Yategate: el juez ordenó 29 nuevas medidas contra Insaurralde, Cirio y Clérici

El juez Juan Tomás Rodríguez Ponte ordenó 29 nuevas medidas de prueba para profundizar la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, con foco en el patrimonio, las cuentas bancarias y las comunicaciones de los principales involucrados.

Por Redacción

Yategate: amplían la investigación sobre Cirio, Insaurralde y Clérici. Foto: NA

El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, solicitó 29 nuevas medidas de prueba contra Martín Insaurralde, su expareja Jésica Cirio y la modelo Sofía Clérici en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Yategate: la Justicia profundiza la pesquisa patrimonial


El magistrado, quien quedó recientemente a cargo de la causa, emitió nuevos pedidos sobre el patrimonio de los involucrados, que incluye información bancaria a Uruguay y el rastreo de sus celulares, según el escrito.

La decisión de adoptar estas medidas se da tras el pedido de los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco —con el apoyo de la querella de la Fundación Poder Ciudadano— para ampliar el período de investigación, el cual había sido acotado al lapso entre 2009 y 2023.

Según señalaron, esa limitación “era contradictoria e infundada, ya que el magistrado había validado previamente un rango más amplio para rastrear maniobras delictivas iniciadas en 2006”.

Al respecto, Rodríguez Ponte consideró que “existen medidas pendientes de realizar con el fin de obtener información que podría ser de utilidad para profundizar las hipótesis descriptas o bien para lograr individualizar si existe vinculación de los involucrados con otros actores, como también sus posibles roles dentro de las maniobras complejas que se encuentran bajo pesquisa”.

Las defensas de Insaurralde y Clerici habían rechazado dicha ampliación. Además, los abogados del exintendente solicitaron que se anule el cotejo scopométrico de los videos que se difundieron por considerar que no tenían autenticidad probada.

Entre las medidas, el juez solicitó al Registro Nacional de las Personas (RENAPER) información sobre Martín Insaurralde, Jésica Cirio, Sofía Clerici y otros implicados en la causa relacionada con antecedentes documentales y cambios de domicilios, entre otros.

También solicitó a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) toda la información sobre la nómina salarial, sueldos percibidos, datos de empleadores, beneficios previsionales y no contributivos, asignaciones familiares y otros beneficios sociales; y a la Superintendencia de Seguros de la Nación sobre pólizas de seguros contratadas.

Con respecto a su patrimonio, el juez quiere saber si los implicados tuvieron stud o boxes para caballos en hipódromos; y pidió que entreguen los legajos de cuatro vehículos para revisar la documentación. También solicitó información sobre un departamento en Lomas de Zamora a nombre de Insaurralde y sobre sus cuentas bancarias en diferentes entidades de Argentina y en Uruguay.

Por otro lado, busca reconstruir las llamadas, mensajes de texto, conexiones a internet, ubicación mediante antenas, celulares utilizados y contactos de los investigados desde 2009. Además, quiere identificar con quién se comunicaban, con qué frecuencia y duración, y detectar posibles vínculos o patrones de comunicación.

Otro punto destacado es que levantó las restricciones contra Sofía Clerici que le impedían salir del país y alejarse más de 50 km de su domicilio sin autorización judicial. La modelo fue sobreseída de la causa, aunque dicha medida está bajo revisión.

En cuanto a Cirio, pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) verificar si el escribano que certificó una firma suya en 2023 cumplió con las normas de prevención de lavado de dinero.

Rodríguez Ponte puso énfasis también en el pendrive entregado por la Fundación Apolo con los videos y archivos sobre la expareja de Insaurralde mostrando fajos de dinero, los cuales habrían sido grabados en la mansión que compartieron en Fincas de San Vicente. En ese sentido, citó a declarar a un representante de la entidad y ordenó una pericia para determinar si los archivos son auténticos, cuándo fueron creados y si fueron modificados o manipulados.

NA


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