Celulares comprados por la Justicia de Río Negro terminaron en Buenos Aires: hay cinco imputados
Celulares que debían llegar al Poder Judicial de Viedma fueron sustraídos en el traslado y fueron activados en Buenos Aires. Hay cinco personas imputadas por encubrimiento.
La historia comenzó como una operación común del Estado. Una compra planificada, una logística pautada y la espera del equipamiento que debía fortalecer el funcionamiento del Poder Judicial en Río Negro. Pero algo salió mal en el camino. Parte del cargamento de celulares nunca llegaron y se abrió una investigación que ya tuvo sus primeros imputados desde una causa que terminó vinculando a la Justicia rionegrina con Buenos Aires.
Hoy, una investigación penal avanzó entre Viedma y el conurbano bonaerense. Cinco personas fueron imputadas por el delito de encubrimiento, tras ser localizadas usando los teléfonos que, según el expediente, jamás debieron haber tenido en sus manos. Si bien no se abonaron los dispositivos no recibidos, se iniciaron actuaciones judiciales.
Celulares comprados por la Justicia, pero usados por otros
La trama se remonta al 9 de noviembre de 2024. Ese día, 40 teléfonos Samsung A25 fueron despachados desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con destino a la capital rionegrina. Estaban destinados al equipamiento del Ministerio Público Fiscal y debían ingresar al inventario de Patrimonio.
Pero apenas arribó la encomienda a Viedma, algo no cerraba. Faltaban dispositivos. De inmediato, el Secretario de Superintendencia hizo la denuncia penal y comenzó la pesquisa.
Activación sospechosa y una pista certera: el IMEI
El dato que permitió desentrañar la historia fue el número de IMEI, el código único de cada celular. La Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel) pidió los registros a las compañías telefónicas y así se supo: los teléfonos faltantes fueron activados el mismo día del robo.
¿Dónde? Fue la pregunta principal que buscaron responder los investigadores para desentramar el hilo conductor del ilícito. Los dispositivos se activaron en diferentes puntos del conurbano: Rafael Calzada, Almirante Brown, Claypole, Esteban Echeverría y Lomas de Zamora.
Todos los dispositivos fueron encendidos con pocas horas de diferencia, lo que permitió trazar una línea de tiempo clara. La hipótesis más firme es que fueron sustraídos en tránsito, o incluso antes de ser cargados al transporte.
Cinco personas imputadas por encubrimiento
La fiscalía de Viedma formuló cargos contra cinco personas —dos hombres y tres mujeres— a quienes se acusa de haber comprado o recibido los teléfonos “a sabiendas de su procedencia delictual”.
Las audiencias de imputación se realizaron por Zoom, desde Viedma. La acusación se apoya en un paquete probatorio que incluye los remitos de entrega de la empresa proveedora, el expediente del faltante, los testimonios de empleados judiciales y los registros de activación.
De los 40 equipos, sólo 29 fueron entregados correctamente, dos fueron recuperados en los allanamientos y nueve siguen sin aparecer.
Allanamientos y cooperación interprovincial
Los allanamientos se realizaron en varias localidades del conurbano, en el marco de una investigación que contó con el trabajo articulado entre el Ministerio Público Fiscal de Río Negro y el de la provincia de Buenos Aires. Fue una tarea que cruzó datos, jurisdicciones y tiempos, pero que permitió dar con al menos parte de los implicados.
Los celulares sustraídos habían sido comprados, pagados y estaban registrados como propiedad del Estado. Pero su destino cambió: fueron rápidamente reinsertados en el circuito informal, puestos a la venta, activados y utilizados.
Una causa que continúa y una pregunta sin respuesta
Por ahora, las cinco personas imputadas enfrentan cargos por encubrimiento. Pero la gran incógnita aún no fue develada: ¿quién o quiénes robaron los teléfonos?
La causa sigue abierta. La fiscalía busca determinar las responsabilidades originales del robo y esclarecer si hubo participación interna, negligencia o complicidad en el momento del traslado.
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