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La denuncia por evasión del plus llegó a la AFIP

<i>años: es el máximo de pena para los delitos tributarios endilgados a los ministros de Saiz.</i>



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La investigación de los hechos denunciados se realizará inicialmente en la delegación viedmense de la AFIP.

Además de la investigación en la Justicia penal provincial, el cobro de sobresueldos derivó en una acusación formal contra los ministros del gabinete rionegrino ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

El legislador justicialista Martín Soria, impulsor de la denuncia inicial, presentó el miércoles un escrito en la sede que el organismo nacional tiene en Viedma, para que se investigue a los máximos funcionarios rionegrinos por los delitos de evasión simple y evasión agravada.

A lo largo de 22 páginas el dirigente peronista describió el sistema implementado en el Ejecutivo para repartir adicionales a los ministros y al secretario general de la Gobernación, Francisco González, sin declararlos para el correspondiente pago de impuestos.

“La evidente irregularidad, consiste en obviar todas las formalidades que rigen la correcta administración del dinero del Estado, entre ellas: no sancionar el instrumento legal apto (ley) para la implementación del supuesto concepto remunerativo, no fijar pautas de distribución ni rendición de los fondos, ni expresión los motivos que la funden, y mantener en secreto la implementación del sistema y las condiciones de su ejecución, dichas características son las más salientes y las que mejor evidencian la flagrante ilicitud de la maniobra perpetrada por el pleno de los Sres. Ministros del Gobierno Provincial”, expresa el documento.

Como se informó ayer, el titular nacional de la AFIP, Ricardo Echegaray, fue puesto al tanto sobre la situación revelada en la provincia y dispuso que los expedientes para establecer responsabilidades se inicien en la delegación provincial.

Hasta allí concurrió Soria para entregar la denuncia, afirmando que “el sistema de distribución de dinero entre los mas altos funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial que se implementó y desarrolló en la órbita de ese poder del Estado durante los dos períodos del gobernador Miguel Saiz –casi ocho años–, constituye la ejecución de una maniobra que debe ser entendida como incursa en los delitos que se describen en los artículos 1, 2, 7 y 13 del Régimen Penal Tributario (Ley 24.769)”.

Esos puntos citados son los que definen las características y penalidades para la evasión simple y la evasión agravada.

El primero se aplica cuando el no pago de impuestos es por una cifra superior a 100.000 pesos (dos a seis años de prisión), en tanto que el segundo prevé tres situaciones: cuando el monto involucrado supera el millón de pesos, cuando hubieren intervenido persona o personas interpuestas para ocultar la Identidad del verdadero sujeto obligado y el monto evadido superare la suma de 200.000 pesos o cuando el obligado utilizare fraudulentamente exenciones, desgravaciones, diferimientos, liberaciones, reducciones o cualquier otro tipo de beneficios fiscales, y el monto evadido por tal concepto superare la suma de 200.000 pesos. Para estos supuestos las penas van de tres años y medio a nueve años de prisión.

En tanto, el artículo 7 tipifica el delito de evasión simple contra el sistema de seguridad social –siempre que el monto evadido excediere la suma de 20.000 pesos por cada período– y el 13 es el que establece que las escalas penales se incrementarán en un tercio del mínimo y del máximo, para el funcionario o empleado público que, en ejercicio o en ocasión de sus funciones, tomase parte de los delitos previstos en la presente ley. “En tales casos, se impondrá además la inhabilitación perpetua para desempeñarse en la función pública”, detalla la ley.

En virtud de los datos aportados, Soria puntualizó que “las precisiones técnicas vertidas resultan imprescindibles a la hora de comprender acabadamente las características de “ilegalidad” que ostenta la maniobra denunciada.

Evangelina Martínez

INVESTIGACIÓN


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