Confirman el procesamiento de un dirigente rionegrino por cobrar el Potenciar Trabajo mientras era funcionario nacional

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El dirigente indígena rionegrino Luis Pilquimán, quien se desempeñó como vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) durante el gobierno de Alberto Fernández, quedó procesado por la Justicia federal por haber percibido el programa Potenciar Trabajo mientras ocupaba un cargo en la administración nacional.

Procesaron a Luis Pilquimán por cobrar el Potenciar Trabajo mientras era funcionario nacional

Según detalló Infobae, la decisión fue confirmada por la Sala I de la Cámara Federal de Buenos Aires, que también procesó al exdirector nacional de Apoyo a las Organizaciones de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, José Luis Castillo. Ambos fueron acusados de haber cobrado beneficios sociales de manera incompatible con sus funciones como integrantes del Estado.

Pilquimán, oriundo de Pilcaniyeu, en Río Negro, integró la conducción del INAI como segundo de la exsenadora rionegrina Magdalena Odarda. Según la investigación judicial, percibió el programa Potenciar Trabajo desde febrero de 2020, cuando asumió el cargo nacional, hasta julio de 2021.

De acuerdo con la resolución, durante ese período recibió simultáneamente el salario correspondiente a su función pública y los haberes del plan social destinado a personas en situación de vulnerabilidad económica.

La Cámara Federal modificó la calificación legal que había sido aplicada en primera instancia. Inicialmente, ambos exfuncionarios habían sido procesados por defraudación contra la administración pública y falsedad ideológica. Sin embargo, el tribunal de apelaciones consideró que la conducta debía encuadrarse en el delito de apropiación indebida de beneficios sociales.

En el caso de Castillo, la percepción del beneficio se extendió entre febrero de 2020 y marzo de 2022, mientras ocupaba funciones dentro del Ministerio de Agricultura.

La investigación se apoyó en la normativa del programa Potenciar Trabajo, que establece que el beneficio debe darse de baja cuando los organismos competentes detectan que el titular dejó de reunir las condiciones de vulnerabilidad exigidas para acceder a la asistencia.

El procesamiento no implica una condena, pero sí supone que la Justicia encontró elementos suficientes para considerar que existen indicios de la comisión de un delito y avanzar hacia una eventual instancia de juicio oral.

Pilquimán ya había quedado anteriormente en el centro de la polémica pública por su presunta participación en conflictos vinculados a tomas de tierras.