Los hombres rompen una orden por día en Río Negro, para ejercer violencia
Es alarmante la cantidad de desobediencias a órdenes judiciales vinculadas a causas de género. El principal foco está en la Cuarta Circunscripción, entre Catriel y Fernández Oro.
La indemnización fue fijada por la jueza civil de Neuquén. Foto Archivo.
¿Cuál es el límite de un hombre para controlar su violencia machista? ¿La cárcel? ¿Una condena económica? ¿El escrache social? ¿Un linchamiento? ¿Ninguno? Dentro de los avatares que presenta la violencia de género hay uno que requiere mayor atención de la que recibe desde los poderes del Estado y es la desobediencia a una orden judicial.
Las cifras son alarmantes: cada 24 horas un hombre en Río Negro viola esa orden para volver a ejercer violencia, en la mayoría de los casos contra la expareja. Las frías estadísticas se resignifican en el “caso por caso” que permite adentrarse en el tortuoso camino que transitan muchas mujeres.
El mes pasado una jueza de Cipolletti dispuso la prisión preventiva para un hombre de Villa Manzano por violar la medida cautelar y amenazar de muerte a su ex. En abril, un juez homologó un acuerdo de prisión en suspenso para un hombre de Catriel que en tres semanas irrumpió la medida nueve veces.
Un juez de Familia de Cipolletti fue pionero en disponer de cárcel efectiva en casos violencia que llegaron a su fuero. Incluso lo hizo en una causa por violencia económica. Como el hombre no pagaba la cuota alimentaria lo mandaba al calabozo los fines de semana y le otorgaba la libertad los días hábiles para que pueda trabajar.
Los fallos, que son públicos, están plagados de acuerdos abreviados con penas en suspenso. Es la política del Ministerio Público Fiscal para contar con un antecedente rápido. Pero las condenas primerizas, prácticamente simbólicas, son el resultado de un proceso penal que no tiene muchas más herramientas que la punitivista. Antes hay un proceso, muchas veces largo, que requiere atención.
Qué sucede entre la disposición de una prohibición de acercamiento y la violación de esa orden: el Poder Ejecutivo con su control de policía. Ese rol depende del ministerio de Seguridad. Fuentes del organismo señalaron que el uso del botón antipánico es el más solicitado por la justicia. No es el único, el más eficaz es el dual que también tiene un dispositivo con geolocalización para el agresor, pero hay pocos en la provincia.
El botón antipánico tampoco tiene “buena prensa” para prevenir nuevos hechos de violencia. Semanas atrás, una policía de Río Negro sumergida en un contexto de extrema violencia de género confesó en una audiencia que no hizo uso del dispositivo porque ya era tarde. Contó que si su expareja hubiese querido matarla, lo hubiese hecho antes que llegue el auxilio policial.
“Hace un tiempo vino un equipo de ministerio de Justicia de la Nación a monitorear los sistemas en las provincias”.
Mariano Sacchetti, secretario de Seguridad de Río Negro.
Claramente el proceso penal no es una respuesta a la demanda feminista. Incluso uno de los principales problemas que tienen los fiscales es contener a las víctimas para que no abandonen el proceso. La responsabilidad en este caso recae en la Ofavi (la Oficina de Asistencia a la Víctima) que depende de la Procuración y que muchas veces no logra empoderar a las mujeres.
Meses atrás, se conoció la primera sentencia del fuero civil de Río Negro por un caso de violencia de género. El hecho ocurrió en Catriel y el imputado, que recibió pena en suspenso, deberá pagarle más de cuatro millones de pesos a su expareja. Tal vez la condena económica tenga más resultados que la penal que hasta el momento no ha impactado de forma positiva en las causas de género. Es muy prematuro tener un balance sobre el fuero civil que tras este histórico fallo comenzó a recibir muchas demandas en la provincia.
Río Negro realizó relevamientos en los fueros de Familia, en el Penal y en los Juzgados de Paz. Recientemente el Superior Tribunal de Justicia firmó una acordada para ordenar la intervención de todos los organismos en el tema de la violencia. Ha sucedido que las víctimas acuden a la fiscalía y las derivan al Juzgado de Paz o al de Familia, aún ante la evidencia de un delito penal.
En el penal las opciones son prohibiciones de acercamiento o prisiones preventivas. Esta última posibilidad surgió de una reforma al código procesal que le da más herramientas a las juezas y jueces de garantías.
En el fuero de Familia también existen medidas para hacer cesar la violencia: prohibiciones a concurrir a determinados lugares, rondines policiales, multas y hasta arresto hasta diez días. Uno de los Juzgados de Paz de la región admitió que dicta al menos una medida cautelar por día.
