La CTA quiere saber a cuánto asciende la deuda del Ipross

Los gremios buscan alternativas para la situación prestacional

Marcelo Ochoa

Los gremialistas se reunieron con el titular del Ipross, Alcides Pinazo.

VIEDMA (AV).- Los gremios agrupados en la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) requirieron ayer de la conducción del Instituto Provincial del Seguro de Salud un estado de deuda para analizar nuevas vías de solución a la situación prestacional.

El planteo se hizo en el transcurso de una reunión que fue presidida por el titular de la obra social provincial, Alcides Pinazo, y con la presencia de los vocales gremiales Cristina Marcellini (Sanidad), Carlos Guardiola (Viales) y Oscar Cader (UPCN).

Acudieron además Marcelo Nervi y Sandra Schieroni (Unter), Carlos Sansuerro (Viales), Hugo Rojas y Liliana Lupoli (ATE) y Adriana Saber (Sitrajur).

La preocupación, según fuentes gremiales, estuvo centrada en la cuestión de la deuda, sobre todo a partir de los reclamos que la Federación de Clínicas de Río Negro (Feclir) hizo público en los últimos días, y produjo un corte de servicios.

De acuerdo con las constancias, se llevan cancelados unos 700.000 pesos, mientras que los privados dicen haber realizado prácticas sobre 1,4 millones.

Desde la conducción se insistió en que gran parte del compromiso fue pagado y que se está esperando una nueva reunión con la entidad privada para que presente algún reclamo sobre otras prestaciones antiguas que aún, presumiblemente, no fueron canceladas.

Al parecer, en la obra social no habría constancias de las exigencias. Aún así, cada representante gremial salió con un proyecto de convenio bajo el brazo para estudiar si es viable prorrogar el contrato anual que ya venció en junio pasado. La propuesta oficial trasladada a las clínicas para que den su parecer, alcanza a unos 40 pesos de capita por afiliado.

En este tramo de las conversaciones se planteó la necesidad de conseguir la verdadera autarquía financiera. Las dudas instaladas entre los gremios es la incertidumbre reinante sobre el efectivo envío de aportes solidarios de ley, que debe efectuar mensualmente cada organismo a partir de los 10 días de haberse depositado el haber de cada empleado estatal. Pues en la actualidad, las remesas son transferidas exclusivamente por el Ministerio de Hacienda en base a una proyección sobre los descuentos, con lo cual los representantes consideran que no es fidedigno.

Optimizar recursos

Los participantes del encuentro coincidieron en que el sistema administrativo de la obra social debe optimizarse mediante la instalación de un mejor equipamiento informático, dado que todas las áreas no se encuentran en red y, en consecuencia, los controles del gasto no se encuentran unificados.

En otro de los temas de agenda, uno de los gremios propuso la idea de privilegiar exclusivamente la contratación de los hospitales públicos por encima de los sanatorios. Sin embargo, en lo inmediato, no hubo una respuesta que satisfaga esas aspiraciones.

Por otra parte, algunos de los presentes reiteraron la necesidad de que los vocales gremiales sean elegidos por voto directo de los afiliados y no se circunscriba exclusivamente a la designación por vía indirecta de los gremios aportantes.

Si bien se marcaron diferencias entre las distintas agrupaciones, también se destacó el consenso de estrechar filas con el propósito de formular medidas de mejoramiento de los servicios que presta la obra social.

Todos los gremios volverán a reunirse en aproximadamente un mes y para entonces, las autoridades deben entregar una carpeta conteniendo información sobre cuánto se recauda, cantidad de prestaciones, cuántos afiliados empadronados cuenta la obra social y la deuda total. La nueva convocatoria de los miembros de la Junta de Administración se haría para el 23 ó 24 de agosto.

“Si no contás con todos estos datos no podés seguir tratando cómo se puede mejorar”, comentaron algunos participantes tras el encuentro, que se extendió por casi cuatro horas en la sede central de la calle Roca al 200.


Marcelo Ochoa

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