La barbarie al acecho

Según el ministro de Justicia (sic) bonaerense, Jorge Canovas, a menos que la Policía de la provincia de Buenos Aires tenga más poderes «la gente» terminará «reclamando gatillo fácil», algo que, afirmó, «sería un desastre» pero que al hablar de este modo, insinuando que dar a los agentes una licencia para matar toda vez que les parezca conveniente serviría para hacer más tranquila la vida de los habitantes de su jurisdicción, parece resuelto a convertir en realidad. ¿Qué quiso decir con esto? En efecto, que frente a la delincuencia «la gente» estaría más que dispuesta a celebrar el asesinato de sospechosos – siempre y cuando no se tratara de ciudadanos a su juicio respetables -, y, es de suponer, no objetaría la formación de escuadrones de la muerte que se encargarían de eliminar a sospechosos en potencia. Aunque Canovas no dijo que le gustaría que esto sucediera, dio a entender que lo consideraría una reacción perfectamente natural, lo cual, claro está, es una manera indirecta de proponerlo.

El ministro de Justicia provincial, que estaba acompañado por su colega, el ministro de Seguridad, Aldo Rico – hombre que fue seleccionado precisamente por su fama de «duro» desdeñoso de la vida ajena – cuando aludió al hipotético clamor popular por el «gatillo fácil», puede que no se haya equivocado por completo. Tanto en Buenos Aires como en muchas otras latitudes abundan los ciudadanos que preferirían la «mano dura» al imperio de la ley, pero uno de los deberes de los funcionarios jerárquicos consiste precisamente en tratar de explicarles a los proclives a reclamar soluciones truculentas que el mundo no es tan sencillo como suponen. Por ejemplo, es notorio que en la provincia de Buenos Aires miembros de la Policía han participado en muchos crímenes y que una razón fundamental de su ineficacia consiste en que «la gente» no sabe a quiénes temer más, si a los delincuentes comunes o a los que en teoría deberían protegerla de ellos. En verdad, tan intensas son las sospechas en tal sentido que pocos se sentirían sorprendidos si los jefes policiales se las ingeniaran para desatar una nueva ola de delincuencia con el propósito de hacer más convincente el planteo de los que creen que todo sería mejor si los uniformados disfrutaran de poderes casi absolutos sobre los demás.

Desgraciadamente para todos, el hecho de que ni los ministros del gabinete del gobernador Carlos Ruckauf ni los integrantes de la Policía Bonaerense sean de fiar está viciando el debate en torno de la eventual reforma del Código de Procedimientos policiales y de las dificultades inherentes al sistema judicial existente. Aunque pocos negarían que en ciertas circunstancias sería muy positivo que la policía pudiera reaccionar enseguida, sin tener que perder tiempo comunicándose con fiscales y jueces, la mera idea de permitir que la Bonaerense pasara por alto tales trámites parece peligrosa. Lo entiendan o no Ruckauf, Rico y Canovas, la indisciplina de la policía de su jurisdicción dista de ser un detalle anecdótico o un invento de medios de difusión progresistas. Es una realidad indiscutible que está en la raíz de buena parte de sus problemas y siempre deberán tenerla presente.

Los grandes desastres políticos de nuestro país han sido obra de personajes que veían todo en blanco y negro, despreciando por débiles a los que señalan la existencia de matices. Gracias a estos amantes de las «soluciones» tan sencillas como expeditivas, se introdujeron las plagas relacionadas con el terrorismo «de izquierda» y la represión ilegal aberrante «de derecha». Pero hay quienes no han aprendido nada de la experiencia así supuesta y que están colaborando para que la fuerza armada más grande de la Argentina, la Policía Bonaerense, recupere los poderes que le fueron otorgados cuando los militares gobernaban el país, atribuyendo tal «conquista» no a sus propios deseos sino a la voluntad popular. Si se salen con la suya, «se meterá bala» a muchos bonaerenses más, tal como ocurrió en la localidad antes pacífica de Ramallo durante la campaña electoral que llevó a Ruckauf a la gobernación, pero eso no será ninguna garantía de que habrá menos crímenes en la provincia.