Un juez le ordenó a Gaido intervenir en un grave caso de acoso a una trabajadora municipal de Neuquén

La empleada denunció a un compañero que la llevó hasta un hotel con la camioneta institucional, sin su consentimiento. Ella le contó a uno de sus jefes, quien le respondió: "pero gordita, le hubieras tapado la cara y la hubieras pasado bien un rato, total tu marido no se iba a enterar". Un magistrado le pidió al intendente que cumpla con una serie de medidas.

Es noviembre de 2021 y Marcela está en el asiento del acompañante de un camión de Limpieza Urbana del municipio de Neuquén, el sector en el que trabaja desde 2017. El conductor, un empleado de su misma cuadrilla, le manosea la pierna. “Pará, no te pongas pesado”, le contesta ella. De repente toma por el costado de la Ruta 22, el tramo que une la capital con Plottier, hacia un hotel.

“Dale, vamo un ratito, que yo sé que vos querés”.

Al darse cuenta de la situación intenta salir y él le traba la puerta. Baja el vidrio, agarra el teléfono y pide una habitación. Marcela saca el seguro y se va caminando. Él la alcanza y le grita: “subite, viste sos una forra de mierda”.

No era la primera situación de acoso sexual que vivía con este hombre en el trabajo. Cuando lo cuenta hay personas que le preguntan porque no llamó a alguien: “se me trabó la cabeza, me subí a la camioneta, escuché todo su enojo, sus insultos y nos reintegramos a la cuadrilla”. Nada supera la respuesta de su jefe, que resultó la más denigrante de todas: “pero gordita, le hubieras tapado la cara y la hubieras pasado bien un rato, total tu marido no se iba a enterar”.

El 23 de junio pasado Marcela denunció amenazas: la llamaron y le dijeron que si a su agresor le pasaba algo: “te vamos a cagar a tiros a tu casa”. La fiscalía encuadró el caso dentro de la ley 2786 de violencia de género, se adoptaron medidas carteleras, entre ellas la prohibición de acercamiento y se remitió el caso al juez laboral Luis Trani.

El magistrado las ratificó y comenzó a pedir información sobre la actuación que tuvo el municipio. Se inició un sumario administrativo, pero a él no se lo suspendió preventivamente de su puesto. De hecho se mandó la certificación de que se capacitó durante seis horas en Ley Micaela (ver aparte). Mientras tanto Marcela sigue en su casa, de licencia, costeando el tratamiento psicológico.

El jueves 11 de agosto el juez le ordenó directamente al intendente, Mariano Gaido, que reubique al agresor en otro sector e informe en cinco días donde prestará servicio “bajo apercibimiento de desobediencia a una orden judicial”. Dispuso que Marcela se reincorpore a su trabajo habitual y le solicitó a la subsecretaría de las Mujeres que le brinde asistencia y acompañamiento profesional, y que en el mismo plazo remita “el proyecto de intervención”.


“No me escuchan"


El municipio ya notificó a Marcela de que debe regresar. Su abogada Carina Gorini, del equipo del sindicato Sitramune, considera que esta es una muestra más de un pésimo tratamiento del asunto. “Ni siquiera le preguntaron cómo se encuentra”, sostiene. Además, ¿a qué lugar irá él?, ¿un varón que ejerce violencia de género no merece otro tipo de abordaje que un mero traslado?, ¿su jefe estará ahí esperándola para otro comentario ostensiblemente humillante?

El municipio tiene cinco días desde el momento en que fue notificado para responder la orden judicial. Foto Florencia Salto.

“A mi no me sirve volver a trabajar a un área donde no me escuchan, no me respaldan. Me gustaría que a esta persona ojalá le den las herramientas para que trate de cambiar su manera de ser, y no vaya por la vida maltratando a ninguna mujer, ni a ningún compañero tampoco. Este hombre conmigo no tuvo piedad, a mi me trató como quiso, lo único que le faltó fue que me levante la mano. Yo no me reintegré a trabajar porque no me sentía segura hasta el día de hoy, nada se modificó, nada cambió ”, señala Marcela.

Gorini menciona que no solo el municipio actuó solo cuando el caso se judicializó, y encima de modo incompleto, hay un aspecto más grave aún: “acá no están cumpliendo con las obligaciones que tienen como funcionarios del Estado. Están incumpliendo con legislación en materia internacional, nacional, con la Constitución provincial: no están protegiendo a la víctima vulnerada en una cuestión de violencia de género. Son los principales responsables, tanto con políticas públicas como para dentro de sus organizaciones”.


Ley Micaela: dos módulos de tres horas


El juez laboral le pidió al municipio de Neuquén que informe si el personal de Limpieza Urbana recibió capacitación obligatoria en violencia de género, prevista en la Ley Micaela, para quienes prestan funciones en la administración pública. La contestación fue que el empleado tiene el certificado de asistencia asistió a dos módulos, de tres horas cada uno, de manera virtual en 2021, “en los que se explicaron los contenidos mínimos”.

También le remitió un oficio a la subsecretaría de las Mujeres del municipio, la respuesta fue que no conocían la denuncia de la trabajadora. Dijeron que había un protocolo interno de actuación ante situaciones de violencia doméstica y laboral, y que contaban con un equipo psicosocial para asistir y acompañar «en la ruta crítica a las mujeres que sufren violencia de género».

Gorini asegura que “deja mucho que desear, viendo como publicitan, como promueven a través de políticas públicas cuestiones de género” pero “cuando existe un hecho puntual, adentro de la municipalidad, se ven las falencias. No plantea que se va a contactar con la señora, directamente dice: “yo no estaba enterada”.


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