Escándalo en un juicio de Cipolletti salpica a una directora y a un juez del STJ

Un tribunal integrado por tres juezas solicitó que se le inicie un sumario a la responsable de la oficina judicial. También apuntan contra el juez Sergio Ceci por no resolver el conflicto que arrastran los jueces por la organización de la agenda judicial.





Distintos problemas operativos con un juicio de Cipolletti terminaron en un escándalo entre la directora de la oficina judicial y un querellante. La situación no solo derivó en una sumario para la funcionaria sino en una durísima queja por parte de las juezas, quienes la acusaron de no respetar la ley para conformar los tribunales. El tema salpica al juez del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Sergio Ceci, ya que estaba al tanto de la situación y no ofreció soluciones.

El debate que fue escenario del escándalo tiene como acusado a un padre por la muerte culposa de su bebé en Cinco Saltos. La fiscalía y la querella sostienen que el hombre sacudió a la criatura y le provocó la muerte. Justo en ese momento el tribunal pretendía escuchar la opinión de un prestigioso neurocirujano. La directora de la oficina judicial es Marcela Martín.


El primer problema: el tribunal estaba conformado por la jueza de juicio Alejandra Berenguer y por las juezas de garantías Sonia Martín y Rita Lucia. Lucia además estaba de turno y transitaba días intensos con el movimiento lógico de varias investigaciones penales del momento. Entonces tuvo una audiencia con un detenido y se tuvo que ir. El juicio se retrasó casi dos horas y la gente (víctimas, testigos, partes) tuvo que esperar.


Cuando finalmente pudo reintegrarse Rita Lucia el querellante fue ubicado en un módulo de madera junto con tres personas y los micrófonos no funcionaban. La jueza Berenguer le pidió al abogado Marcelo Henritzken Velasco que hablara más fuerte y cerca del micrófono.


Dice a nota enviada al STJ: “la directora de la oficina judicial se hallaba de pie dentro de la sala en la puerta de acceso y en esos momentos comienza a hablar, sin pedir permiso, sin que se la hubiera habilitado, interrumpiendo groseramente al abogado patrocinante de la querella, quien se hallaba sentado cumpliendo su tarea interrogando a un testigo ofrecido (…)».

Agrega que «la directora de la oficina judicial interrumpió el curso de una audiencia para reclamarle al abogado Henritzken que el problema del sonido era responsabilidad del letrado pues había alterado la ubicación del testigo y eso afectaba el uso de los micrófonos, justificando -sin que nadie la autorizara a hablar y menos aún haberle pedido ninguna explicación- que por ello había dispuesto de otro modo los lugares. Debo decir que no pude captar todo el griterío que se armó en audiencia, se aprecia que la licenciada se saca el barbijo y gesticula , en presencia del testigo, las partes, el acusado , el Tribunal, público y familiares de la víctima. En esos instantes y debiendo levantar exageradamente la voz puse fin a la discusión básicamente dirigiéndome al abogado, quien comenzó una serie de quejas respecto de la oficina judicial”.


Fue tal la sorpresa y el griterío que se originó en la sala, que Berenguer se quedó «azorada» por el comportamiento de la funcionaria, que es la encargada de toda la logística para la realización de las audiencias penales. Continúa la nota: «a ello agrego la mala educación puesta de manifiesto porque conminados a que hagan silencio, siguió hablando haciendo caso omiso de la orden de la suscripta que presidía la audiencia», sostiene el pedido de sumario que hicieron las tres juezas que integraron el tribunal, además de Berenguer, Rita Lucia y Sonia Martín.


Oficialmente se confirmó que el presidente del STJ Sergio Barotto autorizó el sumario que ahora recorrerá los tiempos y trámites burocráticos hasta definir el resultado. El desenlace depende de la gravedad del hecho y eso lo determinará el auditor general, Juan Manuel Montoto Guerrero.
Desde la reforma procesal penal en 2017 se conoce que existe una interna entre la Oficina Judicial y el Foro de Jueces y Juezas. Básicamente responde a una cuestión de manejo de poder. No ocurre solo en Cipolletti, sino en otras ciudades de Río Negro e incluso en Neuquén.


Sin embargo las quejas hacia la Oficina Judicial de Cipolletti no solo vienen desde los jueces, sino también desde la defensoría oficial, los abogados particulares como el caso de Henritzken Velasco y hasta la propia fiscalía. Funcionarios del Ministerio Público – tanto fiscal como de la defensa – han dado cuenta a RÍO NEGRO de varios problemas de escaso interés periodístico.


La acusación más grave radica en que la Oficina Judicial no respeta la ley para la conformación de los tribunales de juicio. Las funciones están repartidas: los jueces de juicio realizan debates y controles de acusación y los de garantías toda la parte de la investigación. La ley autoriza a conformar tribunales de juicio con representantes de garantías solo en casos excepcionales y de forma justificada.

La nota enviada al STJ refleja que eso no ocurre en Cipolletti, por el contrario es habitual observar tribunales mixtos en debates de gran repercusión (este caso del bebé y de torturas en la policía, por ejemplo).


De hecho, RÍO NEGRO pudo confirmar que en otro caso que se está por juzgar, el fiscal jefe Gustavo Herrera solicitó que se reemplace a una jueza de garantías por alguien de juicio.


La nota firmada por las tres juezas da cuenta además de que el vocal del STJ Sergio Ceci estaba al tanto de la situación desde el año pasado. “Como era de esperarse y lamentablemente no ha habido cambios a pesar de haberse integrado al Foro el último juez de juicio designado” que fue Guillermo Merlo dice la misiva.


Tras el conflicto que se ocasionó por el mal funcionamiento de un micrófono y que derivó en el duro reclamo se informó que el 18 de abril se instaló una consola que cuenta con 12 entradas de micrófono, 3 salidas de audio y tiene la ventaja de contar con un puerto USB que permite conectarla como placa de audio de una notebook para el caso de la participación remota por Zoom de un participante.


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