En Neuquén la fiscalía pidió sobreseer en un grave caso de abuso: «fueron a la medida más extrema»

El fiscal Adrián De Lillo le solicitó al tribunal, integrado por Juan José Nazareno Eulogio, Raúl Aufranc y Leticia Lorenzo, que dicte el sobreseimiento de un hombre acusado de cometer un grave abuso sexual en San Martín de los Andes. Uno de los argumentos fue que la denunciante no estaba en condiciones de afrontar el juicio y por eso proponía el cierre definitivo de la causa.

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El proceso estaba avanzado. No sólo se había sorteado la formulación de cargos, que es la etapa inicial de la investigación, sino que ya se había realizado la audiencia de control de acusación en la que las partes discuten la prueba que va a ir a juicio. El debate oral era un hecho.

En este escenario fue que el fiscal, con el acompañamiento del defensor público Ignacio Pombo, le pidió al tribunal que se ponga fin al proceso.

«Los Jueces y Juezas debemos resolver controversias, la mayoría de las veces las mismas surgen de las posturas de las partes, que son encontradas, pero otras veces, las menos, la controversia surge entre lo que las partes afirman y lo que dice la ley«, señaló el tribunal en la resolución en la que rechazó de forma unánime esta posibilidad.

Más allá de considerar que el Código Procesal Penal no habilita el sobreseimiento de una causa elevada a juicio «ya que el mismo está pensado para una etapa previa», analizó los fundamentos de la solicitud, que calificó como «la más extrema».

«Sólo existe miedo, y no querer atravesar este proceso judicial»

El tribunal indicó que el fiscal manifestó en la audiencia que la denunciante «no quiere proseguir», que las pericias psicológicas y psiquiátricas que le realizaron revelan «que no está preparada para encarar un juicio» y que esta decisión «no está coaccionada, ni bajo influencia de terceros».

«Lo que no ha podido explicar la fiscalía es por qué en este caso no puede construir su caso con prueba periférica, intentando que un caso tan grave de violencia de género, cometido en contra una mujer sumamente vulnerable como todos han reconocido por sus problemas emocionales y de salud mental, llegue a juzgarse y de esa forma sancionarse», remarcó.

Afirmó que la disyuntiva que se plantea es mantener ligada al proceso a una denunciante vulnerable o desvincularla, pero a costa de «dictar un sobreseimiento (que libera a su vez definitivamente al imputado) en un caso de violencia sexual de género grave, el cual nunca más podrá dilucidarse«.

La fiscalía, dijo, «pudo contactarse con la víctima antes del control de acusación para ver qué temperamento debía adoptarse, en su caso pudo pedir la prórroga la investigación, o llegar incluso a otras medidas como el archivo, si pensaba que la víctima necesitaba más tiempo para procesar lo que le sucedió, y poder enfrentar el juicio». Incluso evaluar si necesitaba «un acompañamiento o tratamiento psicológico o psiquiátrico extenso». No lo hizo, o al menos no lo comunicó en la audiencia.

«Una mirada con perspectiva de género, en un caso tan grave de violencia contra una mujer sumamente vulnerable, nos exige a todas las partes, el mayor esfuerzo para no generar responsabilidad internacional, pero por sobre todo, para que no se deje sin juzgar y sancionar un caso de violencia grave contra una mujer«, subrayó en su resolución el tribunal que incluso recalcó que las partes propusieron una medida «voluntaria de no acercamiento por parte del imputado a la víctima». Esto podría interpretarse como una medida cautelar encubierta incompatible con un sobreseimiento.

«No existe en este caso, no lo manifestó ninguna de las partes, una retractación del hecho denunciado, ni una reinterpretación del mismo por parte de la víctima, sólo existe miedo, y no querer atravesar este proceso judicial en este momento», agregó la resolución.

En el futuro, aseguró el tribunal, las partes podrán «volver a intentarlo con debidos fundamentos, o bien pedir la suspensión de la fecha de juicio que pueda fijarse, a los fines de apoyar a la mujer presunta víctima para que pueda atravesar el proceso de la mejor forma, o por último intentar el juzgamiento del hecho mediante el resto del caudal probatorio que fue admitido.»

La cuarta circunscripción judicial, de la que forma parte San Martín, está a cargo del fiscal jefe, Fernando Rubio, denunciado por violencia de género en el ámbito laboral. Maximiliano Bagnat, que cumplía funciones en la localidad, asumió recientemente como juez de Garantías.