Gustavo Gennuso guardó silencio en la apertura del juicio por Techo Digno en Bariloche
El exintendente está acusado por el delito de peculado, por desviar fondos del programa habitacional y constituir plazos fijos. Es el primero en enfrentar un juicio oral, entre varios de sus pares, investigados en otras causas similares.
La palabra “sustracción” es la clave sobre la cual girará el juicio oral y público contra el exintendente de Bariloche Gustavo Gennuso por el manejo de fondos del programa Techo Digno, según quedó claro en la primera audiencia realizada hoy, con los alegatos de apertura y la declaración de tres testigos.
Gennuso se abstuvo de prestar declaración indagatoria y ante una consulta posterior de este medio dijo que lo hará en la última jornada. Sus abogados, Manuel Maza y Luciano Perdriel, buscaron subrayar durante los primeros interrogatorios a testigos que ninguno aportó precisiones sobre la presunta irregularidad que le atribuyen al ex intendente, relacionada con el desvío de fondos específicos para la constitución de plazos fijos.
El fiscal Martín Lozada, en su intervención inicial, dijo que la conducta atribuida a Gennuso está encuadrada en el delito de peculado (con pena de 2 a 10 años de prisión), por el presunto manejo irregular de 105 millones de pesos que estaban depositados en el banco Nación para pagar la construcción de viviendas del programa federal Techo Digno.
¿De qué acusa la fiscalía al exintendente Gennuso?
En lo puntual, precisó que Gennuso a poco de asumir su primer mandato, el 6 de enero de 2016, retiró 100 millones de pesos de esa cuenta (en ese momento tenía un saldo de 157 millones) y lo transfirió a otra cuenta municipal en el banco Credicoop. Al día siguiente resolvió constituir con ese dinero un plazo fijo por 90 días, que renovó en forma sucesiva hasta fines de ese año. En noviembre hizo lo mismo con otros 5 millones de pesos.
Lozada dijo que el delito consistió en “sustraer de la esfera de custodia” los valores que tenían como destino el pago de certificados de obra de Techo Digno o bien “su restitución” a la fuente de origen, es decir el Estado nacional.
Citó legislación y convenios internacionales de lucha contra la corrupción y sostuvo que, según la acusación, el exintendente “quebrantó la tutela pública” de los fondos que debía administrar, dado que “colocó el dinero en una situación de riesgo que no tiene por qué correr”.
Dijo que, actualizados, los 105 millones de pesos equivalen a 13.028 millones “de hoy”. Según Lozada, el exjefe comunal “apartó esos dineros de la posibilidad de su adecuado control”. Explicó además que el peculado “no es apropiación”, sino que comete ese delito “el que quita el bien de su esfera de control administrativo”.
Agregó que al hacerlo, Gennuso “sustrajo del control y vigilancia de otros funcionarios y de la comunidad toda” los fondos específicos del programa habitacional, de un modo que “obturó la posibilidad de seguimiento y control”. Sugirió también que empleó el dinero “para pagar salarios y otros programas” y que los intereses producidos por los plazos fijos “no retornaron a la cuenta del banco Nación”.
El aporte de los tres primeros testigos
El tribunal del juicio es presidido por el juez Gregor Joos y lo acompañan Bernardo Campana y Martín Arroyo. Gennuso eligió no ejercer el derecho a dar su versión, al menos el primer día, pero podría hacerlo hacia el final. Las audiencias tienen 16 testigos programados y se extenderán hasta el viernes.
El exintendente se mantuvo tranquilo durante toda la audiencia, escuchó con atención los testimonios y consultó varias veces su teléfono móvil. Al presentar sus datos personales, djo “jubilado” cuando lo consultaron por su ocupación actual.
Entre el público se ubicaron algunos allegados del imputado, entre ellos las exfuncionarias de su gobierno Patricia Díaz y Gabriela Rosemberg.
El principal testigo de la jornada inicial fue el exsecretario de Vivienda de la Nación durante la gestión presidencial de Mauricio Macri, Iván Kerr, quien asumió su cargo en diciembre de 2015, en simultáneo con Gennuso.
Dijo que entre sus primeras decisiones estuvo la de ordenar auditorías sobre el programa Techo Digno, que presentaba “una innumerable cantidad de irregularidades”, en distintas provincias, incluida Río Negro. Señaló que en general se trataba de “subejecuciones” de obra, dado que los “avances financieros” y el pago de certificados rondaban en muchos casos el 100%, mientras que los “avances físicos” eran mucho menores.
Pero a pesar de las consultas, Kerr no dijo que le constara la suscripción de plazos fijos en Bariloche con el dinero de Techo Digno, que es el objeto del juicio, como se encargaron de subrayar los defensores de Gennuso.
El desfase entre certificaciones pagadas y obras realizadas es objeto de investigación en otras causas, como las que tienen bajo imputación a la antecesora de Gennuso, María Eugenia Martini, y a otros exintendentes de la provincia que gobernaron en ese período.
Kerr subrayó que Bariloche tenía “una enorme cantidad” de viviendas asignadas fue “uno de los casos paradigmáticos” de los desmanejos investigados. Dijo que él mismo viajó a la ciudad más de una vez a verificar la situación de Techo Digno.
Observó también que el programa fue “heredado” por el gobierno que él integró, dado que los convenios iniciales databan de 2013, y cuestionó se hayan firmado directamente con los municipios, sin intervención de los institutos provinciales de vivienda.
“Era una época de alta inflación y estas son obras que requieren un músculo financiero muy grande, incluidas certificaciones, redeterminaciones de precios, rendiciones. Los municipios en general no tienen esa capacidad”, afirmó.
Kerr declaró por zoom desde Buenos Aires y lo mismo hicieron otras dos abogadas, que relataron su intervención en los expedientes de Techo Digno luego de recambio de gobierno. Primero lo hizo Mónica Marchisela, que actuó como “instructora sumariante” de esas operaciones, incluida la de Bariloche, y tampoco pudo dar cuenta de que entre los “desvíos de fondos” haya podido documentar la constitución de plazos fijos por parte del municipio.
Luego declaró Elena del Potro, abogada de planta el ministerio de Economía de Nación, quien confirmó que habían existido obras de vivienda cuyo grado de ejecución no se correspondía con los fondos desembolsados y que entre sus funciones estaba la de accionar para el “recupero” del dinero. Dijo que fue ella quien formuló la denuncia penal en la Justicia Federal por esos hechos, que en su momento fueron investigados por el exjuez Claudio Bonadío. Aunque luego la Corte Suprema definió que las causas pasaran a la justicia rionegrina.
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