La agonía del federalismo

Coparticipación nacional y provincial

JOSÉ BRILLO (*)

Durante los años 90 la Nación avanzó sobre el régimen de coparticipación federal efectuando detracciones de la masa coparticipable. En ese período las provincias cedieron alrededor de un tercio de los fondos que les corresponderían de aplicarse la ley 23548 en su alcance original. Estas sustracciones fueron: • El 15% de la masa coparticipable general, destinado al sistema de jubilaciones y pensiones desde 1992, más sumas fijas que constituyeron el Fondo Compensador de Desequilibrios Fiscales. Este año representa un retiro del sistema coparticipable de 67.000 millones de pesos. • El 11% del IVA, que equivale a una detracción para el mismo año de 33.000 millones de pesos. • El 36% del impuesto a las Ganancias, que representa una suma de 82.000 millones. • El 70% de los monotributos, por 4.000 millones. • El 70% del impuesto a los Créditos y Débitos, otros 49.000 millones. Así, para el presupuesto 2014 se sustrajeron de la masa coparticipable inicial definida por la ley 235.000 millones de pesos. Una estimación hoy nos indica que la denominada masa coparticipable neta, luego de las detracciones efectuadas, se reduce a un 55% de lo que preveía originalmente la ley 23548. De acuerdo con el índice de coparticipación de esta ley, las provincias perderán más de 130.000 millones de pesos sólo en el 2014. En la actualidad existe un claro reclamo sobre éstas y otras detracciones de los distintos pactos fiscales que se refleja en distintas iniciativas legislativas y demandas judiciales de diverso origen, incluso de algunas provincias, que esperan el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia. Este avance de la Nación sobre las provincias en materia de recursos coparticipables ha provocado, más allá de la reducción de los fondos a distribuir, algo mucho peor como es la pérdida considerable de autonomía por parte de las autoridades provinciales, que no pueden disponer de recursos que vienen con una afectación determinada, lo que configura una degradación del sistema federal. El sistema federal argentino, en lo atinente a la distribución de fondos a las provincias, está destruido. No se han respetado las leyes ni las formas y desde el régimen de coparticipación nacional existe desde 1996 una flagrante, aceptada y compartida inconstitucionalidad aceptada y compartida por la Justicia, por el Congreso y por el Poder Ejecutivo Nacional. Y por los sucesivos gobiernos desde 1996, que incluyen prácticamente todo el espectro político argentino. Lejos estamos del federalismo de concertación en lo que hace a la relación del gobierno nacional con las provincias. Por el contrario: se avanzó en consolidar un centralismo fiscal que ahoga a las provincias. En particular Neuquén, de las más afectadas por el régimen actual, sólo por coparticipación deja de recibir cerca de 2.200 millones de pesos que, sumados a otros 1.800 millones que se pierden en regalías por no contar con un precio razonable para el gas natural, dejan a la provincia sin unos 4.000 millones por año. Los municipios neuquinos participan del 15% de esos recursos, es decir que 600 millones de pesos anuales se sustraen de las administraciones municipales. El perjuicio de los municipios por esa merma es importante. Sólo para dar algunos ejemplos, la pérdida anual para San Martín de los Andes es de 30 millones, para Chos Malal de 17 millones, para Zapala de 45 millones, para Villa La Angostura y Rincón de los Sauces de 10 millones y para Cutral Co de 56 millones. Estos faltantes dan lugar también a discrecionales transferencias de fondos por parte del gobierno provincial a los municipios, tal como la Nación hace con las provincias. Ello atenta contra los principios de un auténtico federalismo, con transparencia y automaticidad, que permita previsibilidad y apunte a eliminar la extorsión como forma de convivencia político-institucional entre los diversos niveles de gobierno. En Neuquén la situación se agrava para algunos municipios, dado que la falta de actualización de los indicadores secundarios hace que los que más han crecido poblacionalmente sean a su vez los más castigados al recibir una coparticipación sensiblemente inferior a la que les correspondería, lo cual afecta sus programas de inversión pública y desarrollo de infraestructura que acompañe su crecimiento demográfico. El federalismo de concertación está agotado y dio lugar a un centralismo de extorsión, con ramificaciones inesperadas. Ya es impostergable comenzar a construir un verdadero régimen de coparticipación federal que propenda al sostenimiento de la inversión pública, el fortalecimiento de las economías regionales y, sobre todas las cosas, a lograr un grado de desarrollo justo y armónico en todo el territorio nacional. (*) Ingeniero. Exdiputado nacional por el MPN