Quiénes se postulan al concurso para administrar el Poder Judicial de Neuquén: las tres nuevas caras
El Tribunal Superior de Justicia cerró la inscripción de la segunda convocatoria. El listado de contadores y contadoras incluye a un excandidato a intendente, un funcionario de Economía y una exintegrante de la Oficina Anticorrupción de AFIP.
Es un requisito excluyente para participar tener diez años de experiencia laboral en áreas de gestión. Foto Cecilia Maletti.
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Soledad Gennari, y los cuatro vocales, Alfredo Elosú Larumbe, Evaldo Moya, Gustavo Mazieres y Germán Busamia deberán ponerse de acuerdo este año para definir quien será el administrador o administradora general de los deteriorados fondos que tendrá en 2024 el Poder Judicial de la provincia. Es el segundo llamado a concurso para cubrir este cargo, uno de los más altos del escalafón.
En un año de ajustes, el TSJ de Neuquén buscará un nuevo administrador de sus fondos
La primera convocatoria se abrió en agosto de 2022, se anotaron 15 profesionales y en noviembre de 2023, luego de languidecer por más de un año, se dejó sin efecto. En esa oportunidad se anotaron desde la actual tesorera general de la provincia, Cecilia Bercovich, hasta Tomás Siegenthaler, acusado de ser uno de los líderes de la asociación ilícita que perpetró la megaestafa con planes sociales.
La función del administrador o administradora consiste en asesorar al TSJ sobre la política presupuestaria. En los hechos es quien lleva los números: por ejemplo participa de las mesas de negociación salarial con el sindicato Sejun, va a la Legislatura para explicar cuánto dinero necesita el Poder Judicial para funcionar. Tiene dependencia directa de la presidencia y su sueldo equivale al de un juez o jueza de Cámara.
Esta semana cerró el plazo de inscripción para el segundo llamado. Los requisitos excluyentes para presentarse eran: tener título de contador o contadora pública, diez años de experiencia laboral en áreas de gestión (contable, administrativa, impositiva, financiera o pública) y siete como mínimo en puestos de conducción con personal a cargo.
De los siete aspirantes hay cuatro que ya concursaron. En este grupo están Karina Reina, que es directora general de administración del Poder Judicial y la subrogante del puesto, y Jorge Diez, que es subdirector de infraestructura judicial. También Darío Brugues, que fue director general de administración de la Legislatura durante la gestión de Rolando Figueroa, y Viviana Den Hartog, subsecretaria de gestión de contrataciones de obras del municipio de Neuquén.
Entre los tres profesionales que aparecieron esta vez figura Diego Nicolás De Vega, candidato a intendente de Chos Malal en 2023 por el Movimiento Popular Neuquino. Egresado de la Universidad Nacional del Comahue fue secretario de Economía del municipio. Se inició en los equipos de Figueroa y respaldaba la candidatura a gobernador de Marcos Koopmann. En las elecciones del 16 de abril quedó en el segundo lugar con el 24,81% de los votos.
Daniel Ricardo Rimada es otra de las nuevas caras. Según su perfil de Linkedin es coordinador general del ministerio de Economía desde febrero de 2023. Tuvo un paso por Salud y Educación.
La última es Daniela Borojevic, contadora, abogada y magíster en Marketing de Servicios. Compitió en las elecciones del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia en 2021 e integró el Tribunal de Ética junto a Bercovich.
Allí se presentaba como integrante de la Oficina Anticorrupción de la AFIP hasta 2002, CEO en empresa petrolera (sin mencionar qué compañía) hasta 2010 y auxiliar de la justicia en los fueros civil y laboral. Dice que es co-autora de dos libros: «Delitos de cuello blanco» y «Neurociencia de la pobreza» que están disponibles en Amazon.
Próximos pasos
Una vez que se publica el listado no hay plazos. Es la presidenta y los vocales que deben evaluar los antecedentes y elegir a quién consideren. Pueden entrevistarlos, si gustan.
Este es un año especialmente álgido en cuanto a coberturas de vacantes. Sejun reclamó que se ocupen puestos pendientes, pero lo cierto es que la presidenta dispuso que se examine en cada caso la conveniencia.
El Poder Judicial tiene previsto para 2024 un presupuesto de 102 mil millones de pesos. El Ejecutivo tiene la potestad de auxiliarlo a suma discreción con la vigencia del Fondo de Estabilización Presupuestaria.
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