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En un año de ajustes, el TSJ de Neuquén buscará un nuevo administrador de sus fondos
El concurso que estaba en marcha quedó vacante por "el paso del tiempo". Entre los aspirantes al cargo figuraba uno de los acusados de liderar la escandalosa estafa con planes sociales.
El Poder Judicial previó un presupuesto para 2024 de $102.500 millones. Foto Matías Subat.
«No pasó nada», respondió la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén (TSJ), Soledad Gennari, cuando Diario RÍO NEGRO le preguntó el motivo por el que dejó sin efecto el concurso que estaba en marcha para cubrir el cargo de administrador general del Poder Judicial. La historia indica lo contrario: desde que se abrió el llamado hasta que quedó vacante pasó de todo.
En agosto de 2022 un total de 15 profesionales -de los cuales 14 cumplían los requisitos- se anotaron para concursar. El puesto es de jerarquía: quien administra los fondos del Poder Judicial cobra el equivalente al sueldo de un juez o jueza de Cámara, que en la actualidad ronda los $2,5 millones (salario bruto mínimo, sobre el que se aplican los descuentos).
Tiene dependencia directa con la presidencia del tribunal. Entre sus funciones está la de elaborar el presupuesto anual y participar de las negociaciones salariales con el sindicato Sejun.
La selección es completamente discrecional: son los cuatro vocales y la vocal del TSJ quienes miran el listado, entrevistan y definen. Ni siquiera tienen un plazo para cubrirlo. Lo que deben hacer es acordar un nombre.
Había que sortear tres condiciones excluyentes para participar del concurso: tener el título de contadora o contador, diez años de experiencia laboral en áreas de Gestión Públicas y siete en puestos de conducción con personal a cargo.
Esto hizo que el grueso de quienes aspiraban a quedarse con la vacante provinieran justamente de algún área del Estado provincial.
La derrota del sector azul del MPN en las elecciones del 16 de abril pasado cambió completamente el panorama (y las preferencias). De los siete del TSJ (incluido fiscal y defensora) cuatro fueron propuestos por Jorge Sapag y tres por Omar Gutiérrez.
Entre las concursantes estaba por ejemplo Cecilia Bercovich, que integró la mesa de la transición del gobernador electo Rolando Figueroa, y que ayer fue designada por la Legislatura como tesorera general de la provincia, con el único voto en contra de la izquierda.
Una de las críticas que enarboló Figueroa fue la falta de avances en la investigación por la estafa con planes sociales. Esto derivó en que la fiscalía ampliara las imputaciones y alcanzara a otro de los concursantes: Tomás Siegenthaler, coordinador provincial de administración del ministerio de Desarrollo Social, acusado de ser uno de los líderes de la asociación ilícita.
El TSJ podría haber salido del laberinto por arriba y nombrado a quien está subrogando actualmente el puesto, Karina Reina, que también se anotó. Pero no, claramente no había nadie que lograra reunir el apoyo de la mayoría.
La presidenta dispuso este mes por decreto dejar vacante el llamado a concurso, con el fundamento de que ya había pasado «más de un año», y sin entrevistar a ninguna de las personas que se postularon.
Un nuevo llamado
Gennari aseguró que es una facultad discrecional que tiene el tribunal, más allá de cualquier especulación que pueda hacerse, y que quienes ya se inscribieron pueden volver a hacerlo.
Él o la que se quede finalmente con el puesto tendrá que enfrentar un 2024 complejo: a las propias internas entre vocales (que incluye la posibilidad de la reelección), se suma un presupuesto previsto para el año próximo de $102.500 millones con dependencia absoluta de las erogaciones de Figueroa, que tendrá un fondo especial a discreción para asignar recursos, y con un presidente electo enfocado en hacer ajustes.
A esto se agrega la protesta de Sejun, que pide partidas para poner en marcha el convenio colectivo de trabajo, que entre otros capítulos contiene el protocolo para la prevención y actuación en casos de violencia laboral y de género.
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