Causa Sergio Ávalos: sospechados de integrar «un aparato de violencia organizado», pidieron juzgar a los 19 imputados en Neuquén
Los acusados son exempleados, empleados de la fuerza pública y propietarios del boliche "Las Palmas", donde el joven fue visto por última vez el 14 de junio de 2003. El pedido de elevación a juicio oral fue presentado por la fiscal federal interina Luisina Tiscornia, quien brindó detalles a Diario Río Negro.
La Fiscalía Federal de Neuquén solicitó formalmente en las últimas horas la elevación a juicio oral de 19 personas involucradas en la desaparición forzada del estudiante universitario Sergio Ávalos. El joven fue visto por última vez en la madrugada del 14 de junio de 2003 dentro del boliche “El Fuerte”, también conocido como “Las Palmas”, ubicado en Primeros Pobladores 2000 de Neuquén capital. El pedido fue remitido por la fiscal federal interina Luisina Tiscornia, a cargo del Área de Transición de la Unidad Fiscal de Neuquén.
En diálogo exclusivo con Diario RÍO NEGRO, Tiscornia confirmó la acusación de 11 personas como coautoras y a otras 8 como partícipes necesarias del delito de desaparición forzada de persona, contemplado en el artículo 142 ter del Código Penal. Esta figura prevé penas de entre 10 y 25 años de prisión para quienes resulten condenados por el hecho. El requerimiento se presentó ante el Juzgado Federal N° 2 de Neuquén.
De esta manera se pidió llevar a juicio a Osvaldo Daniel Carracedo, Roberto Alejando Costa, María Alejandra Siboldi, Irene Esther Fuentes, Juan Darió Arévalo Smith, José Luis Flores, Alfredo Humberto Cortinez, Pedro José Sepúlveda Palacios, Eugenio Alejandro Tarifeño, Rubén Ángel Ferreyra y Patricio Sesnich. Todos ellos en calidad de coautores.
En tanto que el requerimiento contra Pedro Raúl Nardanone, Diego Alberto Herman, Cristian Rubén Cepeda, Rubén Gustavo Escobar, Pablo Martín Fantón, María Teresa Monsalve, Ítalo Edgardo Soto y Pedro Ángel Pacheco, fue en calidad de partícipes necesarios.
La figura de un «aparato organizado de violencia”
En sus argumentos, Tiscornia explicó que el lugar operaba bajo una estructura represiva compuesta por personal de seguridad del Ejército Argentino, la Policía de Neuquén y empleados civiles. Según la acusación, este grupo actuaba bajo la directiva del dueño y del encargado del boliche —ambos imputados como partícipes necesarios— configurando un auténtico “aparato organizado de violencia” con un modo de actuar predefinido para someter a los asistentes.
Consultada por este aspecto, la fiscal dijo a este diario que se llegó a esta sospecha «desde la propia dinámica que tenía el boliche», la cual estaba «integrada por fuerzas policiales».
«Había un funcionamiento organizado, con handys, con una comunicación permanente, con cámaras todo el tiempo, donde desde el jefe de seguridad hasta la coordinadora y el dueño estaban al tanto de todo lo que iba ocurriendo», expuso.
También detalló que el trabajo investigativo reveló que en el boliche «se dejaban constancia en los libros, con un estilo también propio de la fuerza, algo que siguió llevándose a cabo de esa manera después de la desaparición de Sergio». Incluso se acreditó la existencia de una reunión posterior al hecho. Este comportamiento constituye lo que la causa denominó «un pacto de silencio que sigue hasta ahora e impide saber qué pasó con Sergio».
«El cuartito de seguridad»
Pese a que el paradero del joven sigue siendo una incógnita, Tiscornia remarcó la solidez del expediente para iniciar el debate oral: “Sin perjuicio de que a la fecha aún se continúa con la búsqueda del paradero de Sergio Daniel Ávalos, y de que a su respecto la investigación siga su curso, este Ministerio Público Fiscal considera que en relación con los hechos atribuidos a los imputados obra en el caso evidencia suficiente como para que las actuaciones sean elevadas a juicio a su respecto”.
