La asfixió y golpeó hasta matarla: lo condenaron a prisión perpetua en Bariloche

“¡Me voy a arrepentir toda mi vida, le pido perdón a la familia!”, expresó al borde del llanto Julio César Gutiérrez. Minutos después, el tribunal lo condenó este martes a la pena de prisión perpetua como autor del femicidio de Carolina Abigail Calfulaf, de 29 años.

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No había otra pena posible para Gutiérrez, que a finales de febrero pasado había admitió haber asesinado a la joven, en su domicilio de El Bolsón.

El imputado reconoció su culpa en un acuerdo parcial con la fiscalía. Por eso, el tribunal de juicio, integrado por los jueces Marcos Burgos, Juan Martín Arroyo y Gregor Joos, lo declaró el 28 de febrero pasado autor penalmente responsable del homicidio agravado de Calfulaf.

Con el acuerdo parcial, Gutiérrez evitó ir a un juicio por jurados. Pero quedó pendiente el debate por la pena.

La fiscal jefa Betiana Cendón solicitó al tribunal que le imponga la prisión perpetua al acusado. “Gutiérrez asesinó a Carolina ahorcándola y efectuándole golpes con un caño de gas en su rostro”, recordó. Dijo que el acusado primero procuró la confianza de la joven para trasladarla desde Roca hasta El Bolsón, donde él vivía. Y también hizo lo mismo con la familia de la joven.

Carolina llegó el 9 de febrero pasado a El Bolsón. Un hermano la trasladó desde el Alto Valle hasta esa localidad y la dejó en el departamento que el acusado alquilaba en la calle Inacayal 786.

La mujer arribó cargada de sueños. Imaginaba empezar una nueva etapa de su vida. Creyó en las promesas que le hizo Gutiérrez. “Le prometió una vida feliz, una vida con esperanza”, señaló la fiscal. Indicó que en dos días, la joven ya vivía un tormento. “No tenía para comer, no la dejaba salir, la encerraba y hasta había intentado abusar de ella”, sostuvo.

La mañana del 13 de febrero último, Gutiérrez la mató al tratar de asfixiarla y le dio golpes con un caño de gas que le destrozaron el rostro a la víctima.

Dos policías fueron esa mañana al domicilio por un llamado que un vecino de la calle Inacayal al 700 hizo a la comisaría de El Bolsón. El hombre observó que Gutiérrez había golpeado en la vereda a Carolina y la había arrastrado de los pelos hacia el departamento.

Los policías advirtieron movimientos sospechosos de Gutiérrez. Se puso nervioso cuando le preguntaron por su pareja. Y observaron manchas de sangre en la ropa del hombre, relató la fiscal cuando se formularon los cargos contra el imputado en febrero pasado.

Cuando, los dos sargentos quisieron entrar al domicilio para constatar qué pasada, Gutiérrez reveló que Carolina estaba muerta. El crimen ya había sido consumado. La presencia de los policías evitó que el femicida huyera.

Cendón dijo en la audiencia del juicio de cesura de este martes, que la psiquiatra forense del Poder Judicial Verónica Martínez estudió la personalidad de Gutiérrez y concluyó que “no hay una culpa manifiesta de parte de él”.

«Toda mi vida voy a estar arrepentido de lo que hice. No sé qué me pasó en la cabeza en ese momento. Sé que me defendí. Ella se quería llevar una plata que yo tenía en casa», manifestó el imputado ante el tribunal. «¡Nunca le hice daño a nadie. La primera vez que me pasa esto. Tengo que pagar lo que hice!», afirmó.

«En ese momento yo me estaba por ir a trabajar. Discutimos tanto que ella me había pegado con un caño y en ese momento… le pido perdón a la familia. Disculpenme por favor. A la familia le pido perdón toda mi vida», sostuvo el condenado.

Los familiares de la víctima siguieron la audiencia por zoom desde Roca y otro familiar se conectó desde una ciudad de Brasil, comentaron fuentes judiciales. Una hermana habló y le aclaró a Gutiérrez que no podían perdonarlo .

El defensor público Marcos Miguel, que asistió al acusado, planteó la inaplicabilidad del artículo 13 del Código Penal, que prevé que un condenado a prisión perpetua que cumplió 35 años de condena podrá obtener la libertad por resolución judicial, previo informe de la dirección del establecimiento e informe de peritos que pronostique en forma individualizada y favorable su reinserción social, bajo varias condiciones:

Miguel planteó que ese artículo colisiona con el Estatuto de Roma, incorporado a la legislación argentina y que pone como máxima pena los 30 años de prisión para quienes cometen delitos gravísimos.

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El defensor pretendía que el tribunal resolviera en la sentencia condenatoria que a los 30 años de cumplir la pena, se evalúe la situación de Gutiérrez para determinar si está en condiciones de acceder a beneficios que prevé la ley de ejecución penal, por ejemplo, a salidas transitorias. Pero el tribunal rechazó el pedido.