Crece el número de presos alojados en comisarías de Neuquén y Río Negro
En las unidades policiales de las dos provincias sumaban hasta hace dos semanas más de 220 detenidos por falta de plazas en las cárceles. En Neuquén la situación es grave desde hace meses y obligó a la Legislatura a sancionar una ley que declaró la emergencia penitenciaria. Había hasta el 14 de febrero pasado 142 alojados en comisarías neuquinas, entre condenados y procesados.
En la comisaría Tercera de Roca hubo días atrás hasta 17 detenidos por falta de plazas en el penal local. Foto Andrés Maripe
“La celda no tiene más de cuatro metros cuadrados. La última vez que estuve ahí había seis personas. Estaban hacinados. No hay posibilidad de reinserción social con esas condiciones de vida”. La reflexión es de un funcionario judicial que hace sólo unos días estuvo en una de las celdas de la Comisaría 31 de Roca.
La práctica es habitual. Como el Establecimiento de Ejecución Penal 2 ya no cuenta con espacio para nuevos internos, desde hace varios meses que las comisarías de la ciudad se han visto superadas por el ingreso de reclusos (en su mayoría con condena) que deberían estar a disposición del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) en un centro de detención.
En la provincia de Río Negro, Roca encabeza la nómina, con 52 internos en comisarías, mientras que en Cipolletti el número alcanza a los 20. En Bariloche, la cifra se reducen a 8 detenidos en unidades policiales y en Viedma no han tenido internos en comisarías en las últimas semanas.
La situación carcelaria en Río Negro también es compleja. En el penal 2 de Roca se llevan adelante obras de ampliación para poder albergar a un número de internos que hoy no tienen una plaza asegurada.
“En su mayoría se trata de personas que están condenadas o detenidas en el marco de causas por violencia de género. Ellos no tienen una ubicación en el penal porque el resto de los internos los agrede, así que se los traslada a una comisaría”, reveló una fuente del SPP consultada por este diario.
El caso más emblemático es el de la Comisaría Tercera, la más importante de Roca y que se encuentra ubicada en pleno centro. Allí había hasta ayer 14 reclusos alojados, pero días atrás hubo hasta 17 .
Problemas para la Policía
Tener internos condenados en una comisaría pone en riesgo todo el sistema. “Algunas veces son personas que tienen condenas por otros delitos y la seguridad no siempre es la ideal para este tipo de casos”, recordó un comisario consultado por este tema. Y en esta línea señaló la fuga de octubre del 2023, cuando dos internos escaparon de esa sede policial ubicada en Sarmiento y 9 de Julio.
Hay un segundo tema que no resulta menor. Y es que no están dadas las condiciones mínimas para mantenerlos detenidos durante períodos prolongados.
Todos los días se tiene que disponer de recursos para alimentarlos. “Al mediodía y a la noche se envía un móvil a buscar la comida. Ahí se gasta nafta y personal que podría estar destinado a otras tareas que hacen a la seguridad”, dijo la fuente policial quien por cuestiones de seguridad, pidió reserva de su identidad.
“A eso hay que sumarle la higiene y las necesidades básicas de los internos que no están garantizadas”, agregó.
En total, la cifra se reparte de la siguiente manera: comisaría 31 (4 detenidos), Unidad 47 (3 detenidos), Unidad Tercera (11 detenidos), Unidad 21 (8), Unidad 22 de Cervantes (1 detenido).
En Allen, en la Unidad 22 (9), en Villa Regina hay 1 en la Unidad 35 y 4 en la Comisaría Quinta.
En Ingeniero Huergo hay 1 en Choele Choel otro y en General Godoy está alojado otro recluso.
La ampliación del penal de Roca
La salida para esta compleja situación carcelaria está en marcha aseguran desde el Gobierno de Río Negro. Y todo apunta a que antes de que finalice el 2024 terminarán la obra de ampliación del Penal 2 de Roca. Allí se están ampliando un espacio para la apertura de 14 nuevas celdas que permitirán alojar a unos 108 internos de distintas zonas de la provincia.
La obra está a cargo de la empresa Moccciola SA, y cuenta con una inversión que asciende a $314.899.314. Fuentes del Ministerio de Obras Públicas indicaron ayer que el avance de los trabajos es del 46% y podría estar finalizado en un plazo no mayor a los seis meses.
En Bariloche hay superpoblación carcelaria
Desde hace años se escuchan diagnósticos de las pésimas condiciones de detención de los condenados y procesados con preventiva alojados en el penal 3 de Bariloche. A raíz de la falta de plazas, los jueces de garantías y de juicio no tienen otra alternativa que disponer prisiones preventivas a cumplir en comisarías de esta ciudad y de Dina Huapi.