En Familia el número se incrementa a medida que va creciendo la conflictividad y en el penal se mantiene un promedio de tres prisiones preventivas por semana. En números los cinco Juzgados de Paz con más causas de violencia en toda la provincia son San Antonio, El Bolsón, Allen, Catriel y Cinco Saltos.
De los 9.153 expedientes nuevos que entraron a todo el fuero de Familia provincial 5.352 corresponden a violencia de género, lo que representa el 58%. Ningún organismo de Río Negro – siempre en lo referido al fuero de Familia – supera las 500 causas, salvo las tres Unidades Procesales de Roca con 515, 512 y 510 solo en el primer semestre de 2022.
En cambio Cipolletti está al tope de las estadísticas con 609 y 644 expedientes cada juzgado. Por eso a partir del segundo semestre se sumó el tercer juzgado de Familia que funciona bajo la denominación de Unidad Procesal.
El sistema dual, un recurso eficaz en crecimiento
A mediados de 2019, la ministra de Seguridad de Río Negro, Betiana Minor, anunció la implementación del primer sistema dual en la provincia. Se trata de la herramienta más eficaz en materia tecnológica para monitorear y controlar a agresores y víctimas de violencia de género. En estos más de tres años al implementación de nuevos aparatos fue muy escasa: hoy hay cinco dispositivos de este tipo en funcionamiento. La mayoría funcionando en Viedma.
El actual secretario de Seguridad Mariano Sacchetti contó que el procedimiento para sumar nuevos sistemas duales requiere de muchos recursos y logística en la que están trabajando. Además explicó que es la Justicia la que dispone de la demanda.
Actualmente, el ministerio tiene tres unidades de género desparramadas en la provincia: Viedma, Bariloche y Cipolletti que también contempla los casos de Roca. Los equipos interdisciplinarios, conformados por policías, psicólogos, trabajadores sociales trabajan permanentemente en el monitoreo de los casos de género.
La principal demanda actual es el botón antipático que se le otorga a la víctima. Para completar el dual se requiere un sensor de geolocalización al agresor. Sacchetti aseguró que Río Negro es una de las provincias que más avanzó en este aspecto en el país y que incluso tuvo el reconocimiento de Nación por el trabajo que vienen realizando.
“Hace un tiempo vino un equipo de ministerio de Justicia de la Nación a monitorear los sistemas en las provincias y Río Negro tuvo un reconocimiento por el conocimiento de los legajos de las personas que están bajo medidas cautelares. Es importante porque es información a veces e pierde. Si comparamos, Río Negro están entre las cuatro provincias que mejores los aplican”, aseguró el funcionario. Aclaró que hay un riguroso trabajo del uso de los dispositivos.
Dijo que la principal demanda es por el botón antipático, que además es requisito para solicitar el sistema dual. “Hay credibilidad, porque si hay demanda de la justicia es porque el sistema funciona muy bien”, indicó.
Los cambios en el código procesal
A mediados de junio, la Legislatura de Río Negro aprobó por unanimidad la ley que establece modificaciones al Código Procesal Penal, con un eje central: la posibilidad de dictar prisión preventiva efectiva a quienes incurran en delitos contra las mujeres.
La iniciativa que fue propuesta por el oficialismo responde a una demanda social de antaño y que se está utilizando con mucha frecuencia en la provincia. Se trata de la medida cautelar más gravosa, pero necesaria para evitar que los casos graves tengan un trágico desenlace. También es la determinación final para este flagelo de las constantes violaciones a las órdenes judiciales.
La normativa dispuso cambios en los artículos del código que establecen que la medida se aplicara precisamente en casos de violaciones a medidas perimetrales, lesiones leves y amenazas. El proyecto actualiza el contenido de los artículos 109 y 110 del Código Procesal Penal (Ley 5020) y fue presentado por la bancada oficialista a través de Lucas Pica, Julia Fernández, Facundo López y Graciela Valdebenito.
El proyecto recibió aportes de la Secretaría de Estado de Seguridad y Justicia, y del Colegio de Magistrados; también el acompañamiento de los Colegios de Abogados de Bariloche, Viedma y Cipolletti, y generó la adhesión de los Concejos Deliberantes de Cipolletti, Villa Regina, San Antonio Oeste y Viedma.
La iniciativa también fue abordada por el Procurador General, Jorge Crespo, quien remarcó como necesaria la herramienta que promueve el oficialismo, y en ese sentido también se refirió la representante del Colegio de Magistrados, Rita Coustet. El proyecto fue autoría de Facundo López, Graciela Valdebenito, Julia Fernández y Lucas Pica de Juntos Somos Río Negro.
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