Muerte del soldado en Zapala: como en el caso Carrasco, desdoblaron la investigación
El juez investigará el homicidio y la fiscalía se hará cargo del encubrimiento, sobre el cual cuenta con algunas pistas firmes. No hay buenos antecedentes de decisiones similares.
Pablo Córdoba murió el 1 de junio, mientras hacía guardia en Zapala, Neuquén. Se investiga su asesinato y el encubrimiento. (Archivo/Matías Subat)
Si algo pretendía el Ejército, y se lo dijo explícitamente a Juan José Córdoba, era que no se comparara la muerte de su hijo Pablo con el asesinato del soldado Omar Carrasco. Ambos hechos ocurrieron en el grupo de Artillería de Zapala, uno en marzo de 1994, el otro el 1 de junio del 2023. Sin embargo, los puntos de coincidencia son cada vez más notables.
En la muerte del soldado Carrasco y en la muerte del soldado Córdoba se intentó desviar la investigación hacia hipótesis alejadas del homicidio. En ambos casos se metió el Ejército con un sumario paralelo, que utilizó para intimidar y presionar a potenciales testigos. En ambos casos los dejó hacer un juez federal subrogante porque el juzgado de Zapala estaba vacante.
Y ahora se sabe que, tal como hizo Rubén Caro hace 29 años, el juez Horacio Greca decidió separar las investigaciones: por un lado el homicidio, y por el otro el encubrimiento. Por si hace falta recordarlo, la causa Carrasco II se extinguió por el paso del tiempo. La I (el homicidio) se cerró con tres condenas que hasta el día de hoy encierran más dudas que certezas.
Llegar al punto de partida
¿Cómo se llegó a este momento? La semana pasada la fiscal federal interina Karina Martínez Stagnaro le pidió al juez Greca que recaratule el expediente principal, de «muerte dudosa» a «homicidio» y que investigue el presunto encubrimiento, sobre el que hay algunas pistas serias. Dejó a criterio del magistrado que si lo considera adecuado, abra una causa por separado.
Para la fiscal, Pablo Córdoba fue asesinado y si bien todavía no se sabe por quién, existen indicios de que hay maniobras de encubrimiento para impedir que se llegue a la verdad. Lo mismo piensan Juan José Córdoba y Natalia Uribe, padres de la víctima, y su abogado querellante Maximiliano Orpianessi, quienes han reclamado en reiteradas ocasiones que se recaratule la causa.
Aunque el homicidio y su encubrimiento están íntimamente vinculados, el juez tomó la sugerencia fiscal y desdobló el expediente. Por un lado investigará el crimen, y por otro lado el encubrimiento.
La «invitación» a la fiscal
Además, el juez le delegó la investigación del encubrimiento a la fiscal Martínez Stagnaro, y la «invitó» a que se hiciera cargo de la causa por homicidio.
La fiscal aceptó investigar el encubrimiento, pero sobre el homicidio le respondió al juez que procesalmente era imposible que se hiciera cargo de una investigación que el magistrado tuvo casi seis meses en su poder. Planteó que a futuro pueden producirse nulidades que afectarían la averiguación de la verdad.
Expedientes superpuestos
De esta manera, el homicidio y el encubrimiento se investigarán en expedientes separados, con diferentes directores -en el primer caso, el juez; en el segundo, la fiscal- aunque Greca tendrá la última palabra en los dos.
Y además, los testigos de las dos investigaciones son prácticamente los mismos y casi todos ya declararon, aunque fueron interrogados por la «muerte dudosa» de Pablo.
Cómo fue el caso Carrasco II
Para los memoriosos, la causa Carrasco II (para investigar el encubrimiento del asesinato del soldado de Cutral Co) se abrió cuando el entonces jefe del Ejército en Neuquén, general Carlos Díaz, le dijo a una periodista que habían encontrado el cadáver cinco horas antes del hallazgo «oficial».
La causa por encubrimiento llegó a tener una veintena de imputados, entre ellos altos oficiales de Inteligencia Militar y el jefe del Grupo de Artillería, el por entonces teniente coronel Guillermo With.
Existen muchas dudas respecto de dónde estaba With a la hora que golpearon a Carrasco hasta dejarlo al borde de la muerte, y también sobre su conducta posterior.
Cuando hallaron oficicialmente el cadáver de Carrasco, el 6 de abril de 1994 a las 16:30, el Ejército comenzó a sembrar hipótesis: murió de frío; murió cuando intentaba desertar; murió de muerte natural. La autopsia reveló que tenía tres costillas rotas, y que lo habían asesinado.
Su muerte marcó el final del servicio militar obligatorio, que cada tanto algunos voceros tratan de reinstalar. La causa del encubrimiento se cerró por prescripción 11 años después.
La hipótesis del suicidio
Cuando murió Pablo Córdoba, el jefe del Grupo de Artillería era el teniente coronel Isidro Germán Green. Fue este militar el que informó a la policía federal, el 1 de junio a la madrugada, que un soldado «se había quitado la vida».
Recién cuando se conoció que el joven tenía dos disparos en distintos sectores de la cabeza se empezó a poner en duda esa versión.
Los padres de la víctima remarcan que Green fue el primero en instalar la hipótesis del suicidio, que hasta el día de hoy ronda como teoría por el juzgado federal.
Como muchos otros jefes militares de Zapala que estuvieron el 1 de junio, Green será trasladado. El 5 de diciembre próximo lo reemplazará el teniente coronel José Miguel Coria Rotula.
Otro ataque contra el padre de Pablo
Al respecto, el ahora comandante de la Sexta Brigada de Montaña, general de brigada Hugo Alejandro Tabbia, le pidió al juez Hugo Greca que tome alguna medida para impedir que ese día ingrese al cuartel el padre de Pablo, el suboficial principal Juan José Córdoba Salto.
Una medida cautelar dictada por el juzgado impide que militares de mayor graduación se le acerquen a Juan José.
El objetivo de Tabbia, quien no ocultó sus contactos con Greca, es evitar que se repita lo que sucedió el 17 de agosto durante la jura de la bandera: Juan José pidió permiso para hablar en el acto, y dijo que «el o los asesinos de mi hijo están formados aquí entre nosotros o llevan el mismo uniforme«.
Esta vez, Greca le contestó a Tabbia que el pedido resulta «improcedente», pero le dejó abierta una puerta: dijo el juez que «el personal militar podrá intervenir en su faz disciplinaria interna y eventualmente ante la posibilidad de la comisión de un delito de acción pública, solicitar a las fuerzas de seguridad federales su intervención preventiva».
El Ejército ya amenazó a Juan José Córdoba Salto con sancionarlo si sigue «lastimando la imagen de la institución». Lo que hace el padre de Pablo es reclamar justicia y apuntar hacia lo que ahora, oficialmente, debe investigarse: el asesinato de su hijo dentro de instalaciones militares mientras cumplía con su deber.
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