En algunas ocasiones, autorizan que la preventiva el imputado la cumpla con la modalidad de detención domiciliaria, con una tobillera electrónica, para vigilar sus movimientos.
A mediados de 2015, el entonces juez de Ejecución Penal de esta ciudad Juan Martín Arroyo había ordenado en un fallo, tras admitir un amparo, un cupo máximo de 94 detenidos en el penal de Bariloche y había exigido a la Provincia hacer obras en ese edificio. Hubo algunas remodelaciones para ampliar la capacidad, pero hoy está desbordada, advirtieron desde el Ministerio Público de la Defensa.
Señalan que las comisarías de la ciudad no están en condiciones de mantener personas arrestadas. Pero no hay otra opción.
Neuquén en emergencia
Los Gobiernos de Neuquén y de Río Negro implementaron el sistema procesal penal acusatorio para dejar atrás el antiguo sistema inquisitivo mixto. Según los especialistas ese sistema trajo aires de cambio. El Poder Judicial de Neuquén lo aplicó desde enero de 2014 y el rionegrino lo puso en vigencia desde el 1 de agosto de 2017.
Hubo recursos millonarios en ambas jurisdicciones para encarar el nuevo desafío, que estaba en sintonía que lo que prevé la Constitución nacional. Sin embargo, las dos provincias omitieron invertir en el sistema carcelario que de acuerdo a la nueva dinámica procesal multiplicó los detenidos con prisión preventiva y los condenados.
Los informes anuales del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena, elaborados por la Dirección de Política Criminal, que dependía del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos consignó que en 2014, en el primer año de la implementación del modelo acusatorio en Neuquén había 237 personas condenadas en las ocho unidades de detención que depende del Gobierno provincial, sin contar la cárcel federal de Senillosa. Y había 87 procesados detenidos con prisión preventiva.
Casi diez años después, los datos que el Ministerio de Seguridad neuquino, que conduce el exjuez Matías Nicolini, difundió a los legisladores provinciales señalaron que hasta el 14 de febrero pasado había 682 detenidos: 540 condenados en unidades de detención, 55 personas condenadas alojadas en comisarías neuquinas y 87 detenidos con preventiva en unidades policiales. Por supuesto, que son datos que no son estables. Cambian todo el tiempo por la dinámica del delito.
Una fuga preocupante
El domingo 11 de febrero último, seis internos alojados en la comisaría Tercera de Neuquén capital escaparon. Solo capturaron a uno. Los cinco restantes siguen prófugos, informaron ayer desde el MPF. Entre los evadidos está Marcelo Sosa, condenado a perpetua por el crimen de Miguel Ángel “Ruso” Auer. Sosa debería haber estado en un penal. Pero no hay plazas en las cárceles neuquinas.
El incremento de la población carcelaria desde 2014 hasta la fecha ronda el 251%. Es decir, que aumentó en 358 condenados, con prácticamente las mismas unidades de detención en la provincia. Fuentes judiciales recordaron ayer que se iniciaron trabajos el año pasado para ampliar un pabelllón de la U-11 de Neuquén capital. Aún así, el déficit es grave.
La ley de emergencia penitenciaria
Estiman que faltan al menos 152 plazas en las unidades de detención. Por eso, los legisladores neuquinos sancionó por mayoría el 16 de este mes la ley que declara la emergencia penitenciaria .
El gobernador Rolando Figueroa promovió el proyecto de ley que incluye una autorización para manejar crédito público por hasta 50 millones de dólares. Con esos recursos, Figueroa pretende supuestamente afrontar la crisis del sistema, la falta de infraestructura de servicios y la superpoblación carcelaria.
Diario RÍO NEGRO intentó comunicarse con Nicolini, pero en el área de prensa no hubo respuestas.
En esas condiciones de detención donde las personas conviven con el hacinamiento y la falta de políticas de readaptación social es muy complicado que se logre el mínimo de los estándares que establece la Constitución provincial y nacional.
“Las cárceles y todos los demás lugares destinados al cumplimiento de penas de privación de libertad, en la Provincia, serán sanas y limpias y organizadas sobre la base de obtener primordialmente la reeducación y readaptación del detenido, mediante el trabajo productivo y remunerado. Toda medida que, a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos física o moralmente, hará responsable al que la ejecuta, autoriza o consienta”, dice el artículo 70 de la Carta Magna Neuquina. El artículo 18 de la Constitución nacional también pregona “cárceles sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los detenidos…”
La Constitución rionegrina tiene idéntico espíritu. Aún los legisladores no declararon la emergencia carcelaria, pero los problemas de hacinamiento y conflictos son cotidianos, sobre todo, en el penal de Bariloche.
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