El dictamen judicial detalla un modus operandi violento e intimidatorio por parte del personal de seguridad, señalando que “intervenían en la prevención y control de los conflictos de manera violenta” y contaban “con antecedentes probados de violencia hacia personas que concurrían al lugar”.
El documento agrega que el esquema incluía el traslado recurrente de clientes a un “cuartito de seguridad”, donde “eran agredidos física y verbalmente cuando acontecía alguna incidencia o inconvenientes durante la noche”.
Para mantener el control absoluto del predio, los guardias utilizaban equipos de comunicación interconectados y un circuito cerrado de televisión en barras, cajas, taquillas y accesos. Ante la extraña desaparición de las filmaciones de esa noche —justificada por los acusados alegando que la cinta se había agotado—, Tiscornia desestimó la versión indicando que “no resulta verosímil siendo que aconteció poco tiempo después de la apertura del lugar, y debido al celo puesto de manifiesto por los protagonistas en tener todo bajo control”.
La fiscalía desmintió además la versión vertida por los imputados respecto a que aquella fue una “noche tranquila y sin novedades”. La investigación documentó episodios violentos ocurridos durante esa madrugada, entre ellos una pelea que dejó manchas de sangre en la enfermería, una agresión en la zona del “túnel” y múltiples disputas originadas por el sistema de consumición obligatoria denominado “ticket-vaso”.
Entorpecimientos en una causa compleja
A estas irregularidades operativas se sumaron entorpecimientos posteriores calificados como graves por el Ministerio Público Fiscal, entre los que destacan la destrucción deliberada de documentación policial y la omisión en el libro de novedades del Hospital Castro Rendón sobre una llamada anónima donde se alertaba conocer el destino del estudiante.
Con el conjunto de pruebas recabado, la fiscal Tiscornia concluyó de forma tajante respecto a la mecánica del hecho: “Con los elementos colectados se puede afirmar que la víctima fue retenida dentro del lugar, y luego trasladada para su ocultamiento a otro u otros lugares, permaneciendo así hasta el día de la fecha, en circunstancias que aún se desconocen”.
La nómina de acusados expone la connivencia entre civiles y fuerzas de seguridad: seis militares del Batallón de Ingenieros de Montaña 6 —quienes hacían tareas adicionales por bajos salarios—, cinco efectivos de la Policía provincial contratados por servicio adicional y tres civiles. A ellos se suman empleados de limpieza y mantenimiento que, según la fiscalía, presenciaron o conocieron los hechos y guardaron silencio, “obstruyendo e impidiendo, cada uno en la medida de sus posibilidades el avance del caso”.
Sergio Ávalos: una deuda de 23 años
El caso de Sergio Ávalos, un joven oriundo de Picún Leufú que estudiaba Economía en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), pasó a la órbita de la justicia federal en 2014 tras un fallo de la Corte Suprema. Desde entonces, el organismo fiscal tomó más de cien testimonios, realizó peritajes genéticos con el Equipo Argentino de Antropología Forense e inspeccionó cementerios de Neuquén y Río Negro para dar con su paradero.
Respecto a las consecuencias emocionales e institucionales del caso, la fiscal Tiscornia enfatizó que la desaparición forzada representa “una forma de sufrimiento doblemente paralizante: por un lado, para la víctima directa, y por el otro para los miembros de la familia, quienes esperan en vilo en la gran mayoría de estos casos -durante muchos años- noticias o información acerca de su ser querido”.
Finalmente, el requerimiento judicial subraya la aplicación de la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, que “coloca a la víctima en el centro del proceso como parte protagónica del mismo con derechos y garantías”. El mismo fue entregado de manera impresa por la propia fiscal Tiscornia a la familia Avalos.
Esta mirada abarca el sufrimiento directo padecido por Sergio, por su madre Margarita Nicoleu (fallecida en 2010), por su padre Asunción Ávalos (de 93 años) y por sus cuatro hermanos, quienes tras 23 años de lucha aguardan la concreción del juicio oral.
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