La democracia incompleta
Para celebrar el aniversario trigésimo primero del regreso de la democracia luego de un período de gobierno militar, uno de los muchos que experimentó el país después del golpe de Estado de 1930, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner aprovechó la ocasión para recordarnos que, a pesar del tiempo transcurrido, aún falta mucho para que triunfen los valores propios de un sistema político exigente caracterizado por la división de poderes, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión. No fue su intención, claro está, pero en vista de que las dudas en cuanto a su propia honestidad y la de su marido fallecido son de innegable interés público, desde hace tiempo está esforzándose por desprestigiar tanto a la Justicia como a los medios que no le responden. Puesto que la presidenta no pudo afirmarse resuelta a combatir la corrupción que plantea un peligro a las instituciones democráticas, optó por ensañarse una vez más con los “secuaces judiciales” y los “sicarios mediáticos” que están procurando investigar los negocios nada transparentes de la familia presidencial, además de disparar algunos dardos contra el presunto candidato oficialista a sucederla, el gobernador bonaerense Daniel Scioli. En verdad, Cristina no se defendió ni a sí misma ni a los funcionarios de su gobierno citados por la Justicia, ya que se limitó a cuestionar los motivos de sus adversarios, es de suponer con la esperanza de que la ciudadanía decida que los comprometidos con su proyecto particular deberían permanecer por encima de la ley. Aunque dicha pretensión es incompatible con el orden democrático, hasta hace un par de años buena parte de la población del país parecía estar dispuesta a discriminar, según criterios políticos o ideológicos, como quisieran los kirchneristas, entre los acusados de enriquecimiento ilícito y otros delitos, pasando por alto las fechorías atribuidas a la presidenta y sus allegados. Sin embargo, al deteriorarse el estado de la economía muchos cambiaron de opinión, de ahí el nerviosismo de los kirchneristas. Últimamente el tema principal de casi todos los discursos de Cristina, además de los mensajes que con frecuencia envía a través de las redes sociales, ha sido la maldad que a su entender se ha apoderado de ciertos magistrados y los medios periodísticos no oficialistas, todos, según ella, vinculados de algún modo con los fondos buitre. Pues bien: el que a 31 años de la restauración de la democracia la presidenta y sus voceros quisieran demoler dos pilares fundamentales del orden así supuesto, ya que sin una Justicia que no vacile en obligar a miembros del gobierno a rendir cuentas por lo que han hecho y sin una prensa que se anime a criticar al gobierno cuando lo cree oportuno la democracia no sería más que un ideal abstracto, muestra lo difícil que es para una sociedad como la nuestra romper con el pasado. Si bien las instituciones formales de la democracia no han dejado de funcionar, a demasiados políticos y a quienes los eligen como sus representantes, los valores inherentes al sistema del que tantos se creen partidarios fervorosos siguen siéndoles ajenos. Para defender la democracia, no basta con impedir que bandas armadas tomen por asalto el gobierno. También es necesario asegurar que quienes ocupan cargos importantes se abstengan de aprovecharlos para enriquecerse a costillas de la ciudadanía o para privilegiar a sus parientes y amigos. Mientras que virtualmente cualquier país podría liberarse de un régimen no democrático en un lapso muy breve, reemplazarlo por uno auténticamente democrático es una tarea mucho más ardua que suele requerir décadas de trabajo detallista. En países como España, Italia, Grecia, además de los excomunistas de Europa Central y Oriental, muchos políticos siguen aferrándose a valores que serían más apropiados para los años en que gobernaban dictaduras de diverso tipo que para los de democracia plena. He aquí una razón por la que sociedades que han conocido etapas signadas por el autoritarismo suelen ser mucho más corruptas que la mayoría de las que han desarrollado no sólo las instituciones de control que sirven para mantener en su lugar a los tentados a esquilmar a sus compatriotas sino que también cuentan con medios de difusión que son independientes del poder de turno y que no temen criticarlo.
Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.196.592 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Miércoles 17 de diciembre de 2014
Para celebrar el aniversario trigésimo primero del regreso de la democracia luego de un período de gobierno militar, uno de los muchos que experimentó el país después del golpe de Estado de 1930, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner aprovechó la ocasión para recordarnos que, a pesar del tiempo transcurrido, aún falta mucho para que triunfen los valores propios de un sistema político exigente caracterizado por la división de poderes, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión. No fue su intención, claro está, pero en vista de que las dudas en cuanto a su propia honestidad y la de su marido fallecido son de innegable interés público, desde hace tiempo está esforzándose por desprestigiar tanto a la Justicia como a los medios que no le responden. Puesto que la presidenta no pudo afirmarse resuelta a combatir la corrupción que plantea un peligro a las instituciones democráticas, optó por ensañarse una vez más con los “secuaces judiciales” y los “sicarios mediáticos” que están procurando investigar los negocios nada transparentes de la familia presidencial, además de disparar algunos dardos contra el presunto candidato oficialista a sucederla, el gobernador bonaerense Daniel Scioli. En verdad, Cristina no se defendió ni a sí misma ni a los funcionarios de su gobierno citados por la Justicia, ya que se limitó a cuestionar los motivos de sus adversarios, es de suponer con la esperanza de que la ciudadanía decida que los comprometidos con su proyecto particular deberían permanecer por encima de la ley. Aunque dicha pretensión es incompatible con el orden democrático, hasta hace un par de años buena parte de la población del país parecía estar dispuesta a discriminar, según criterios políticos o ideológicos, como quisieran los kirchneristas, entre los acusados de enriquecimiento ilícito y otros delitos, pasando por alto las fechorías atribuidas a la presidenta y sus allegados. Sin embargo, al deteriorarse el estado de la economía muchos cambiaron de opinión, de ahí el nerviosismo de los kirchneristas. Últimamente el tema principal de casi todos los discursos de Cristina, además de los mensajes que con frecuencia envía a través de las redes sociales, ha sido la maldad que a su entender se ha apoderado de ciertos magistrados y los medios periodísticos no oficialistas, todos, según ella, vinculados de algún modo con los fondos buitre. Pues bien: el que a 31 años de la restauración de la democracia la presidenta y sus voceros quisieran demoler dos pilares fundamentales del orden así supuesto, ya que sin una Justicia que no vacile en obligar a miembros del gobierno a rendir cuentas por lo que han hecho y sin una prensa que se anime a criticar al gobierno cuando lo cree oportuno la democracia no sería más que un ideal abstracto, muestra lo difícil que es para una sociedad como la nuestra romper con el pasado. Si bien las instituciones formales de la democracia no han dejado de funcionar, a demasiados políticos y a quienes los eligen como sus representantes, los valores inherentes al sistema del que tantos se creen partidarios fervorosos siguen siéndoles ajenos. Para defender la democracia, no basta con impedir que bandas armadas tomen por asalto el gobierno. También es necesario asegurar que quienes ocupan cargos importantes se abstengan de aprovecharlos para enriquecerse a costillas de la ciudadanía o para privilegiar a sus parientes y amigos. Mientras que virtualmente cualquier país podría liberarse de un régimen no democrático en un lapso muy breve, reemplazarlo por uno auténticamente democrático es una tarea mucho más ardua que suele requerir décadas de trabajo detallista. En países como España, Italia, Grecia, además de los excomunistas de Europa Central y Oriental, muchos políticos siguen aferrándose a valores que serían más apropiados para los años en que gobernaban dictaduras de diverso tipo que para los de democracia plena. He aquí una razón por la que sociedades que han conocido etapas signadas por el autoritarismo suelen ser mucho más corruptas que la mayoría de las que han desarrollado no sólo las instituciones de control que sirven para mantener en su lugar a los tentados a esquilmar a sus compatriotas sino que también cuentan con medios de difusión que son independientes del poder de turno y que no temen criticarlo.
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