“La acertada disolución de la Secretaría de Inteligencia”
Los antecedentes de creación de la ex-SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) se remontan a 1946, cuando el entonces general Juan Domingo Perón ordenó, decreto mediante, su creación con otra denominación: Coordinación de Informaciones del Estado (CIDE). Más tarde el organismo fue reconvertido en la SIDE basando su accionar en leyes y decretos de carácter constitucional secreto hasta que durante el 2001 se aprobó la nueva ley de Inteligencia Nacional 25520, de carácter público. Los servicios de inteligencia de nuestro país han constituido a lo largo de los años una verdadera fuente de consulta para los dirigentes políticos que accedieron sucesivamente a los diferentes cargos de los gobiernos nacionales. Podemos afirmar que ha existido una íntima connivencia surgida del fluido contacto entre los agentes secretos (pertenecientes a la Secretaría de Inteligencia) y los funcionarios de los gobiernos de turno y de la Justicia. Esa relación “cuasi amistosa” genera un crecimiento de poder en los agentes secretos que –a veces– puede resultar excesivo en el ejercicio de la función encomendada. A veces, podemos inferir que el poder ostentado por estos espías anónimos resulta equivalente al de cualquier ministro, fiscal o juez, ya que la información que manejan contiene carácter confidencial y les permite conocer con antelación las decisiones para adoptar en el futuro y que estarán direccionadas a repeler aquellas acciones consideradas ofensivas tanto en el orden interno como externo de la Argentina. Como auxiliares de la Justicia, su accionar ha sido demasiado ineficiente e inoperante a pesar de las grandes erogaciones de dinero que se registran en su abultado presupuesto de funcionamiento. Por otra parte, han colaborado estrechamente con anteriores gestiones y hasta con los personajes que conformaban los gobiernos de facto, lo cual les permitió utilizar metodologías e instrumentar modalidades de trabajo que no siempre son validadas por la Justicia. Ese poder animado en la persona, basado en el anonimato y en el desconocimiento de cuándo, cómo, quiénes y dónde efectuaron las tareas de inteligencia, les permite desde la clandestinidad manipular la información de acuerdo con su interés y conveniencia. Este señalamiento resulta relevante porque les permitió desde el ocultamiento cometer graves excesos y delitos por los que algún día deberán responder ante los estrados judiciales. Afortunadamente, el 26 de enero la presidenta de la Nación adoptó la valiente decisión y procedió mediante un proyecto de ley remitido a la Cámara de Diputados a proponer la disolución de la SI y la creación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), pasando a disponibilidad y retiro a casi la totalidad de los agentes secretos más antiguos en el servicio. Con tal determinación se pone punto final a las aberraciones de procedimientos, actuaciones clandestinas y todo accionar malicioso que estos confiados agentes solían ejecutar sin que nadie evaluara su accionar. La AFI dependerá de la procuradora nacional del Ministerio Público Fiscal, lo cual mantendrá independencia de funcionamiento e imprimirá mayor objetividad a su accionar. Lo señalado constituye otro logro del gobierno nacional, ya que anteriormente nadie se animó a tomar una decisión como la adoptada. Miguel A. Knecht Viedma
Miguel A. Knecht Viedma
