La causa del crimen del policía Lucas Muñoz se encamina al archivo

El caso generó conmoción en 2016, pero 4 años más tarde no hay certezas y sigue impune. La hipótesis de la interna policial y los desaciertos en las pericias.

La investigación por el homicidio del policía Lucas Muñoz se encamina al archivo. El fiscal Martín Govetto, a cargo de dirigir las pesquisas durante más de 4 años, agotó las hipótesis posibles sin ningún resultado positivo. Además, los estudios y pericias no arrojaron ninguna prueba que permita identificar al autor o los autores de uno de los crímenes más siniestros de los últimos años en la provincia.

¿Fue un crimen perfecto? Nadie lo admite aún oficialmente. Pero el caso Muñoz, que remeció la cúpula de la Policía de Río Negro y el gobierno de Alberto Weretilneck, está en la lista de los homicidios impunes de Río Negro.

Fuentes judiciales informaron que la investigación se dirige al archivo. Es más, contaron que Govetto trabaja en el dictamen correspondiente. La única opción de que ese plan se modifique en los próximos días es que aparezca alguna evidencia o un testigo clave que permita reactivarla con información certera. Pero las fuentes dudan de que eso ocurra.

En 4 años y 8 meses no surgió ninguna prueba reveladora. No se presentó ningún testigo relevante. Ni siquiera los policías que trabajaban con Muñoz en la comisaría 42 de Bariloche aportaron datos importantes. Tampoco la recompensa de 1 millón de pesos ayudó.

Los estudios genéticos sobre dos huellas dactilares halladas en el uniforme de Muñoz no brindaron nada. Tampoco surgió información de las pericias sobre los pelos que se hallaron en un Chevrolet Onix que había sido secuestrado en diciembre de 2017, en Roca.

Las fuentes aseguraron que los peritos desmantelaron prácticamente el auto sin encontrar absolutamente ningún rastro de Muñoz. Sospechaban que habían usado ese auto para trasladar el 14 de julio de 2016 al policía al lugar donde lo mantuvieron cautivo durante 27 días.

Muñoz apareció asesinado de un tiro en la nuca en horas del mediodía del 10 de agosto de 2016. Lo insólito es que el cuerpo lo encontraron a 1 kilómetro aproximadamente en línea recta de la comisaría 42. Es un descampado elevado, con abundantes arbustos y rosa mosqueta, desde el que se observa la ruta de Circunvalación y el valle del Challhuaco, ubicados en las afueras de Bariloche.

En descampado donde fue encontrado el cuerpo de Lucas Muñoz, tras 27 días de búsqueda. Foto: Alfredo Leiva

RÍO NEGRO intentó entrevistar a Govetto que se excusó. Dijo que no estaba autorizado a hablar del caso Muñoz. Fuentes que conocen al fiscal sostienen que el equipo que trabajó en el caso “hizo de todo lo posible por esclarecerlo”. Por eso, dejaron trascender que sienten impotencia porque no se llegó a ningún resultado.

Tras haber explorado numerosas líneas de investigación, la hipótesis más firme para los investigadores que trabajaron en el caso sigue siendo que se trató de un secuestro extorsivo. Están persuadidos de que a Muñoz lo mantuvieron cautivo durante 27 días, pero que la negociación fracasó a último momento. Por eso, lo mataron de un tiro en la cabeza, entre 24 y 48 horas antes de que hallaran su cadáver. Y hoy están convencidos de que la ejecución ocurrió en el descampado donde hallaron el cuerpo.

Sostienen esa teoría en la conclusión de los peritos de la Dirección de Análisis de la Conducta Criminal y de la Victimología de la Superintendencia de Investigaciones en Función Judicial de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Osorio, Leonardo Bustos y Virginia Romero Huergo, que analizaron la investigación en noviembre de 2016 con el equipo que dirigía Govetto.

Nadie sabe quién mató a Muñoz. Pero están convencidos de que los autores fueron profesionales.

“La gente que lo hizo estaba perfectamente preparada, y  tuvo tiempo de planificarlo, de ejecutarlo y de saber cómo actuar para no dejar evidencias”, sostuvo en julio de 2017 Govetto. Se requiere de una logística importante para tener 25 días a una persona cautiva.

El paso del tiempo diluyó el interés en el caso. El nombre de Lucas Muñoz casi no se escucha.

