Condenaron a una exempleada del Registro Civil de Neuquén por cobrar ilegalmente un casamiento
La Justicia de Neuquén condenó a una exoficial pública por exigir 90 mil pesos a una pareja que tramitaba un matrimonio a domicilio. La ex funcionaria admitió los delitos de exacciones ilegales y falsedad ideológica.
Una exempleada del Registro Civil de Neuquén fue condenada por haber cobrado de manera ilegal dinero a una pareja que realizaba un trámite de matrimonio a domicilio. La pena incluyó dos años de prisión condicional, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de 450 mil pesos.
La fiscal del caso, Rocío Rivero, presentó el acuerdo junto al asistente letrado Facundo Bernat y la agente judicial Adriana Silva. La imputada, Mabel Carlina Rastellini, reconoció su responsabilidad penal y aceptó la pena acordada con la defensa.
Cómo fue la maniobra por la que condenaron a la exfuncionaria
Según la acusación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron en enero del año pasado, cuando Rastellini se desempeñaba como oficial pública del Registro Civil. La investigación sostuvo que le exigió 90 mil pesos a una pareja bajo el argumento de que el sellado abonado “no correspondía al trámite y debía completarse”.
El dinero fue transferido a su cuenta personal de Mercado Pago y, de acuerdo con la investigación, fue utilizado en beneficio propio. La Fiscalía atribuyó a la exfuncionaria el delito de exacciones ilegales agravadas por haber convertido en propio el provecho del ilícito.
También fue condenada por falsedad ideológica agravada. La acusación indicó que confeccionó un acta de matrimonio con datos falsos y omitió informar que la ceremonia se había realizado fuera de la sede del Registro Civil.
Además, el acta no consignó los cuatro testigos exigidos para los matrimonios a domicilio. La investigación agregó que tampoco se registró el pago de la tasa correspondiente al trámite, lo que generó un perjuicio económico al Estado provincial.
Las pruebas que utilizó la Fiscalía para avanzar con la condena
Entre las pruebas reunidas durante la investigación se incorporaron testimonios de personal del Registro Civil, declaraciones de la pareja involucrada, documentación administrativa e informes de Mercado Pago.
La Fiscalía también presentó una pericia caligráfica que atribuyó a la acusada la firma incluida en el acta cuestionada. El acuerdo fue homologado por el juez Juan Guaita, quien consideró acreditados los hechos y la autoría.
Además de la pena condicional y la inhabilitación perpetua, Rastellini deberá fijar domicilio, informar cualquier cambio de residencia y presentarse cada cuatro meses ante el organismo de control correspondiente.
La condenada también deberá «abstenerse del consumo de estupefacientes, evitar el abuso de bebidas alcohólicas y no cometer nuevos delitos durante el período fijado por la Justicia», informaron.
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