La defensa cuestiona la causa contra docentes

¿Qué pasa cuando la condena social presiona al Estado? ¿Quién actúa cuando esa condena anticipada vulnera los derechos de las personas? En este caso, mujeres, madres, jefas de familia.

“Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, dice la Constitución, más no parece así en el caso de María José Tello y Gabriela Bastías, docentes y madres de niños de menos de 5 años que cumplen arresto domiciliario por estar sospechadas en los casos de abusos de menores registrados en el Jardín Integrado N°12, en la localidad pampeana de 25 de Mayo, denunciados el 18 de mayo pasado.

Aunque las causas aún están en etapa de investigación, por ser esas maestras quienes tenían a cargo las salitas de 4 años en el jardín donde se habrían producido los hechos, inmediatamente se las vinculó a la pesquisa y se las separó del cargo “sin previo sumario administrativo y sin derecho a la defensa”, afirma su abogado.

“Una de ellas perdió la casa que le había sido adjudicada por el IPAV, porque el intendente, por su cuenta, se la quitó y se la adjudicó a otra persona”, dijo una persona cercana a la docente, y en el otro caso, la vivienda fue apedreada y resultó con serios destrozos e incluso quisieron incendiarla, según dijeron lugareños.

En ambos casos las viviendas fueron saqueadas y las familias de las imputadas “tuvieron que radicarse fuera de 25 de Mayo y de Catriel”, contó un profesional que asistió a un familiar directo de una de las maestras, quien pidió preservar su identidad.

Entre tanto, esperan a que comience el juicio, desde el 22 de mayo en el caso de Tello y desde el 11 de junio en el caso de Bastías. Tras ser arrestadas, no sólo dejaron de percibir el sueldo sino que tampoco cuentan con la cobertura social que tenían.

Desde entonces, el único dinero que Tello y Bastías perciben para pagar los alquileres (de las casas en las que están detenidas) y para subsistir junto a sus hijos es el que les prestan sus familias.

Sospechadas de “corrupción de menores” y de “abuso sexual agravado por ser gravemente ultrajante y por ser encargadas de la educación de las víctimas”, se les impuso una prisión domiciliaria, la cual cumplen con custodia policial permanente.

Al igual que ocurrió con otros 12 trabajadores de Educación, sin acto sumarial previo y basándose en los testimonios de los padres de los alumnos, “el propio gobernador Oscar Mario Jorge tomó cartas en el asunto el viernes aquel de la denuncia y decretó la intervención de al menos tres instituciones educativas”, se publicó en aquel momento.

El 21 de mayo, “la ministra de Educación, Jacqueline Evangelista, ya había intervenido el JIN Nº 12 y separado de sus cargos a la directora y a la maestra involucrada”, mientras que el mandatario provincial extendió la intervención a la Escuela Especial 10 y a la Coordinación de Área de Nivel Medio.

Los hechos dejan al descubierto que en tales casos, los derechos se vulneran en primera instancia por el Estado que permitió que en un mismo edificio funcionaran un oficina de designaciones, una escuela especial y un jardín de infantes; lugar donde convivían a diario 40 adultos y 50 chicos por la mañana y 50 chicos y 20 adultos por la tarde.

¿La medida adoptada por el ministerio fue apresurada? Todo apunta a que sí, porque de hecho, excepto las personas sospechadas, el resto del plantel fue restituido a sus puestos de trabajo, aunque en algunos casos decidieron no volver por miedo a la reacción de la comunidad educativa.

En cuanto a las docentes, una de ellas debería reincorporarse al puesto que dejó vacante y se ve imposibilitada de hacerlo. Además, ninguna puede presentarse al llamado de horas que se realizará en el transcurso de esta semana. A esto se suma que tampoco cuentan con la asistencia psicológica que se requiere en estos casos y el examen mental obligatorio que podría determinar la existencia de factores compatibles con los hechos que se les imputan no les fue practicado sino hasta dos meses después de la detención, por insistencia de la defensa, que aún no cuenta con las conclusiones de ese informe. (ACA/Redacción Central)

abusos en 25 de mayo