Macri demandó al municipio por la aplicación de la Ecotasa

El Presidente envió un recurso a la Corte Suprema contra el tributo que impuso el municipio. Pidió declarar “inconstitucional” el recurso que ideó Gennuso.

Macri demandó al municipio por la aplicación de la Ecotasa

El día después de las elecciones Mauricio Macri inició una embestida judicial contra la Ecotasa. El Ejecutivo Nacional presentó una demanda ante la Corte Suprema para que se declare “inconstitucional” la propuesta del municipio para financiar obras de carácter turístico.

En línea con el reclamo de los hoteleros de la ciudad, Macri argumentó que la Ecotasa no es más que un impuesto encubierto que no ofrece un servicio como contraprestación. El fallo, al que tuvo acceso el diario La Nación, indica que el tributo municipal se superpone con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que, entre otras cosas, grava las prestaciones de servicios efectuadas por los alojamientos.

La primera advertencia de Macri al intendente Gustavo Gennuso llegó en una reunión que se concretó en agosto en Buenos Aires. Por aquel entonces el barilochense admitió un “reto” de parte del Presidente acompañado de una orden para “no agregar más impuestos que los que ya tienen los ciudadanos”.

Durante el encuentro que mantiene la Federación Empresaria Hotelera (Fehgra) en Bariloche, los empresarios reiteraron su rechazo a la Ecotasa. El vicepresidente de la entidad, Gustavo Fernández Capiet, recordó la existencia de casos similares en otros puntos del país. “No nos ayudan para nada en la competitividad”, esgrimió.

Recientemente, el Superior Tribunal de Justicia rionegrino desestimó la demanda del sector empresario por considerar que no tienen carga tributaria con la Ecotasa. Sin embargo los jueces no resolvieron la cuestión de fondo a la que ahora apunta Macri.

La comuna aplica la tasa a 600 alojamientos habilitados. A principio de año estimó que la recaudación podría alcanzar los 50 millones de pesos anuales, pero hasta agosto solo pudo hacerse de casi 12 millones de pesos. Los fondos serían destinados a obras de infraestructura turística cuya prioridad es definida por una comisión de la que participan también los empresarios.


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