Presos en comisarías en Bariloche, un conflicto sin solución

El juzgado de ejecución penal de Bariloche ordenó el traslado a una unidad carcelaria de un preso con condena firme que permanece alojado en la subcomisaría 80 del barrio San Francisco, al atender un hábeas corpus en cuya redacción el propio interno describió la crítica situación que enfrenta en esa unidad.

La demanda repite en sus términos otras anteriores del mismo tipo y pone en evidencia la grave crisis carcelaria que se registra en esta ciudad, donde el Penal III está saturado desde hace años y la solución provisoria -que se tornó permanente- fue la de repartir presos en diversas comisarías, donde no hay instalaciones ni personal apropiado.

La jueza Sandra Ragusa admitió en su sentencia el hábeas corpus que interpuso el interno y fijó un plazo “improrrogable” de 72 horas para que lo trasladen “a un establecimiento cerrado de la provincia”, es decir una cárcel común.

Este medio intentó averiguar cuántos presos cumplen privación de la libertad en unidades policiales en Bariloche, y cuál es la población actual del penal III, pero no hubo respuesta.

Ragusa concedió el recurso, aunque amonestó al preso por la vehemencia de su planteo. “En relación con el reclamo de estar alojado en un establecimiento carcelario, dada su condición de condenado, no hay duda que le asiste razón”, escribió en el fallo. También subrayó que el personal policial “no está capacitado para la custodia permanente de condenados”.

Sin embargo, Ragusa advirtió en otro párrafo sobre “el tono imperativo, de exigencia y de imposición que emplea el condenado en su manuscrito, con profusa citas de normas y jurisprudencia”. Le recordó que según la Declaración Americana de Derechos Humanos existe también “el deber de obediencia a la ley” y también que “toda persona tiene el deber de obedecer a la ley y demás mandamientos legítimos de las autoridades de su país y de aquel en que se encuentre”.

El abogado del demandante, Alejandro Pschunder, dijo que no se trata de un único caso, que hay muchos en igual condición de vulnerabilidad, porque “las comisarías están llenas de presos” y que difícilmente vaya a cambiar ese cuadro de situación mientras la provincia no construya una nueva cárcel en Bariloche.

Señaló que si no hay más hábeas corpus es porque los internos a veces aceptan esas condiciones vejatorias para que no los envíen a otra ciudad y perder contacto con sus familiares. “Yo si me piden un hábeas corpus les advierto que seguramente se lo conceden, pero la orden es para que el Servicio Penitenciario los envíe a donde haya lugar. Y puede que no sea en Bariloche, que los manden a Cipolletti o a Viedma”, explicó.

El preso de la subcomisaría 80 que recurrió a la justicia para forzar el traslado, aseguró en su escrito que mantenía “comunicación” con otros presos alojados en el penal III, quienes le aseguraron que “en el pabellón 2-2 hay lugar para más internos”. Pschunder dijo que “sí, se pasan esos datos, pero no siempre es así. En el penal hay un gran hacinamiento, de a cinco o seis por celda”.

Condiciones “indignas y crueles”

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El interno que apeló al hábeas corpus “correctivo” fue condenado hace pocos meses a tres años de prisión efectiva por robo y tiene otra pena por cumplir en Chubut. Reclamó un cambio en el lugar detención para que “de esa manera cesen las condiciones indignas y crueles” que hoy padece.

Dijo que en la subcomisaría donde vive no hubo agua durante cuarenta días, por lo que no pudo bañarse, que el único inodoro estuvo tapado durante un mes, que no tiene derecho a visitas “ni a salir a un patio”.

Aseguró que sufren intenso frío por las noches. También se quejó de no poder acceder a “educación”, y señaló que ese es su principal propósito “en este proceso de reinserción social”, para superar a futuro evaluaciones de conducta y beneficiarse con salidas transitorias “o a trabajar en un taller”.

Sostuvo que tiene dos hijos de 4 y 6 años y no puede verlos, que duermen “hacinados” y que en la unidad policial “no hay camas ni nada que se parezca”.

Esto último fue desmentido por jueza luego de una visita de inspección en la que comprobó que el calabozo donde cumple la pena “es un lugar amplio con cuatro camas y cuatro detenidos en total, pileta con agua en perfecto estado de higiene y muy calefaccionado por medio de un caloventor eléctrico”.

Observó que en ese y otros casos los juzgados que imponen las condenas no objetan el lugar de detención. “Hemos constatado las condiciones de su alojamiento, las que de ninguna manera revisten el carácter apocalíptico que inventa”, anotó la jueza. Aun así, concedió que “el planteo realizado por el representante constituye una cuestión de puro derecho cuya resolución favorable no admite más dilación”. Y por eso ordenó disponer su inmediato traslado.

El abogado Pschunder advirtió que las condiciones no son tan favorables como lo indica la jueza, de lo contrario no hubiera existido en agosto una protesta con quema de colchones en esa misma subcomisaría.

Dijo que la situación de los presos en todo Río Negro y en especial en Bariloche, colisiona de lleno con lo establecido en el Pacto de San José de Costa Rica y otros tratados de derechos humanos y expone a la provincia a una condena internacional.