Estafa con planes sociales: Castelli aportó nuevas cajas con expedientes para la investigación

El ministro de Trabajo dijo que fueron encontradas la semana pasada en la sede de la subsecretaría. Dio avances sobre las auditorías que detectaron a más de 1.000 empleados estatales que cobraban programas de asistencia.

El ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli, entregó la semana pasada más cajas con información supuestamente vinculada a los planes sociales que están bajo investigación de la fiscalía de Neuquén. Dijo que fueron halladas en «un lugar arriba», en la subsecretaría de Trabajo de calle Rivadavia, uno de los primeros edificios públicos que había sido allanado cuando se inició el proceso, en 2022. «Espero no seguir sorprendiéndome en ningún lado más, pero es material para investigación que debe tener fiscalía. No es mi función investigar», sostuvo el funcionario.

Castelli ya había entregado otras 30 en enero de este año, a pocos días de asumir, que había encontrado en un depósito ubicado en Gregorio Martínez 30 y también en la misma sede de Rivadavia 42 (donde funcionaba la dirección de planes).

«Todo lo vinculado a materia de planes sociales, tarjetas y demás que se han encontrado en las distintas subsecretarías, lo que hago es avisarle a fiscalía de Estado que intervenga, viene a retirar y ellos son los que continúan con la investigación», afirmó. La fiscalía de Estado es querellante en la causa por las estafas.

Recordó que el primer hallazgo fue «en un galpón de alimentos, por supuesto que no tiene nada que ver eso con polenta o latas de arvejas». Señaló que los trabajadores que detectaron la irregularidad «miraron y decía ‘planes sociales’, entonces el proceso es llamar a fiscalía de Estado», describió.

«La semana pasada pasó en otro lado, en la subsecretaría de Trabajo, en un lugar arriba. No lo dí a conocer porque no estoy buscando prensa de eso, sí hago los procesos que tengo que hacer. Cuando encuentro una irregularidad, lo informo», sostuvo el funcionario.

Según había explicado el fiscal de Delitos Económicos, Juan Manuel Narváez, entre los papeles se habían encontrado recibos de personas que habían retirado bolsones de comida y notas internas entre la dirección de Planes Sociales y la administración de Desarrollo Social de aquel entonces.

Los expedientes corresponderían al período 2015-2019, cuando fueron ministros el actual intendente Mariano Gaido, Ricardo Corradi Diez, quien además tenía bajo su área Salud, y Vanina Merlo, actual defensora general ante el TSJ.

«Si alguno hizo una macana, tendrá que pagar»


«No sé si es material que le servirá para el juicio o la investigación que están realizando, o sea, eso me excede completamente porque es tarea de ellos, no nuestra», aseguró Castelli.

Sobre su expectativa respecto de la elevación a juicio de la investigación por la estafa con planes sociales, se mostró cauto. «Si alguno hizo una macana tendrá que pagar, en la vida creo que hay que caminar por el camino del bien, pero son ellos los encargados de ver si hubo realmente una estafa o no», dijo sobre la justicia.

El ministro también aclaró que, como parte del proceso de transición luego de las elecciones, recibieron información de la auditoría que había iniciado el ministro Germán Chapino, quien reemplazó al ahora imputado Abel Di Luca. Las irregularidades alcanzarían a unos 1.025 empleados que cobraban planes y a quienes el gobierno ahora les exige la «devolución del dinero».

«El ministro cuando fue la transición me entregó los inicios de sumarios, por supuesto que nosotros le dimos otro orden. Hay sumarios que tenían que iniciar por otros ministerios, no tenía que ser todo por acá. Estamos haciendo un complemento de lo que hizo el ministro Chapino en esa auditoría que prometió puntualmente. Son como tres etapas de expedientes», explicó.

En la mayoría de los casos se trata de trabajadores estatales que cobraban planes sociales, en algunos casos provinciales y, en otros, del programa nacional Potenciar Trabajo.


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