La Argentina SA
Puesto que el presidente Néstor Kirchner ha hecho saber que en su opinión los empresarios son por lo común sujetos mezquinos y especuladores habituados a aprovecharse de sus empleados, era de prever que pronto decidiría erigirse en jefe de personal nacional para entonces ordenarles aumentar los salarios de los peor remunerados. También era previsible que el gobierno subiría las jubilaciones mínimas. Las medidas que acaban de anunciarse afectarán a casi cinco millones de personas, entre los tres millones de afortunados que trabajan en blanco que se verán beneficiados por el aumento del cincuenta por ciento del salario mínimo para que a finales del año ganen por lo menos 300 pesos mensuales y casi dos millones de jubilados cuyos haberes ya alcanzarán un mínimo de 220 pesos mensuales. Si bien tales montos son exiguos en comparación con los vigentes en otras latitudes, podrían resultar excesivos para una economía tan maltrecha y tan poco productiva como la nuestra, aunque conforme al ministro de Economía, Roberto Lavagna, gracias a que la recaudación impositiva se ha incrementado notablemente las nuevas «asignaciones a los sectores sociales y productivos» no repercutirán en sus proyecciones presupuestarias. Según Lavagna, la generosidad oficial se inspiró en el deseo de dar un impulso al consumo, que por motivos evidentes sigue alicaído, pero ni él ni Kirchner ignorarán que les supondrá todavía más popularidad, detalle que no pueden sino valorar en un año electoral en el que esperan ver ampliada su propia base parlamentaria.
En el transcurso de su aún breve gestión, Kirchner y sus colaboradores se han concentrado en presentarse como desfacedores de entuertos que están siempre listos para intervenir a fin de defender al pueblo contra sus enemigos, sean éstos militares, policías, jueces menemistas, los amigos de Luis Barrionuevo, economistas liberales, banqueros, fondomonetaristas o, huelga decirlo, empresarios rapaces. Por lo tanto, es lógico que quisieran que no quedara duda alguna de que en última instancia el responsable principal de las mejoras salariales es Kirchner, no los empresarios que tendrán que absorber los costos. En algunos casos, a los empresarios no les resultará demasiado difícil cumplir con las nuevas normas, pero en muchos otros, en especial en aquellos ámbitos en los que trabajan cantidades importantes de personas de preparación muy rudimentaria, los aumentos decretados podrían significar la diferencia entre la supervivencia y la bancarrota o entre el empleo formal y el negro.
Lo entiendan o no los kirchneristas, el «sector privado» dista de constituir un bloque homogéneo. Es un conjunto sumamente variado que incluye a empresas de punta que están en condiciones de pagar bien a sus empleados con tal de que posean las calificaciones apropiadas, pero en el que también abundan negocios precarios de escasa rentabilidad. Tratar a todas las empresas de la misma manera sin tomar en cuenta las diferencias puede resultar políticamente ventajoso, pero sorprendería que produjera muchos beneficios económicos. Al fin y al cabo, durante décadas los sucesivos gobiernos del país solían decretar aumentos generalizados con cierta frecuencia, práctica que contribuyó mucho a depauperar a una clase obrera antes relativamente próspera primero y a la clase media algunos años después.
Tampoco han sido muy felices los resultados de los repetidos intentos de aplicar la teoría voluntarista según la cual los aumentos salariales decretados sirven para estimular el consumo para que las empresas ganen más y, presionadas por el gobierno, crean más fuentes de empleo, poniendo en marcha de este modo una espiral ascendiente virtuosa que enriquezca a todos. Si fuera tan sencillo ya no habría crisis económicas en ninguna parte pero, por desgracia, no lo es en absoluto, razón por la cual en los «países serios» hasta los gobiernos socialistas son reacios a ordenar aumentos masivos similares a los dispuestos por el presidente Kirchner. No es que sean menos solidarios o menos inteligentes que el argentino, sino que son conscientes de que los ingresos de los asalariados dependen de una multitud de factores, entre ellos la productividad, que no les será dado manipular, y que a la larga los intentos de quemar etapas esquivando las dificultades son casi siempre contraproducentes.
Puesto que el presidente Néstor Kirchner ha hecho saber que en su opinión los empresarios son por lo común sujetos mezquinos y especuladores habituados a aprovecharse de sus empleados, era de prever que pronto decidiría erigirse en jefe de personal nacional para entonces ordenarles aumentar los salarios de los peor remunerados. También era previsible que el gobierno subiría las jubilaciones mínimas. Las medidas que acaban de anunciarse afectarán a casi cinco millones de personas, entre los tres millones de afortunados que trabajan en blanco que se verán beneficiados por el aumento del cincuenta por ciento del salario mínimo para que a finales del año ganen por lo menos 300 pesos mensuales y casi dos millones de jubilados cuyos haberes ya alcanzarán un mínimo de 220 pesos mensuales. Si bien tales montos son exiguos en comparación con los vigentes en otras latitudes, podrían resultar excesivos para una economía tan maltrecha y tan poco productiva como la nuestra, aunque conforme al ministro de Economía, Roberto Lavagna, gracias a que la recaudación impositiva se ha incrementado notablemente las nuevas "asignaciones a los sectores sociales y productivos" no repercutirán en sus proyecciones presupuestarias. Según Lavagna, la generosidad oficial se inspiró en el deseo de dar un impulso al consumo, que por motivos evidentes sigue alicaído, pero ni él ni Kirchner ignorarán que les supondrá todavía más popularidad, detalle que no pueden sino valorar en un año electoral en el que esperan ver ampliada su propia base parlamentaria.
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