Estafa con planes sociales: a días de la fecha límite, vuelve la inquietud por los plazos procesales
La normativa en Neuquén fija en cuatro años el tiempo límite para la culminación del proceso. Pero el TSJ no está de acuerdo. En la fiscalía no descartan pedir una nueva audiencia.
El riesgo de que los plazos procesales se agoten en la causa por la estafa con planes sociales en Neuquén volvió a la escena. La hipótesis surge del código procesal penal de la provincia, que en su artículo 87 fija en cuatro años la extensión máxima de los procesos considerados complejos: una vez cumplido ese periodo, se debe dictar el sobreseimiento de los imputados.
La preocupación se sostiene sobre un hecho objetivo. De acuerdo al cronograma fijado desde la primera audiencia de formulación de cargos, la fecha límite tendrá lugar este 29 de noviembre, en menos de dos semanas.
En abril pasado el Ministerio Público Fiscal solicitó una audiencia ante un juez para que los plazos se suspendan y que se consideren «los tiempos muertos» que demoraron el juicio. El pedido fue rechazado por el magistrado, quien argumentó que la advertencia había recaído sobre una situación que aún no había ocurrido.
El kilómetro cero y la primera audiencia
La causa tuvo su kilómetro cero en julio de 2022, cuando un beneficiario de un plan social provisto por el Gobierno provincial denunció que le habían vaciado la cuenta sin su consentimiento.
Con el avance de la investigación, la fiscalía de Delitos Económicos encontró elementos suficientes para avanzar con la formulación de cargos, cuya audiencia se realizó cuatro meses después, el 29 de noviembre de aquel año.
Las defensas consideraron «estéril» la preocupación por la extinción de la acción penal y citaron el parecer del Tribunal Superior de Justicia respecto a los vencimientos procesales.
La postura de la máxima corte provincial tiene su base en la jurisprudencia de la Corte Suprema, que en una causa denominada «Price» falló en contra de una norma similar a la de Neuquén en la provincia de Chubut.
Una estrategia por si acaso
Fuentes de la fiscalía, no obstante, reconocieron que la inquietud sigue vigente y aseguraron que se está analizando «la estrategia» en caso de que sea necesario «asegurar» la continuidad del proceso.
El vencimiento no alcanzará a la totalidad de los condenados, sino que lo haría sobre aquellos que fueron imputados en la acusación inicial, en noviembre de hace cuatro años.
El escenario sumará, en paralelo, otra complejidad. Está previsto que al día siguiente de la extinción de los plazos se dé comienzo al juicio de cesura para los condenados luego de la incorporación de la figura de la asociación ilícita.
Desde la acusación no descartaron convocar a una nueva audiencia para abordar la cuestión. Ante la consulta de Diario RÍO NEGRO, se indicó que el cumplimiento de los 4 años no pondría en riesgo la realización de la cesura, ya que la extinción no es algo «automático».
Una posibilidad concreta es que el TSJ declare la inconstitucionalidad del artículo. Llegado el caso, se trataría de una decisión «de cumplimiento obligatorio«, por lo que la controversia quedaría extinguida.
Ante la cercanía de la fecha límite, desde las defensas reiteraron que es una discusión inerte, porque lo más probable es que se intervenga para anular el sobreseimiento por el vencimiento de los plazos.
Los pasos a seguir
Desde la Justicia aclararon los plazos procesales continúan siendo los mismos a pesar del cambio de calificación. Es decir, la aparición de la figura de la asociación ilícita no repercute sobre los tiempos de la causa.
Respecto a los pasos a seguir, el cronograma marca que luego de la audiencia de cesura se habilitará un periodo de 20 días hábiles para que se realice la revisión horizontal de la sentencia.
Para la fiscalía esto solo alcanzaría a la figura de asociación ilícita, ya que por administración fraudulenta la revisión se encuentra culminada. «Ya tiene doble conforme y ahora debería hacerse la revisión conjunta en el TSJ».
En el equipo acusatorio consideran que el origen del problema está en la acotada agenda de los jueces y las alternativas que pueden demorar las definiciones, y que hoy no están contempladas en el código.
La investigación del fraude se centró en las maniobras ocurridas entre septiembre de 2020 y julio de 2022, cuando ocurrió la presentación de la denuncia original, durante la gestión del exgobernador Omar Gutiérrez.
Aquel 29 de noviembre de 2022 se presentaron cargos contra 16 hombres y mujeres, entre ellas varios de los posteriores condenados: el exdirector de Planes Sociales, Ricardo Soiza; el exdirector de Fiscalización, Néstor Pablo Sanz; y el extitular del Departamento de Gestión de Programas, Marcos Osuna. Ese día también fueron acusados Isabel Montoya, Emmanuel Victoria Contreras y Valeria Honorio.
El resto de los exfuncionarios declarados responsables llegaron al expediente en otra audiencia, realizada a fines de septiembre de 2023. Si se consideran los valores históricos, la estafa ascendió hasta los 153 millones de pesos.
El juicio que siguió a la investigación fue el más extenso en la historia de la provincia. Su culminación terminó con 12 personas condenadas.
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