Juicio por Otoño Uriarte: por qué ordenaron prisión preventiva para los condenados

La fiscal María Teresa Giuffrida pidió la prisión preventiva para los condenados en el caso Otoño Uriarte. Argumentó peligro de fuga y la gravedad del delito en Río Negro.

El pedido de justicia por Otoño Uriarte dio un nuevo paso tras el veredicto de culpabilidad dictado por el tribunal. La fiscal María Teresa Giuffrida solicitó la prisión preventiva para los condenados, asegurando que existe un riesgo concreto de fuga. La funcionaria explicó que, hasta ahora, los imputados habían permanecido en libertad, pero el escenario cambió drásticamente con la condena y la expectativa de una pena de prisión perpetua. La jueza aceptó y ordenó que los condenados permanezcan detenidos.

El pedido de la fiscal se fundamenta en el artículo 109 del Código Procesal Penal y en antecedentes judiciales que sostienen que, ante un fallo condenatorio con pena máxima, el peligro de fuga se incrementa. Además, en el caso de uno de los acusados, se registraron antecedentes de rebeldía y medidas de restricción que refuerzan la necesidad de una medida cautelar más gravosa.


Fundamentos del pedido de prisión preventiva


La fiscal Giuffrida detalló que el tribunal dictó un veredicto de culpabilidad por unanimidad contra los imputados por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada, un crimen que prevé la pena de prisión perpetua. Hasta el momento, todos los acusados habían atravesado el juicio en libertad, salvo uno de ellos, que se encontraba detenido por otra causa.

La principal razón del pedido de prisión preventiva radica en el peligro de fuga. Según la fiscal, «los acusados llegaron al juicio con la expectativa de una absolución, ya que la defensa sostenía su inocencia y había existido previamente un sobreseimiento». Sin embargo, al ser declarados culpables, esa posibilidad quedó descartada, y ahora enfrentan la perspectiva de una condena perpetua.


El caso de Lagos: antecedentes de evasión


Uno de los puntos clave en el pedido de la fiscalía es la situación de uno de los condenados, Maximiliano Lagos. Durante el proceso judicial, Lagos fue declarado en rebeldía en abril de 2024 al no presentarse a una audiencia clave, lo que obligó a suspender la etapa de control de acusación.

Posteriormente, se revocó esa rebeldía, pero en enero de 2025 volvió a estar en la mira judicial cuando una denuncia por violencia de género en Neuquén alertó sobre su posible intención de fugarse a Chile.

Ante este antecedente, la fiscalía argumentó que Lagos representa un riesgo concreto de evasión y que la única forma de garantizar su sometimiento a la justicia es ordenando su detención inmediata.


El precedente judicial y el contexto de género


Giuffrida también citó fallos previos del Superior Tribunal de Justicia, como la causa «De Piano», donde se estableció que al evaluar la prisión preventiva deben considerarse factores objetivos, como la gravedad del delito, la pena prevista y la posibilidad de una condena efectiva. En este caso, todos esos elementos se cumplen.

Además, la fiscal subrayó que se trata de un crimen de violencia de género con un agravante adicional: la víctima, Otoño Uriarte, era menor de edad al momento de su desaparición. Esto coloca al caso dentro de los delitos de mayor gravedad en el sistema penal argentino y refuerza la obligación del Estado de garantizar una respuesta contundente.


La importancia de la medida cautelar


Según la fiscalía, no existe una medida menos gravosa que pueda garantizar los fines del proceso penal. La obligación del Estado de sancionar los delitos de violencia de género y proteger a las víctimas impide que los condenados permanezcan en libertad mientras se resuelven los eventuales recursos judiciales.

Por esta razón, el Ministerio Público Fiscal solicitó que los acusados sean detenidos de inmediato y permanezcan bajo prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme o sea revocada en instancias superiores.


«Si cumplió con todas las medidas cautelares, ¿por qué meterlo preso?»: la defensa de Lagos se opuso a la prisión preventiva


El abogado defensor Edgard Lucero se opuso a la solicitud de prisión preventiva para Maximiliano Lagos. Desestimó la hipótesis del peligro de fuga y sostuvo que no había fundamentos sólidos para encarcelar a su defendido antes de que la sentencia quedara firme.

«Uno de los argumentos que proponen tiene que ver con las expectativas. Dicen que venían con la esperanza de la absolución y que, al verse condenados, pueden fugarse. Pero, ¿en qué se basan para decir eso?«, cuestionó el abogado.

El defensor afirmó que su equipo no genera falsas expectativas en los acusados y que siempre se les advierte sobre todas las posibles resoluciones. «Decirle a un cliente que va a ser absuelto sería irresponsable», remarcó. Además, señaló que ni la fiscal ni la querella presentaron pruebas científicas para sostener que Lagos, al escuchar el veredicto, entraría en pánico y huiría.

Lucero insistió en que no existe un criterio científico que permita predecir cómo reaccionará una persona al ser condenada. «Si la fiscal sostiene que escuchar la palabra ‘culpable’ lleva automáticamente a alguien a fugarse, debería haber presentado estudios psicológicos o psiquiátricos que lo respalden», argumentó.

