La caja de GyP surca los cielos de Neuquén


La creación de la petrolera estatal provincial fue un método para que la Provincia participara de la renta petrolera. Sin embargo, por ser una SA, no está sujeta a los controles públicos.


Con ácida ironía un exfuncionario cuestionó esta semana el uso de la flota aérea del gobierno neuquino y la comparó con los lujos de una monarquía. Por segunda vez en su corta vida, 11 años recién cumplidos, la petrolera provincial GyP compró otra aeronave que puso a disposición del Ejecutivo de Neuquén. El desembolso, más de 4 millones de dólares por un helicóptero Bell 429, del que solo hay tres en el país, se hizo con las ganancias de la compañía.

El paraguas de sociedad anónima, como está constituida Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), vuelve a ser insuficiente para explicar el destino de los fondos que genera una compañía cuyo único accionista es el Estado neuquino.

La firma, creada en 2008 como heredera de la vieja, pero aun viva, Hidenesa, fue constituida como SA pensando en el futuro inmediato que las incipientes ideas de Vaca Muerta prometían. Incluso pareció ser una idea tan de borrador que el fallecido diputado Luis Sapag, declarado fanático hincha de River, objetaba, con humor futbolero, que el presidente fundacional de la firma, Rubén Etcheverry, haya coloreado el primer logo con los colores de su archirrival, Boca Juniors.

Pocos años después, durante el segundo gobierno de Jorge Sapag, la petrolera tuvo tanto protagonismo en la industria petrolera nacional que su metodología de asociación vía “carry” la llevó a enfrentarse con la poderosa YPF de Miguel Galuccio. El cruce resultó tan estridente que empujó a la compañía a cambiar su perfil por uno más moderado.

Durante varios años se justificó su creación como SA para sostener que GyP saldría a cotizar en la Bolsa de Valores. Incluso publicó, durante un par de años, sus balances en la Comisión Nacional de Valores (CNV). El último registro fue en abril de 2016. Siempre estuvo a punto de listarse. Nunca fue un momento oportuno. Eso explicaron.


El grueso de sus ingresos proviene de una media docena de campos maduros que canjeó con YPF a cambio de salirse como socio en varias áreas en Vaca Muerta.


La adquisición, para tareas humanitarias, del costoso helicóptero reabrió la discusión por lo menos en la opinión pública. El gobierno provincial debe convocar a licitación pública por cualquier compra o contratación que supere los 3 millones de pesos. Queda claro que nunca podría haber comprado en forma directa una aeronave de 4 millones de dólares, como el Bell 429 (matrícula LV-CIP).

En 2014 cuando el exministro de Sapag, Guillermo Coco, dirigía la empresa se dio una situación similar. Le compró al empresario Claudio Urcera un avión por 21 millones de pesos. Al tipo de cambio de ese momento fueron unos 2,6 millones de dólares.

Más allá de la justificación que pueda tener su uso, vuelve al ruedo la pregunta sobre el destino que de los fondos públicos y también el modo de adquisición. ¿Era de extrema necesidad? ¿Fue el precio más conveniente? ¿Por qué ese y no otro helicóptero? ¿Había más opciones? No lo sabemos.

Las ganancias de GyP, en última instancia, son fondos públicos. Como también lo serán sus pérdidas porque su único accionista es el Estado provincial. Sin embargo, el dinero no está incluido en el Presupuesto como parte de los recursos y por lo tanto no tiene asignación específica: eso puede convertirse en una millonaria caja discrecional.

El helicóptero fue adquirido en noviembre y solo se informó de su compra ante la consulta de Río Negro. Bien puede tratarse de decisiones de una SA, aunque tener como accionista al Estado provincial le sentaría mucho mejor algo de transparencia informativa. En paralelo, esta semana, se conoció la postergación del pago de una letra que Provincia colocó a GyP por 4 millones de dólares. Una herramienta de financiamiento que inteligentemente utiliza el gobierno provincial pero que anticipa un complejo año para sus cuentas.

No parece reprochable, ni aplica como incumplimiento legal alguno, que el único accionista de la compañía, el Estado neuquino, resuelva sobre las prioridades que se le deben asignar a los dividendos generados. Sin embargo, esas decisiones, encarnadas en el gobierno provincial, sí están al alcance del control público. Quedará como tarea pendiente para los representantes del pueblo analizarlas.


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