Roca tiene su primer juez para las causas que involucren al Estado
Matías Lafuente fue designado por el Consejo de la Magistratura. También se desestimó el juicio político contra dos camaristas.
El abogado Matías Lafuente fue elegido hoy como primer juez del fuero contencioso administrativo en la Segunda Circunscripción de Río Negro. La designación había generado interés en diferentes ámbitos políticos e institucionales, porque se trata del magistrado que intervendrá en todos los litigios que tengan al Estado como protagonista, en la zona que se extiende de Allen a Río Colorado y que incluye a parte de la Región Sur.
El actual titular del Tribunal de Disciplina de la Policía y exasesor legal del gremio docente Unter ganó el concurso con 93,21 puntos.
Los otros dos postulantes que llegaron a la instancia final también consiguieron altas calificaciones. Federico Ambroggio culminó con 88,16 puntos y Diego Fuentes con 84, a partir de los puntajes obtenidos por sus antecedentes, en el examen de oposición y en la entrevista personal de hoy.
Luego de conocer sus puntos de vista sobre el funcionamiento del flamante fuero del Poder Judicial provincial, el Consejo de la Magistratura se inclinó por mayoría por Lafuente, quien asumirá al frente del Juzgado 15.
El abogado logró 40 puntos luego de su exposición ante los consejeros, donde planteó la necesidad de “pensar la implementación del fuero contencioso administrativo a través de una faz pedagógica”.
“Me tocó ver todo este proceso, trabajando y proponiendo desde afuera para que el sistema mejore. Entiendo que en este momento estoy en condiciones de aportar desde el otro lado del mostrador”, sostuvo Lafuente, quien es egresado de la Universidad Nacional del Comahue.
Uno de los aspectos que le permitieron marcar una diferencia ante sus competidores fue la presentación en la sesión de un proyecto para la puesta en marcha del nuevo juzgado, con metas a corto, mediano y largo plazo.
La asignación de un mayor puntaje en la entrevista y la moción para que sea designado fue avalada por los consejeros del Colegio de Abogados General Roca -Gabriela Lastreto, Nicolas Díaz y Natalia San Miguel- por los legisladores Lucas Pica y Silvia Morales (JSRN), por el representante de Superintendencia -el camarista civil Dino Maugeri- y por el presidente del Consejo, el juez del STJ Sergio Barotto.
El legislador del Frente de Todos, Pablo Barreno, votó por Fuentes, considerando que Lafuente se expresó mejor, pero con menos contenido que el exjuez de Faltas del Municipio de Roca.
Lafuente será el segundo juez del fuero contencioso administrativo de la provincia, que está específicamente destinado a dirimir los litigios judiciales en los que el Estado sea parte actora o demandada.
El primer Juzgado se puso en marcha en Viedma en diciembre de 2021, con la jura de su primer titular, Julián Fernández Eguia, y de Gastón Del Castaño como secretario.
Ambos juzgados funcionarán en el marco del nuevo modelo de gestión a través de la Oficina de Tramitación Integral Civil y Contencioso Administrativo (OTICCA), un organismo creado para absorber la tarea burocrática del fuero y permitir a los jueces concentrarse en sus funciones jurisdiccionales.
Desde el Poder Judicial destacaron que la implementación del fuero en la provincia tendrá otro importante avance en abril, con la apertura del concurso público de oposición y antecedentes para designar un juez o jueza en Cipolletti.
Ese proceso incluye la designación de un secretario o secretaria y prevé la inscripción de los postulantes hasta el 29 de este mes.
"Un juez no puede violentar a las partes"
Además de la designación del nuevo juez, el Consejo de la Magistratura de la Segunda Circunscripción analizó diversos expedientes correspondientes al ámbito disciplinario.
El caso más importante fue el que involucra a los camaristas civiles Gustavo Martínez y Víctor Soto, a partir de una denuncia presentada por la jueza de Familia Moira Revsin.
Los consejeros resolvieron que esos dos magistrados no irán a juicio político, aunque uno de los puntos que conforman la acusación será remitido al Superior Tribunal de Justicia, para que analice la posibilidad de aplicar una sanción.
El informe final que conformó la base de esa decisión fue elaborado por la legisladora Julia Fernández, quien actuó como instructora del sumario abierto después de la denuncia.
Tres hechos puntuales fueron investigados, a partir de la conducta de Martínez y de Soto ante pedidos de prórrogas para dictar sentencias, ante el pedido de horas extras para el personal del Juzgado de Familia y en la redacción de las sentencias de la Cámara Civil, en las que Revsin consideró que sufrió un trato disfuncional.}
Sobre los dos primeros hechos, el informe de la sumariante determinó que no se corroboraron las irregularidades denunciadas.
Sin embargo, sobre el tercer punto la legisladora entendió que el STJ debía abordarlo, para el análisis de medidas disciplinarias.
Esa resolución fue acompañada por los consejeros legisladores y por el representante de Superintendencia, el juez laboral Walter Peña.
Quienes se opusieron fueron los tres representantes del Colegio de Abogados, quienes afirmaron que los profesionales de la matrícula “también recibimos ese tipo de violencia” en sentencias de la Cámara Civil.
“Un juez no puede tratar a los profesionales de forma desconsiderada. Se pueden decir muchas cosas, pero no violentar a las partes”, sostuvo Gabriela Lastreto, detallando que “recibimos innumerables quejas de profesionales” por el contenido de fallos firmados por esos magistrados.
Una vez que reciba las actuaciones, el STJ debe abrir su propio sumario, hasta llegar a la instancia de resolución. Como se trata de jueces, los caminos se limitan a resolver si corresponde o no aplicar un apercibimiento.
Las sanciones de suspensión o destitución de magistrados y funcionarios están reservadas al Consejo de la Magistratura y ese órgano definió hoy clausurar esa puerta.
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