“No hay nada. Ninguna novedad”, expresó, compungida, la abogada por la querella Karina Chueri, que representa a la familia y trabajó junto a Govetto durante la investigación.

“Se ha hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance. Hemos trabajado hasta con Interpol”, explicó Chueri.

Recordó que peritos de grupos especializados analizaron la causa, revisaron el expediente y nada. Peritos del Poder Judicial de Córdoba, de fuerzas federales y ninguno pudo arrojar luz sobre el expediente.

Lamentó la instancia en la que se encuentra la investigación y la impunidad del crimen. La sensación que tiene es que aquellas personas que saben algo “nunca van a hablar”.

El pacto de silencio sigue intacto. No se agrieta con el paso del tiempo.

Recordó la cadena de marchas y contramarchas en la investigación desde el inicio. Mencionó que los peritos de Gendarmería dijeron apenas hallaron el cuerpo que había sido asesinado en otro lugar y que lo habían arrojado en ese descampado. Se suponía que Gendarmería había inspeccionada cada centímetro de ese sitio.

Esa hipótesis se mantuvo en pie durante más de un año y la investigación siguió ese rumbo. Sin embargo, peritos forenses del Poder Judicial de la provincia no estaban de acuerdo con esa teoría. Y comprobaron que los peritos de Gendarmería estaban equivocados, cuando policías de la PSA hallaron el 2 de octubre de 2017 una vaina servida y de un fragmento de un proyectil calibre 9 milímetros, en el lugar donde hallaron el cadáver. La pericia balística estableció que la vaina y el fragmento pertenecía al arma de la víctima. Fue una prueba de que a Muñoz lo asesinaron en ese sitio.

Hubo también desaciertos en relación a la herida con arma de fuego en la pantorrilla derecha. Los peritos de la Corte Suprema afirmaron que la herida la tenía desde 21 días antes de que lo mataran. Otros peritos concluyeron que fue en forma simultánea a la ejecución. Todo contribuyó al desconcierto.

Las hipótesis de la posible vinculación del crimen con el tráfico de drogas perdió fuerza con el paso de los años. No surgieron evidencias que la sostengan. La interna policial siempre dio vueltas. Nunca se pudo demostrar.

La idea de que el crimen estaba vinculado con otros homicidios, como el de Micaela Bravo, se descartó. Muñoz no trabajaba en ninguna investigación de un caso de relevancia antes de que desapareciera el 14 de julio de 2016.

Es un caso que aún hoy desconcierta a los investigadores. Un policía que desaparece en circunstancias extrañas, cuando se dirigía a trabajar a la comisaría 42. Dos policías, como Maximiliano Morales y Luis Irusta, que inspeccionan la noche del 14 de julio de 2016 el domicilio de Muñoz, sin dar demasiadas explicaciones y sin ninguna orden judicial.

Otros dos policías, Néstor Meyrelles y Federico Valenzuela Campos, que sin orden judicial, acuerdan activar un chip a 500 kilómetros de Bariloche con la excusa de querer ayudar con la búsqueda. Todo extraño. Los cuatro policías fueron condenados a 2 años de prisión en suspenso. Los dos primeros por el delito de allanamiento ilegal. Los dos restantes por el delito de abuso de autoridad. Comisarios y subcomisarios pasados a disponibilidad por Weretilneck que después fueron sobreseídos por la justicia. Todo es un misterio en torno al crimen de Muñoz. Y con el paso del tiempo se aleja la verdad.

Desde la Procuración comunicaron que la Fiscalía General solicitó un informe a Govetto respecto del estado de la causa.


Cronología


Lucas Muñoz salió cerca de las 13 de su domicilio, ubicado en Frey y Moreno, el 14 de julio de 2016 para ir a trabajar a la comisaría 42. Avisó que llegaría retrasado.

En la noche previa le había pedido a su novia Daniela Rodio, que había llegado de visita procedente de Villa Regina, que se marchara de Bariloche, sin darle explicaciones. “Lucas me decía que la droga corre mucho en Bariloche y que la Policía está podrida”, aseguró la joven.

Muñoz nunca llegó a la unidad policial ubicada en el barrio 2 de Abril de esta ciudad.

