La mutual de Neuquén: la Justicia fijó plazo para investigar por fraude a Juan Carlos Levi, el sindicalista de UOCRA
El juez de garantías Raúl Aufranc rechazó el pedido de su abogado defensor para apartar a la querella y ordenó la restitución de documentación personal secuestrada en los allanamientos.
Uno de los allanamientos solicitados en el inicio de la investigación. Foto: Archivo
En una audiencia realizada hoy en la Ciudad Judicial de Neuquén a solicitud de la defensa del dirigente sindical de la UOCRA, Juan Carlos Levi, representatdo por el abogado Sebastián Perazzolli, la Justicia fijó un plazo de 90 días para que la fiscalía defina la situación procesal de la investigación que se le sigue por presunta administración fraudulenta en la Asociación Mutual vinculada al gremio de los trabajadores constructores neuquinos.
La causa, que se encuentra en etapa preliminar, busca determinar si existieron irregularidades en el manejo económico de la entidad a partir del análisis de movimientos bancarios, balances de ingresos y egresos, y pagos realizados a proveedores.
Durante la audiencia, las fiscales Rocío Rivero, acompañada por su asistente letrada Ailín Mora, explicó que la investigación requiere contemplar una gran cantidad de elementos probatorios. Precisó que, tras los allanamientos realizados en enero, se secuestró documentación y dispositivos electrónicos que aún están siendo auditados. De hecho, parte del material contable está bajo análisis de Gendarmería Nacional y cinco dispositivos ingresaron al circuito de peritaje el pasado 10 de agosto.
No obstante, ante el planteo defensivo para que se ponga fin a la incertidumbre del legajo, el juez de garantías Raúl Aufranc entendió que, si bien el caso presenta complejidad, el plazo legal inicial ya se encuentra vencido. Por ello, otorgó una prórroga judicial de 90 días para que la Fiscalía resuelva si formula cargos, remite el legajo a archivo o adopta otra medida contemplada en el artículo 131 del Código Procesal Penal.
Tensión por la querella y cruce de argumentos
En el desarrollo de la jornada, la defensa de Levi intentó excluir del proceso al abogado Maximiliano Gómez, quien actúa como querellante en representación de diez afiliados a la mutual. Perazzolli argumentó que la admisión de los querellantes debió tramitarse por separado y sostuvo que no correspondía su intervención en esta instancia.
Sin embargo, el magistrado Aufranc desestimó el pedido y confirmó la continuidad de Gómez al considerar que «no hay intereses contrapuestos» y que, al estar el caso en fase de investigación preliminar, resulta prematuro definir de forma concluyente la condición de víctimas de los representados.
Durante los alegatos, Gómez sostuvo la hipótesis acusatoria señalando que «se les saca el dinero a los trabajadores para una mutual que no está avalada», e ilustró la situación mencionando el caso de un afiliado a quien le negaron prestaciones comerciales porque el comercio constató la inexistencia de convenios con la entidad.
Por su parte, la defensa repasó el historial de la causa recordado que la denuncia original —por presunta coacción a trabajadores para afiliarse a la mutual bajo amenaza de perder sus puestos laborales— fue archivada en su momento por la fiscal Paula González, derivándose la arista económica para evaluar una posible defraudación, sobre la cual la fiscalía interviniente no halló hipótesis delictiva inicial antes de reabrir el peritaje contable.
La palabra de Juan Carlos Levi
Al hacer uso de la palabra, Juan Carlos Levi defendió la labor de la institución y cuestionó el impacto de las medidas judiciales: «Yo creo que no han tomado magnitud del daño que le han causado a la mutual y a los afiliados. Nosotros teníamos un centro de adicciones que fue allanado en reiteradas oportunidades», manifestó.
El dirigente remarcó que la mutual cuenta con un edificio de cinco plantas y sostuvo que se lograron avances concretos en la contención social: «De 68 chicos que estaban en rehabilitación, ahora 24 están trabajando. No es que no se haya hecho nada». Asimismo, criticó la atención recibida durante el proceso: «Yo vine cuando me denunciaron por estafa y nadie me atendió».
Devolución de documentación
Finalmente, la audiencia dio respuesta al segundo pedido de la defensa relativo a la devolución de pertenencias incautadas.
El juez Aufranc dispuso la restitución de documentación personal retenida en los procedimientos de allanamiento —entre la que se encuentran pasaportes y partidas del Registro Civil— y otorgó a la fiscalía un plazo de 15 días para ubicar los legajos correspondientes y ponerlos a disposición de los involucrados.
En una audiencia realizada hoy en la Ciudad Judicial de Neuquén a solicitud de la defensa del dirigente sindical de la UOCRA, Juan Carlos Levi, representatdo por el abogado Sebastián Perazzolli, la Justicia fijó un plazo de 90 días para que la fiscalía defina la situación procesal de la investigación que se le sigue por presunta administración fraudulenta en la Asociación Mutual vinculada al gremio de los trabajadores constructores neuquinos.
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