Certificados médicos falsos en Río Negro: suspendieron otra audiencia y se dilata la formulación de cargos
Más de la mitad de los imputados no asistieron a la convocatoria de este viernes y las partes acordaron su reprogramación. El tratamiento de las excepciones procesales continuará el lunes.
Los representantes del MPF y de la Fiscalía de Estado aceptaron la suspensión. Foto: archivo.
La causa por la supuesta presentación de certificados médicos falsos por parte de empleados públicos en Río Negro nació como un proceso complejo y el devenir de las audiencias así lo ratifica. Este viernes se suspendió una audiencia -la tercera- y todavía quedan otras siete por cumplir, la próxima el lunes 28 de este mes.
La investigación se inició en 2024 a cargo del fiscal jefe Juan Pedro Peralta y el fiscal Francisco Marano con más de 110 imputados -sin antecedentes en los tribunales de todo el país-, con presentaciones de las justificaciones de una sola profesional en distintos ciudades, y la competencia en el foro penal de Viedma, con un proceso a cargo del juez de Garantías, Adrián Dvorzak; que tuvo pocos avances.
Además, la causa tiene como querellante a la Fiscalía de Estado, representada por Federico Rosbaco; y un interés especial por parte del Gobierno provincial que presentó la denuncia inicial a través del propio gobernador Alberto Weretilneck y el seguimiento, al menos en las primeras audiencias, de la secretaria de Función Pública, Tani Lastra.
En los primeros días de junio la audiencia inicial fue muy breve y fue suspendido por el magistrado para garantizar «el debido proceso» y no afectar la «defensa en juicio», al tiempo que se determinó desglosar el expediente en función de la cantidad de clientes de cada defensor.
En la segunda, el 21 de agosto, Dvorzak se vio obligado a una nueva suspensión por la ausencia algunos de los imputados y, además, habilitó la presentación de la excepciones procesales de las partes.
El fiscal Peralta pidió mayor celeridad
En esa oportunidad Peralta recordó ante el tribunal que «este es un legajo que tiene copiosa documentación, que llevó mucho trabajo de todas las áreas que han intervenido» y dijo que «me consta el esfuerzo de la Oficina Judicial para poder diagramar las audiencias».
Ante esa situación pidió que «todos pongamos la mejor voluntad para que estas audiencias no se sigan suspendiendo y, de una vez por todas, las podamos tramitar; así el legajo avanza a sus próximas etapas y darle el trámite que corresponde».
Aclaró que «sino cada vez que hacemos una audiencia recibimos un planteo y tenemos que suspenderla, entiendo; pero necesitamos un poco más de voluntad de todos para que no se sigan dilatando en el tiempo, inclusive para beneficio de los asistidos, porque esto lleva más de dos años».
Más ausentes que presentes
Miércoles y jueves de esta semana se cumplieron las audiencias programadas, donde los planteos de los defensores fueron coincidentes: pedir al juez que se declare incompetente y que la cause se tramite en los tribunales de Roca y Cipolletti donde residen la mayoría de los imputados.
Además, el jueves, Diego Broggini defensor particular de Claudia Elisandro y Aldo Paez, imputados como partícipes necesarios, pidió que fueran «dispensados» para no tener que estar durante todas las audiencias «para escuchar los mismos planteos técnicos».
En principio fue aceptado, pero este viernes el fiscal pidió que estuvieran presentes para no afectar el proceso y será otro punto a definir por el juez. Fue una de las pocas intervenciones registrada en la audiencia porque de los diez imputados sólo cuatro estaban presentes y el defensor oficial Pedro Vega pidió la suspensión.
El juez hizo lugar al pedido y el fiscal no tuvo opción porque «hay más ausentes que presentes» y recordó su pedido de compromiso de las partes para que el proceso no se dilate.
El personal de la Oficina Judicial le confirmó a Dvorzak que nueve de los imputados habían sido notificados fehacientemente y el restante no había respondido al envió de un mensaje por WhatsApp y el juez indicó que, de ser necesario, deberán ser convocados «con la ayuda de la fuerza pública » o «declarados en rebeldía».
La situación no hace más que dilatar el proceso. Quedan por delante siete audiencias, ya no será posible que el juez resuelva los planteos de las partes el 13 de octubre, todavía falta la formulación de cargos contra más de un centenar de imputados y, luego, el resto de las etapas procesales.
La causa por la supuesta presentación de certificados médicos falsos por parte de empleados públicos en Río Negro nació como un proceso complejo y el devenir de las audiencias así lo ratifica. Este viernes se suspendió una audiencia -la tercera- y todavía quedan otras siete por cumplir, la próxima el lunes 28 de este mes.
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