Hallaron su cuerpo el 10 de agosto. Había sido ejecutado con un tiro en la cabeza con su propia arma reglamentaria. Estaba con su uniforme, tenía todas sus pertenencias. Hasta el celular. Estaba bañado y afeitado. El día que hallaron el cadáver, el entonces gobernador Alberto Weretilneck estaba en Bariloche, pero se marchó.


El oficial que quiso estudiar Educación Física


Lucas David Muñoz tenía 29 años. Era oriundo de Ramos Mexía. Terminó el secundario en su pueblo y se fue a Bariloche a estudiar Educación Física con Orientación a la Montaña. Abandonó por motivos económicos. Se anotó en la Escuela de Hotelería.

Trabajó como barman en los casinos de Las Grutas y Viedma antes de ingresar a la Escuela de Oficiales y Suboficiales de Viedma, donde egresó a finales de 2014. Trabajó en esa ciudad y en Las Grutas antes de ser asignado a Bariloche en octubre de 2015. Era el único policía en su familia.

Cursaba en 2016 el primer año de la carrera de Licenciatura en Seguridad Ciudadana en la Universidad Fasta. Tuvo tres hijos.


Para la familia «Es frustrante decir que no hay nada»


“La verdad que la investigación está más que parada”, sostuvo Javier Muñoz, hermano de Lucas. “Nuestro temor es que no caiga la causa”, afirmó. “Es frustrante decir que no hay nada”, lamentó.

Dijo que hace más de un año que no hay movimiento en la causa. Contó que hay datos que surgen de vez en cuando, pero sin consistencia. Solo versiones sin fundamento.

“No hay nada por ahora como para que se aclare cómo y quién mató a Lucas”, lamentó. “Ya cómo se dio todo desde el principio daba la pauta que iba a ser muy difícil llegar a la verdad”, planteó.

“No quisiéramos que se encajonara la causa y que quedara en la nada después de un proceso larguísimo”, afirmó.

Vemos que van pasando los años y no tenemos nada. Hemos tocado todas las puertas y nada”, lamentó Javier, “Como familia no tenemos más herramientas; no tenemos a quién recurrir”, aseveró.

Javier Muñoz, el hermano del policía que encabeza el reclamo de justicia. Foto: Archivo

“La peor lucha que tenemos es contra el paso del tiempo”, admitió. “Hay mucha mafia detrás y eso hace que lleguemos y no tengamos ninguna solución”, aseguró. “Es una cuestión de mafias, lo tenemos claro”, observó. Y opinó que el caso de su hermano roza el negocio del narcotráfico. Aunque aclaró que la investigación determinó que no había nada que lo involucrara a Lucas con el tema del comercio de drogas. “Lo que digo es que pudo estar en el medio de algo relacionado con eso”, conjetura.

“Lo de la interna policial ya no me cierra mucho. Creo que los involucrados son policías, pero hay otras cuestiones de por medio”, planteó Javier.

Y mencionó -por ejemplo- la rápida reacción policial en el caso de una mujer policía que murió tras ser atropellada la noche del 5 de abril último por el conductor de una camioneta en Villa Regina, que fue detenido dos días después en San Antonio Oeste. “Eso no pasó con Lucas. No reaccionaron así”, rememoró. Y admitió que nunca tuvieron llegada con la cúpula policial.

El crimen de Lucas ocurrió cuando el abogado Mario Altura era el jefe de la Policía de Río Negro. Altuna había sido designado por el entonces gobernador Alberto Weretilneck. Apenas tomó las riendas de la Policía puso en marcha cambios en las conducciones y desplazó a jefes.

A principios de julio de 2016, Altuna se vio involucrado en una interna en la que se le atribuía haber desactivado las cooperadoras policiales, lo que desmintió en ese momento. Las aguas bajaban turbulentas en esos días previos a la desaparición de Lucas Muñoz.

Altuna había formalizado auditorías contables en la Unidad Regional Primera de Viedma y en la Regional Tercera de Bariloche.

Renunció en abril de 2017 por motivos de salud y a finales de ese año fue designado como juez del Tribunal de Impugnación de la provincia. Nunca habló del caso Muñoz públicamente. Murió a principios de agosto de 2018. Tampoco se supo el resultado de los sumarios internos que se hicieron a decenas de policías tras el hallazgo el cadáver de Muñoz.


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