La religión, los retos de Barotto y un juez que bajó un crucifijo: las perlas en Magistratura

Fue durante la designación de un cargo para la defensoría de mediación en Cipolletti. El presidente del STJ le consultó a todos los postulantes sobre sus creencias religiosas.

A diferencia de lo que ocurrió en Roca, el Consejo de la Magistratura de Cipolletti no se lució demasiado. Los únicos en formular preguntas fueron Sergio Barotto, Jorge Crespo y la abogada Marcela Sosa en la última entrevista. El resto brilló por su ausencia.

De hecho el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) tuvo que retar a dos legisladores porque mantenían un fluido diálogo en plena exposición de una postulante y se observó incluso a un juez que se sentó por corto tiempo más pendiente del celular que de lo que ocurría en la sala. En Río Negro los legisladores y los abogados trabajan para el Consejo gratuitamente. En Neuquén los consejeros son muy bien remunerados.


Barotto decidió cambiar la pregunta difícil y optó por la religión. Les consultó a cada uno de los nueve candidatos sí profesaban algún culto. Las postulantes se sorprendieron. Se sintieron fuera de la cancha. Y como pudieron, respondieron.

El presidente del STJ explicó luego que el tema de la religión hace a la independencia judicial y que para un juez es más difícil deshacerse de las creencias propias que de las cuestiones externas.

En ese tramo Pablo Zille se volvió a lucir: “soy más bien agnóstico”, respondió. Y contó que el primer día como juez de Paz de Cipolletti tomó una medida drástica: bajar un crucifijo y un rosario que había en el despacho que usaba el juez anterior. Eso le valió fuertes recriminaciones de una compañera de trabajo, recordó el candidato. Si faltaba algo para convencer a los consejeros, Zille cerró con el broche final.

Cuando terminó el proceso de selección, el Consejo de la Magistratura se volvió a integrar para tratar un proyecto del legislador Pablo Barreno, exsecretario general del Sitrajur.


El frustrado proyecto de Barreno



Barreno pretende crear en la órbita del Consejo un registro de jueces y juezas denunciados por no resolver con perspectiva de género, al igual que el que tiene el Consejo de la Magistratura de la Nación. Presentó un proyecto en la Legislatura con la misma idea pero no le dieron tratamiento. Entonces insistió a nivel judicial.

Fue rechazado en Bariloche después de tres horas de discusión y la misma suerte corrió en Roca y Cipolletti. El argumento central, más allá de los posibles planteos de inconstitucionalidad, es que la constitución de Rio Negro le otorga al Consejo dos únicas facultades: designar y remover magistrados. Si bien tienen un área de recepción e investigación de denuncias no se pueden crear listados, menos sin sentencia firme.


En ese tramo de la reunión, además de los legisladores Lucas Pica, Facundo López, Marcelo Mango y de las abogadas Marcela Sosa, Marcela Roca y Pablo Luppi intervinieron un juez o jueza por cada fuero. Luis Lavedán por el fuero laboral, Alejandro Cabral y Vedia por el fuero civil y Agustina Bagniole por el fuero penal.


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