La “bancada de la bala” y las armas en Brasil
Ana María Pomi DPA
Legisladores que recibieron donaciones de fabricantes de armas o provienen de la policía o las Fuerzas Armadas forman una comisión parlamentaria que analiza cambios en la legislación para permitir que la población circule armada por las calles de Brasil, país en el que murieron 116 personas por día víctimas del uso de armas fuego en el 2012. Esos legisladores pertenecen al llamado Frente Parlamentario de Seguridad, más conocido como “bancada de la bala”. Con la adhesión de 293 diputados, en un total de 511, el grupo es el mayor conglomerado suprapartidario de la cámara baja. Según explicó el coordinador de Sistemas de Justicia y Seguridad Pública del Instituto Sou da Paz (Soy de la Paz), Bruno Langeani, la “bancada de la bala” está integrada por miembros de las policías militarizadas, civil y federal, de las Fuerzas Armadas y de los bomberos; legisladores que recibieron donaciones de fabricantes de armas y municiones y políticos que defienden, entre otros temas polémicos, el porte de armas de fuego, la reducción de 18 a 16 años la edad mínima de imputabilidad penal y el endurecimiento del trato a los presos. Buena parte de los integrantes de esta bancada componen una comisión especial en la cámara baja que estudia derribar el Estatuto del Desarme, una ley federal promulgada en el 2003 por el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Los principales puntos de ese estatuto son la prohibición a civiles de portar armas de fuego salvo en casos en los que haya necesidad comprobada, permitir ese porte bajo estrictas condiciones y dejar abierta la posibilidad de suspender ese permiso. La comisión en cuestión analiza votar el proyecto de ley PL-3722/2012, que revocaría el Estatuto del Desarme y tiene entre sus principales objetivos reducir de 25 a 21 años la edad mínima para comprar armas de fuego, extender el porte de esas armas a autoridades que hoy no lo tienen, como diputados y senadores, y asegurar a todos los ciudadanos que cumplan los requisitos previstos el derecho de portar armas de fuego para legítima defensa o protección del propio patrimonio. Además, propone permitir a civiles transitar armados por las calles, lo que hoy está prohibido; aumentar de seis a nueve el número de armas que cada persona puede tener y de 50 a 600 el número de municiones que cada ciudadano puede comprar al año, liberar la publicidad de armas de fuego, hoy vedada, y hacer que la licencia para portar armas sea permanente. También, eliminar la determinación de que quien sea descubierto portando armas de fuego en estado de ebriedad o bajo el efecto de estupefacientes pierda la licencia. Según datos de la Justicia Electoral divulgados por Sou da Paz, 12 de los 54 integrantes de la comisión recibieron donaciones de empresas vinculadas con las armas de fuego, como la fabricante Taurus y la Compañía Brasileña de Cartuchos (CBC). Asimismo, cerca de 22 defienden abiertamente la revocación del Estatuto del Desarme. La posibilidad de que el PL-3722/2012 prospere preocupa a diversas organizaciones civiles de Brasil. En una carta abierta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, esas entidades expresaron su más firme rechazo al PL-3722/2012, entre otras razones porque, aseguran, gracias al Estatuto del Desarme, entre el 2003 y el 2006 los homicidios en Brasil se redujeron en un 12%, tras varias décadas de persistente aumento. “El proyecto de ley 3722/2012 sería desastroso para la seguridad pública en el país al facilitar la compra de armas de fuego, flexibilizar de manera extrema e injustificada los requisitos hoy existentes, permitiendo que civiles vuelvan a andar armados –incluso si tienen antecedentes criminales– sin necesidad de renovación del registro y dificultar la destrucción de armas incautadas e incluso la entrega voluntaria, entre otros retrocesos”, señala la misiva. Un informe divulgado en agosto de este año por Sou da Paz y otras organizaciones, denominado “Subsidios de la sociedad civil para el perfeccionamiento de la legislación de control de armas y municiones en Brasil”, indica que el Estatuto del Desarme fue “un factor importante para revertir el crecimiento acelerado de las muertes por armas de fuego en Brasil”. En opinión del sociólogo especialista en seguridad pública Julio Jacobo Waiselfisz, autor de la publicación periódica Mapa da Violencia, el Estatuto del Desarme salvó unas 160.000 vidas desde su promulgación. La cifra, explicó, representa las vidas que, estadísticamente hablando, habrían sido eliminadas por armas de fuego en caso de que se hubieran mantenido los índices registrados hasta antes del 2003. Por su parte, los defensores de la extinción del Estatuto del Desarme sostienen que esa ley retiró derechos a los “ciudadanos de bien”. El Estatuto del Desarme “desarmó al ciudadano de bien” y al mismo tiempo “permite que cualquier ladrón ‘pie semidescalzo’ (pobre) invada una residencia y haga lo que le parezca”, aseveró uno de los referentes de la “bancada de la bala”, el diputado federal y policía Eduardo Bolsonaro, hijo del militar derechista Jair Bolsonaro. En la misma línea opinó el diputado Rogério Peninha, autor de la PL 3222/2012. A su entender, el estatuto “hizo más cara y más burocrática la posibilidad de que el ciudadano de bien tenga un arma en casa”. En caso de que el PL 3722/2012 sea aprobado en las próximas semanas en la comisión especial, el debate pasará al plenario de la cámara baja donde, según especialistas, tendrá menos probabilidades de avanzar.
