Pagarán 100.000 pesos para evitar una condena por golpear a un egresado en Bariloche

El juez Juan Pablo Laurence dispuso la suspensión del juicio a prueba por las lesiones graves que sufrió un egresado de la provincia de Buenos Aires en Bariloche que, luego de ser golpeado por otros estudiantes en su habitación del complejo hotelero Huinid, se arrojó por la ventana desde un segundo piso.

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“¿Han entendido el desarrollo de esta audiencia?”, preguntó el juez a tres de los estudiantes imputados. “Lo que pide el defensor -añadió- es que esta investigación se suspenda por el término de un año y si cumplen todas las pautas, el legajo se podría cerrar de manera definitiva con el sobreseimiento en favor de ustedes”. Sin dudarlos, los jóvenes respondieron de manera afirmativa.

El hecho ocurrió el 27 de marzo del 2021, entre las 17 y las 21, en una habitación del hotel Pioneros de Huinid. El fiscal Gerardo Miranda relató que se produjo “de común acuerdo entre los autores o imputados que se hicieron presentes en una habitación. Tocaron la puerta y la empujaron para ingresar a la fuerza. Le dieron puñetazos a Medrano que se arrojó por la ventana para evitar los golpes”. Mencionó que los cinco imputados “no le dejaron otra escapatoria: o se arrojaba por la ventana o recibía la agresión. Producto de esta caída presentó lesiones de carácter grave”.

Laurence aceptó la propuesta consensuada entre la defensa, la querella y la fiscalía de suspender el juicio a prueba basándose en que los estudiantes no tienen antecedentes penales, “la índole del delito” y una reparación económica razonable con la víctima. Aclaró que ésta última es “de índole simbólica” y no está vinculada con el reclamo civil que pueda iniciar a futuro el querellante.

Más allá de la reparación de 100.000 pesos por parte de cada familia de los imputados a la víctima, se establecieron otras pautas de conducta. Los jóvenes deberán mantener el domicilio denunciado, no podrán cometer delitos, deberán cumplir con 80 horas de tareas comunitarias y presentar certificados de alumnos regulares cada tres meses. Se decidió mantener vigente la prohibición de acercamiento y contacto con la víctima hasta el 17 de agosto del año próximo.

Miranda pidió 30 días más de investigación en caso de que “los imputados no cumplan las pautas”. “No es un beneficio sino un derecho. Este hecho tiene una calificación legal con una pena en suspenso. Es aplicable la suspensión del juicio a prueba. No puedo perder de vista que una condena frustraría el proyecto de vida de los imputados que son jóvenes y tampoco cambiaría la vida de la víctima que tendrá la vía civil para reclamar”, señaló Miranda.

Informe socioambiental

Durante toda la audiencia, tanto la defensa como la querella hablaron de una “reparación económica razonable” de 100.000 pesos por parte de cada familia de los imputados a la víctima en una sola cuota. El monto surgió a partir de un informe socioambiental.

El abogado defensor de los tres imputados, Marcos Miguel, recalcó que los “100 mil pesos no provienen de sus ingresos -son estudiantes universitarios- sino que sus familias reunieron la suma con gran esfuerzo desde noviembre. La madre de uno de mis asistidos vende tortas, por ejemplo, otra despacha nafta”.

En tanto, el abogado querellante Pablo Calello, resaltó que las pautas de conducta del acuerdo se consensuaron con la fiscalía y la defensa. “La querella va a proporcionar una cuenta para la transferencia de la reparación económica y deja en claro que esto no quita un futuro reclamo civil de los familiares de nuestro asistido. También pedimos que se informe a la querella sobre los lugares dispuestos para las 80 horas de trabajo comunitario”, advirtió.

Los otros dos imputados son menores de edad y por lo tanto, son asistidos por Defensores de Menores. Miranda indicó que se avanza “en el mismo camino” y alertó que “si no cumplen con estas pautas, nos veremos en un juicio”.