Condenaron a 20 años al cuidador de un club de Viedma por abusos sexuales contra cuatro niñas
Los hechos ocurrieron durante distintos períodos entre 2012 y septiembre de 2024. El hombre residía y trabajaba como cuidador en dependencias del Club Sol de Mayo, donde las niñas concurrían los fines de semana y quedaban bajo su cuidado. La condena fue definida en un juicio de cesura luego de que reconociera su responsabilidad penal.
Un hombre que se desempeñaba como cuidador en el Club Sol de Mayo de Viedma fue condenado a 20 años de prisión por abusos sexuales cometidos contra cuatro niñas que estaban bajo su cuidado. La pena fue impuesta por el Tribunal de Juicio y coincidió con lo solicitado por la Fiscalía y la Defensoría de Menores durante el juicio de cesura.
El hombre ya había reconocido su responsabilidad penal por los hechos en un acuerdo parcial celebrado en abril. Por ese motivo, en esta segunda instancia no se discutió su culpabilidad, sino exclusivamente el monto de la pena que debía cumplir.
Los abusos ocurrieron durante distintos períodos entre 2012 y septiembre de 2024. Las víctimas tenían entre 5 y 12 años cuando comenzaron los episodios. El condenado residía y trabajaba como cuidador en dependencias del Club Sol de Mayo, donde las niñas concurrían principalmente durante los fines de semana y quedaban bajo su cuidado.
Cómo se conocieron los abusos
La Educación Sexual Integral (ESI) tuvo un papel relevante para que uno de los casos pudiera salir a la luz. Después de participar de un taller de ESI en la escuela primaria, una de las niñas atravesó una situación de angustia y pudo contarles a sus maestras que estaba sufriendo tocamientos por parte del hombre.
A partir de esa situación se inició el proceso que permitió avanzar en la investigación y posteriormente establecer la responsabilidad penal del acusado por distintos hechos de abuso sexual agravado por la guarda, algunos de ellos con acceso carnal.
Como las partes no habían acordado la pena en el procedimiento de abril, se realizó posteriormente el juicio de cesura, instancia en la que se analizaron las circunstancias particulares del caso para determinar la condena.
La pena solicitada por las partes
Durante el juicio de cesura, la fiscal del caso pidió una pena de 20 años de prisión. Para fundamentar el pedido analizó las circunstancias agravantes y atenuantes previstas en los artículos 40 y 41 del Código Penal.
Entre los agravantes consideró la cantidad de víctimas, sus edades, la extensión temporal de los abusos, la relación de confianza y guarda que mantenía con las niñas, las amenazas y las consecuencias acreditadas mediante las pericias.
Como elementos atenuantes, tuvo en cuenta el reconocimiento de los hechos y que el condenado no registraba antecedentes penales.
El Defensor de Menores también solicitó 20 años de prisión. Destacó que fueron cuatro las víctimas, todas menores de edad al momento de los hechos, además de la relación asimétrica de poder y la extensión del daño acreditado durante la audiencia.
La Defensa Pública, en cambio, pidió que se aplicara el mínimo de la escala penal. Entre los elementos que planteó como atenuantes mencionó la historia de vida del condenado, su baja escolaridad, sus condiciones de vulnerabilidad, la ausencia de antecedentes y el reconocimiento de su responsabilidad.
Qué valoró el Tribunal de Juicio
El Tribunal de Juicio estuvo integrado por los jueces Ignacio Gandolfi, Carlos Reussi, Juan Martín e Brussino Kain.
En los fundamentos de la sentencia, los magistrados valoraron especialmente la duración de los hechos, la cantidad y edad de las víctimas y el aprovechamiento de la relación de confianza que existía entre el condenado y las niñas.
También tuvieron en cuenta que el hombre ocupaba una posición de guarda y mantenía un vínculo estrecho con las familias. Según señaló el fallo, esa situación colocaba a las niñas en una posición de especial vulnerabilidad frente a una persona sobre la que recaía una obligación de protección.
La sentencia también consideró las consecuencias acreditadas durante el juicio de cesura. Las pericias describieron afectaciones en la salud psíquica de las víctimas y modificaciones en distintos aspectos de su vida cotidiana.
En ese sentido, el fallo sostuvo que «la magnitud de las secuelas es palpable» y consideró la entidad de esas consecuencias al momento de establecer la respuesta penal.
Con esos elementos, el Tribunal de Juicio resolvió imponer una pena de 20 años de prisión, tal como habían solicitado la Fiscalía y la Defensoría de Menores.
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