Uno de los principales argumentos de la fiscalía fue que Lagos había considerado viajar a Chile, lo que para la acusación era una señal de intención de huida. Sin embargo, Lucero desmintió esta versión y aseguró que su defendido tenía razones de peso para quedarse en la ciudad.

«Si él hubiese querido fugarse, ya lo habría hecho», aseguró. «Pero no lo hizo porque tiene tres grandes razones para permanecer en Neuquén: sus hijos. Él está a cargo de tres menores y su vida está aquí», enfatizó el abogado.

Otro punto en el que el defensor hizo hincapié fue que Lagos ha cumplido con todas las restricciones impuestas hasta ahora. «Le han agravado las medidas cautelares, pero sigue respetándolas. Entonces, si ya se están tomando precauciones y él acata cada una, ¿por qué pedir su detención?», preguntó Lucero.

El abogado también criticó que la fiscalía pretendiera imponer la prisión preventiva sin argumentación jurídica sólida. «Si no hay pruebas, lo único que queda es la arbitrariedad. Y eso no es justicia», sentenció.

Finalmente, insistió en que la condena no es definitiva y que Lagos tiene derecho a impugnarla. «No podemos actuar como si ya fuera una sentencia firme. Si la fiscalía quiere que mi cliente esté preso, tendrá que demostrarlo con pruebas, no con suposiciones», concluyó.


«Que vaya a firmar todos los lunes a la comisaría 26 de Fernández Oro», el pedido del defensor de Cau


El abogado Marcelo Caraballo, defensor de Néstor Cau, también rechazó la prisión preventiva solicitada por la fiscalía tras la condena. Planteó que no hay razones para suponer que Cau intentaría fugarse y cuestionó el pedido asegurando que no se había justificado la necesidad de una medida tan extrema.

Caraballo enfatizó que la presunción de inocencia sigue vigente y que la pena no puede adelantarse bajo ningún criterio, ni siquiera cuando hay una alta probabilidad de condena firme. «Debemos ser cuidadosos, ya no existen más los delitos inexcusables», advirtió el defensor, dejando en claro que la prisión preventiva no es automática ni obligatoria en este tipo de casos.

Uno de los puntos clave de su argumento fue la falta de elementos concretos que indiquen un riesgo de fuga. Según la defensa, la fiscalía no pudo demostrar que Cau tuviera intenciones de evadir la Justicia. “No hay registros de que haya vendido bienes, comprado pasajes o mantenido contactos sospechosos. Todo lo contrario, ha cumplido durante 18 años con las pautas de conducta impuestas”, destacó Caraballo.

El abogado también subrayó que Néstor Cau ha vivido toda su vida en Fernández Oro y que no tiene recursos para mantenerse en la clandestinidad. «Irse implica gastos de alquiler, comida, atención médica. Si lo detienen en un hospital, por ejemplo, sería imposible para él mantenerse oculto«, explicó.

Desde la defensa remarcaron que no existe un solo antecedente de rebeldía o intento de fuga por parte de los imputados en estos años. «La fiscalía no pudo señalar un solo incumplimiento de las condiciones impuestas», insistió Caraballo.

Por ello, en lugar de la prisión preventiva, el defensor propuso una medida alternativa: que Cau se presente todos los lunes en la comisaría 26 de Fernández Oro para firmar y dar constancia de su ubicación. «Si el objetivo es garantizar su sometimiento al proceso, hay formas menos gravosas de hacerlo», argumentó.


«Su prioridad es sostener a su familia», apeló el abogado de Jafri tras la condena


José Hiram Jafri, recientemente condenado por el crimen de Otoño Uriarte, se sumó a la oposición preventiva solicitada por la Fiscalía. Su abogado defensor argumentó que no existen motivos suficientes para considerar que su defendido intente eludir la justicia.

El letrado enfatizó que Jafri ha estado sujeto al proceso judicial durante 18 años sin presentar rebeldía ni intento de fuga. «Siempre se presentó a las audiencias, a pesar de problemas económicos y de transporte», sostuvo la defensa. También mencionó que el acusado no posee bienes ni medios suficientes para escapar.

En su exposición, el abogado citó el artículo 15 del Código Penal y tratados internacionales de derechos humanos, subrayando que la aplicación de medidas restrictivas debe interpretarse en favor del acusado. En esa línea, propuso como alternativa a la prisión preventiva la utilización de una tobillera electrónica y la obligación de firmar semanalmente en la comisaría de Fernández Oro.

Jafri, por su parte, tomó la palabra y reiteró su inocencia. Expresó su temor por las acusaciones en su contra y por la seguridad de su familia. También mencionó su estado de salud, indicando que tiene una operación programada y que su situación médica dificultaría aún más la posibilidad de fuga.

Además, la defensa resaltó el arraigo de Jafri en la comunidad. Vive con sus cuatro hijos en Fernández Oro y se dedica a trabajos esporádicos en metalurgia y mecánica. «Su prioridad es sostener a su familia», insistió el abogado, rechazando la hipótesis de una posible evasión.


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