Mascardi: Rechazaron el pedido para liberar a mujeres mapuches que cumplen arresto domiciliario

Betiana Ayelén Colhuan, Martha Luciana Jaramillo y Romina Rosas llevan 7 meses de prisión domiciliaria por la usurpación de predios en Villa Mascardi.

«Echando mano a argumentos insólitos y con una alta cuota de deshonestidad intelectual, nuevamente rechazaron nuestro enésimo pedido de excarcelación«, cuestionó Eduardo Soarez, abogado defensor de Betiana Ayelén Colhuan, Martha Luciana Jaramillo y Romina Rosas, las tres mujeres mapuches que están detenidas desde el 4 de octubre pasado tras el desalojo de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu de los predios usurpados en Villa Mascardi.

Soarez, integrante de la Asociación Civil de la Gremial de Abogados de Argentina, reiteró el pedido de excarcelación este martes en el Juzgado Federal de Bariloche, que subroga el magistrado Gustavo Villanueva.

Colhuan, Jaramillo y Rosas están imputadas -al igual que otros miembros de la comunidad mapuche- por la usurpación de un predio de Parques Nacionales, en Villa Mascardi, a principios de noviembre de 2017. Cumplen arresto domiciliario en la Ruka Mapuche, al este de Bariloche.

Serán juzgadas cuando finalice el plazo de 90 días hábiles dispuesto por el juez federal Hugo Greca, a fin de esperar los resultados de la mesa de diálogo convocada por el gobierno nacional. Sin embargo, el último encuentro se llevó a cabo en febrero y los referentes de Nación no volvieron a contactarse con los referentes mapuches. La suspensión del proceso concluye a fines de junio próximo.

«Hemos tenido muchos rechazos pero éste en particular es una clara nuestra del apriete extorsivo. Muestra también cómo en los hechos, las posturas de la Fiscalía y del juez coinciden plenamente con las conductas incumplidoras de acuerdos del Gobierno Nacional», indicó.

Definió la situación como «un movimiento de pinzas»: «El Tribunal rechaza las excarcelaciones y estira la resolución de la causa indefinidamente. Con eso, el gobierno nacional incumple los acuerdos de la mal llamada mesa de diálogo«.

«A las prisioneras mapuche -continuó Soarez-, las ponen cada vez más entre la espada del Tribunal y la pared del Gobierno. Frente a esta situación, el gobierno, y en especial Parques Nacionales, puede no sólo incumplir sino volver a bajar las propuestas hasta hacerlas prácticamente un contrato de adhesión.


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