Masacre de pingüinos en Punta Tombo: confirmaron la inédita condena al empresario ganadero
La defensa de Ricardo La Regina ofreció donar tierras para ampliar la reserva como parte de un acuerdo para evitar la pena. El Tribunal lo rechazó.
Este miércoles la Cámara Penal de Trelew confirmó la condena impuesta a Ricardo La Regina, el productor ganadero acusado de causar la muerte de pingüinos en la reserva de Punta Tombo en Chubut. El Tribunal rechazó el pedido de probation por parte de la defensa para evitar cumplir la pena.
Los jueces Adrián Barrios, Cesar Zaratiegui y Alejandro Defranco resolvieron -por unanimidad- ratificar la sentencia de primera instancia dictada el pasado 20 de noviembre de 2024, en donde se condenó al empresario por el delito de daño ambiental y crueldad animal.
La Regina fue hallado culpable de haber utilizado maquinaria pesada para abrir un camino en su propiedad, afectando una zona protegida y provocando la muerte de 240 pingüinos de Magallanes y la destrucción de sus respectivos nidos en una reserva natural.
La defensa del acusado, Federico Ruffa, solicitó la suspensión del juicio a prueba (probation) y ofreció a cambio la donación de tierras para ampliar la reserva y así evitar la condena.
Sin embargo, la propuesta fue rechazada por el tribunal ante la oposición de la fiscal general jefe Florencia Gómez, ya que consideró que «era consciente del daño que estaba causando».
Por este motivo, el condenado deberá cumplir la pena de tres años de prisión de ejecución condicional. Además, se ratificó el decomiso de su máquina retroexcavadora y que también deberá colaborar con las tareas de preservación del ecosistema dañado.
Masacre de pingüinos en Punta Tombo: un precedente histórico en la justicia ambiental
Desde el Ministerio Público Fiscal de Chubut destacaron que el caso no tiene antecedentes en la justicia argentina. La investigación por parte de la fiscalía duró tres años para lograr determinar cómo fue la destrucción de más de 2.049 metros cuadrados de colonia y la muerte de cientos de animales.
«El juicio puso en evidencia las dificultades inherentes a los casos de delitos ambientales. La escasez de pruebas físicas, la lejanía de la zona y la complejidad de las investigaciones representaron desafíos considerables para la fiscalía», resaltaron.
Por este motivo, destacaron que el fallo es «un hito en la protección de la fauna» y que también sienta un «precedente para la justicia ambiental en el país».
«La sentencia demuestra que es posible lograr condenas en casos de delitos contra el medio ambiente, incluso cuando existen presiones económicas en juego«, concluyeron.
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