prevé el código procesal y no consideró varios parámetros que responden al cumplimiento del debido proceso.
La incorporación del expediente al juzgado angosturense que conduce el juez Francisco Astoul Bonorino fue confirmada en febrero pasado por el TSJ.
Los vocales de la Sala Civil, Germán Busamia y Evaldo Moya, rechazaron los recursos de casación presentados por la comunidad y dejaron firme una sentencia anterior de la Cámara Provincial de Apelaciones que avaló el cambio de juzgado.
Esta última decisión es la que se busca revertir con el recurso extraordinario federal que presentó el jueves por la noche el abogado Sánchez.
Una extendida trayectoria judicial
La causa tuvo su primera sentencia en diciembre de 2019, cuando el juez civil de primera instancia, Andrés Lucchino, condenó a la comunidad a restituir el complejo al municipio cordillerano en un plazo de 30 días.
El fallo no quedó firme y fue revocado dos años más tarde por la Sala I de la Cámara Civil de Apelaciones, que ordenó la suspensión del proceso hasta tanto no se publicaran los resultados de un relevamiento territorial hecho en el lugar.
La fiscalía de Estado, encargada de representar los intereses de la Provincia, y la municipalidad de Villa La Angostura, hicieron un planteo objetando lo resuelto por la cámara. El TSJ les dio la razón en abril de 2024 y dejó firme la sentencia en primera instancia que instruía el desalojo del camping.
La comunidad, sin posibilidad de nuevas apelaciones, recurrió a un recurso extraordinario federal, que fue rechazado en octubre de ese año por el mismo tribunal.
Los argumentos del planteo mapuche
En su presentación de la semana pasada, el abogado de los Paicil Antriao consideró que la última sentencia del TSJ incurrió «en lo que la doctrina denomina sentencias arbitrarias por omitir hechos y prueba decisiva». Remarcó que, además de estar «deficientemente fundada», no respetó «el principio de congruencia, categoría que integra la causal de arbitrariedad«.
Afirmó que, con esa acción, «se legitimó la declaración oficiosa de incompetencia de un juez con el solo objetivo de facilitar la ejecución de una sentencia que ordena el desalojo de las tierras de la comunidad Paicil Antriao, ponderando el interés de una de las partes por sobre los derechos de la otra, lo que controvierte los últimos lineamientos impartidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos».
Sánchez también hizo mención al proceso de diálogo entre la municipalidad y la comunidad, al que consideró afectado por esta decisión. Según dijo, los jueces del máximo tribunal neuquino no consideraron «el hecho de que la Resolución Oficiosa del Juez de primera instancia de desprenderse de la jurisdicción para enviársela a un juzgado en un contexto hostil a la comunidad condicionó en los hechos el dialogo instado por las partes para darle una solución alternativa al conflicto«.
El abogado calificó de «dogmáticos» los planteos que realizó el TSJ respecto a sus recursos de casación, señalando además que «no se le dedicó una sola línea a las cuestiones de fondo planteadas en los recursos«.
Sobre el final, remarcó que la sentencia acerca del desalojo no se encuentra firme, ya que existe un recurso de queja presentado ante la Corte Suprema que, aunque no suspende su ejecución, puede causar modificaciones en el desarrollo del proceso.
A la espera del TSJ
En contacto con Diario RÍO NEGRO, Sánchez explicó que la admisión o no de su recurso depende del TSJ, que no tiene un plazo para decidir. Aseguró por otro lado que los fallos en contra de la comunidad fueron «políticos», pese a la argumentación presentada y la existencia de dictámenes favorables por parte de la Procuración.
Consultado por la relación con la municipalidad, contestó que ambas partes estaban impulsando un proceso de diálogo en el último tiempo. Las conversaciones incluyeron incluso al actual intendente Javier Murer, afirmó el abogado.
Finalmente, señaló que la ejecución de la sentencia quedará suspendida si el recurso es admitido, lo que podría impulsar una reapertura del diálogo.
Nueva clausura
En medio del proceso judicial en curso, se conoció este fin de semana una nueva acción de clausura en el camping por parte de la municipalidad, que había avanzado con una medida similar durante enero último.
Según informaron medios locales como Diario Andino, los inspectores hicieron tareas de control en la playa pública del lago Correntoso.
Cuando procedían a verificar el cumplimiento de la clausura dispuesta el 21 de enero, encontraron que algunas de las fajas que se habían puesto en el sector no estaban bien colocadas o se encontraban removidas, dando a entender que se estaban desarrollando actividades comerciales sin habilitación.
Luego de detectar esas irregularidades, informó el portal, los agentes labraron actas de infracción y dispusieron la clausura de los puestos involucrados, así como también de un sector de fogones que al parecer estaba siendo alquilado.
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